Jueves 18 de Agosto de 2022

¿Es viable la reforma fiscal?

ASDRÚBAL OLIVEROS
El economista y director de Ecoanalítica señala que las instituciones financieras y seguros, y las empresas de telecomunicaciones son las principales candidatas a asumir los nuevos impuestos, dado el alto crecimiento que han experimentado durante los últimos años.

“Estamos trabajando lo que se llama en el argot tributario como una reforma fiscal… una reforma fiscal igualitaria, justa, necesaria para Venezuela y estamos en el momento de hacerla”. Con estas palabras el presidente venezolano, Nicolás Maduro, volvió a colocar en la palestra pública un tema que había perdido fuerza durante los últimos meses de 2013, una reforma fiscal. Un sector público deficitario, los vencimientos de deuda de la República y de PDVSA, y el incremento del gasto fiscal que no se corresponden con el aumento de la popularidad del Gobierno podrían acelerar la toma de decisiones sobre esta reestructuración del sistema fiscal venezolano, pero ¿será suficiente?.

El Presidente y otros funcionarios gubernamentales han tratado de resaltar que la reforma fiscal que se propondrá busca aumentar la recaudación de los que más ganan, para distribuir de manera “más justa” los recursos. Las instituciones financieras y seguros, y las empresas de telecomunicaciones son las principales candidatas a asumir los nuevos impuestos, dado el alto crecimiento que han experimentado durante los últimos años.

A esta medida podría agregarse un incremento de la alícuota cobrada a las bebidas alcohólicas, que actualmente se encuentra entre 0,00015 unidades tributarias (UT) y 0,1 UT por litro (entre VEB 0,02/lt y VEB12,7/lt). Estas tres medidas corresponden con una línea de acción planteada por el vicepresidente Jorge Arreaza, el ministro de las Comunas, Elías Jaua, y el presidente de Cencoex, Alejandro Fleming.

En lo referente a los impuestos tradicionales, esperamos un incremento de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de alrededor de 2,0 puntos porcentuales, al pasar de 12,0% a 14,0%, y un incremento de la UT que ayude a incrementar las recaudaciones por concepto de ISLR a principios del próximo año.

Sin embargo, no todo es tan sencillo. La estructura de regulaciones que ha mantenido el Gobierno disminuye la base impositiva y, por ende, las recaudaciones que se pudieran generar a raíz de la aplicación de la Reforma Tributaria. Particularmente, la Ley de Costos y Precios Justos que coloca a las empresas un margen de ganancia de 30% limita los posibles ingresos que pueda recibir el Estado por concepto de ISLR. De igual forma, la regulación de precios reduce la base imponible del IVA, lo que disminuye las posibles recaudaciones y la efectividad de cualquier incremento en las alícuotas impositivas.

El mercado secundario de bienes, en el que se tranzan productos escasos (en buena parte como consecuencia de las regulaciones) a un precio mayor que el establecido por los órganos que regulan los precios de venta, no sólo impone precios exacerbados a los productos (lo que afecta a la población), sino que deja de pagar impuestos por la reventa de los mismos.

Si sumamos los ingresos que podría percibir el Gobierno en caso de que se lleven a cabo las medidas que están sobre la mesa (impuestos a la banca y las telecomunicaciones, e incrementos del IVA y el ISLR), el impacto de la reforma sería de entre 2,5 y 3,5 puntos del PIB. Sin embargo, esta solución no es precisamente la que más beneficiaría al Gobierno nacional en términos de incremento de ingresos.

En primer lugar, la devaluación del bolívar es una medida que no solo es necesaria para fomentar el resurgimiento de la desaparecida producción nacional y para ayudar al abastecimiento de divisas, sino que es una fuente adicional de ingresos.

Por otro lado, los subsidios significan un gasto de unos US$49.462 millones. De igual forma, la eliminación de subsidios y la devaluación significarían para el Gobierno alrededor de 29,4% del PIB, es decir 740,0% más de lo recaudado a través de la reforma fiscal y suficiente para sanear el déficit del sector público.

ASDRÚBAL OLIVEROS

Si bien el déficit fiscal puede verse disminuido por los cambios en la estructura tributaria que el Gobierno propone, la realidad es que el problema fiscal venezolano tiene dos aristas: la caída del ingreso y el incremento del gasto público. De acuerdo con al Seniat, los ingresos tributarios han venido cayendo como porcentaje del PIB, pero el gasto del Gobierno ha incrementado incluso en mayor proporción. Sin importar qué medidas se tomen (devaluación, reducción de subsidios o reforma del sistema tributario), un Gobierno que incremente sus ingresos fiscales para aumentar así el gasto corriente no solucionará la situación fiscal del país. El informe completo puedo buscarlo en la edición 294 de la revista DINERO ya disponible en todos los kioskos del país.

 

ASDRÚBAL OLIVEROS (*)

 

EL AUTOR

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

@victoralvarezr


 

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