La AN comenzó a cumplir ¿Y el encaje legal para cuándo?

La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Reforma del Decreto de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras.

Como destacamos al finalizar el 2021, el Parlamento tiene un gran papel que jugar en la recuperación de la economía que ha comenzado con buen pie, sobre todo por la baja de la inflación y la consolidación de la dolarización en al menos 60% de las transacciones nacionales.

El objetivo de esta reforma que acaba de aprobar la AN es captar las transacciones que se realizan con divisas y criptomonedas.

También busca dar mayor incentivo y confianza al uso del bolívar, por lo cual se abre la posibilidad de elevar el porcentaje de la alícuota para las transacciones no convencionales con divisas y criptos.

Con esta ley, sin dejar el dólar, se espera darle más valor al bolívar y generar impuestos. Además, permite que el bolívar compita de manera justa con las divisas.

Nos parece positivo este paso del Parlamento. Pero, como dice nuestro titular: ¿Para cuándo una reforma del encaje legal?

Esta medida, que no permite que la banca otorgue créditos, tiene realmente trancada buena parte del crecimiento de las empresas, comercios e industrias.

Y no es que el sector comercio, por ejemplo, no haya crecido en el 2021. Al contrario. Consecomercio reporta que el año pasado el sector cerró con aumentos en sus ventas de entre 30% y 40%, lo cual es realmente positivo, en comparación con el 2020 y en plena pandemia, además del esquema 7x7.

Sin embargo, aún falta mucho para que ese sector tenga incrementos de 50%, como lo hizo en el 2019.

Pero, la traba principal es el encaje legal de 85% que no termina de ser derogado o ajustado a niveles aceptables.

En la mayoría de los países ese encaje es de 4% o 3% no de 85% que resulta una verdadera exageración, cuando estamos hablando de que el 2022 es el año de la recuperación de Venezuela.

Así que por esta vía abogamos para que la AN honre su palabra y se convierta en el factor de cambio para el desarrollo de la economía del país, que haga leyes que promuevan el empleo y las mejoras en los salarios.

Que permita que sectores como el petrolero, el eléctrico y el de los servicios en general, pasen a manos privadas, para que, como en otros países, la gente pague, pero con gusto, por un servicio eficiente.