Listo el decreto para regular la industria automotriz

El presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó anoche el decreto 625 mediante el cual se establece el Régimen de Producción de Vehículos Automotores, Ensamblados en Venezuela y Comercializados en el país, así como el precio justo de venta de los mismos, y la importación de vehículos para personas naturales.

“Estamos estableciendo la prohibición de estar especulando con vehículos usados a precios superiores de vehículos nuevos. Tanto producidos aquí como importados”, señaló el mandatario al agregar que están sincerando los precios de producción “y el precio justo” a puerta de fábrica de cualquier vehículo.

Maduro señaló que habrá suficientes sistemas para tener control y supervisión que esto se cumpla "y vencer a todas las mafias" que especulan con los vehículos ensamblados en el país.

En el marco de la nueva Ley, el Jefe de Estado informó que el Gobierno realizará una alianza con la ensambladora Peugeot.  "Es una asociación donde el Estado venezolano va a tener el 51% de las acciones, es lo que hemos acordado hasta ahora. Si es necesario que sea 70% Peugeot, 30% el Estado, podrá ser. En esto no somos dogmáticos", expresó.

El ministro para las Industrias, Ricardo Menéndez, detalló que en el acuerdo con Peugeot se plantea instalar una planta de unos 42.000 metros cuadrados de parcelas y 20.000 metros techados aproximadamente en territorio venezolano, “con metas muy tensas que estiman producir en tiempo récord 15.000 vehículos al año, de los cuales un primer lote estará listo al final de 2014”, precisó el funcionario.

Ley de Ilícitos cambiarios ya fue reformada 

El Presidente también  firmó el decreto que permitirá a los venezolanos abrir cuentas en moneda extranjera en la red de banca pública.

"Los ciudadanos que obtengan divisas de manera lícita podrán hacer uso de la red de banca pública para trasladar sus cuentas al país, con el fin de impulsar la exportación e impulsar la economía nacional", expresó durante su alocuación de anoche. Señaló que el decreto también penalizará a quienes incurran en delitos cambiarios, pues podrían ser privados de libertad  con condenas entre 6 y 12 años.