Martes 19 de Junio de 2018

OVCS suma 44 muertes y denuncia juicios militares a civiles

CONFLICTIVIDAD
La organización no gubernamental exige garantizar los derechos a la vida, integridad, libertad y manifestación pacífica. Poner fin al procesamiento de civiles en tribunales militares

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) informó que se registran 946 manifestaciones en el país desde el 1 de abril hasta el 7 de mayo, con un saldo de 44 muertes. A la fecha el Ministerio Público ha reconocido el fallecimiento de 36 personas.

"Distrito Capital, Carabobo, Miranda, Aragua y Lara han sido las entidades del país que concentran el mayor número de manifestaciones protagonizadas por diversos sectores sociales y políticos durante estos 37 días", señaló en un comunicado.

La organización dijo que los saqueos e intentos de saqueo fueron permanentes durante estas cinco semanas, con un registro de 63 casos, en los que fueron afectados números establecimientos o transportes.

El número de detenidos en manifestaciones está por encima de los 1.700 según datos de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano (FPV).

"Los hechos de violencia y represión se incrementaron desde la activación del Plan Zamora, el pasado 18.04.17 por parte del presidente Nicolás Maduro. Este plan promueve y consolida acciones conjuntas de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) y civiles armados, facultándolos inconstitucionalmente para actuar en el control de orden público o en cualquier otro ámbito que decidan es de su interés", explicó el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

La ONG agregó que estos hechos incrementan el expediente en materia de violaciones de derechos humanos por parte del Estado venezolano.

Asimismo, el plan permite las detenciones al margen del estado de derecho, en las que civiles son puestos a la orden de tribunales militares. En el caso del estado Carabobo, más de 250 civiles fueron presentados en los tribunales militares..

"Esta situación es violatoria los artículos 49 y 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y es contraria a la doctrina y jurisprudencia de derechos humanos, donde se establece que la jurisdicción penal militar no es competente para decidir sobre los derechos de un civil en un proceso penal, según lo establecido en los artículos 2.3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)", explicó.

La OVCS exigió poner fin al procesamiento de civiles en tribunales militares, poner fin al plan Zamora, suprimir el uso de la fuerza potencialmente mortal en el contexto de las manifestaciones pacíficas y prohibir el uso de los gases tóxicos para reprimir las protestas pacíficas.

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