El gasto público y su financiamiento (Medidas de Ajuste III)

En todos los países, el Estado estructura un presupuesto anual de gastos para llevar adelante las funciones básicas que le son inherentes.  El financiamiento de dicho gasto es imprescindible, y la forma de ese financiamiento tiene efectos sobre la economía del País.  En este sentido, el gasto público se puede financiar con impuestos internos, con endeudamiento o con mecanismos de devaluación de la moneda, o combinación de los anteriores.

La forma idónea de mantenimiento de una sana gestión fiscal es por la vía del cobro de impuestos.  Esto es, en el mejor de los casos la mayor cantidad de gasto público debe ser financiada por impuestos generados por la propia economía.  Cuando el gasto publico supera  a los ingresos fiscales, se puede decir que estamos en presencia de un déficit fiscal.  Ahora bien, cuando un gobierno posee el control de las reservas internacionales (incluyendo las del  Banco Central y otros fondos), porque es propietario o controla la mayor actividad generadora de divisas del País, los déficit fiscales pueden ser cubiertos inmediatamente con una devaluación de la moneda.  Al devaluar  se generan ganancias cambiarias en moneda nacional que permiten financiar el gasto público.  El detalle es que este mecanismo acelera la inflación, ya que si la mayoría de productos son importados, una devaluación con fines fiscales impacta en el precio de las importaciones;  igualmente como los nuevos ingresos son en moneda nacional se incrementa al final la liquidez monetaria con el mismo efecto sobre la tasa de inflación.

La otra forma de financiar el gasto público, es mediante la emisión de deuda interna o externa.  En el primer caso se produce un efecto de alza en las tasas de interés domesticas del mercado financiero de deuda, producto de la colocación de estas nuevas emisiones, afectando el costo y oferta de dinero para los agentes que participan en el mercado.  En caso de financiamiento externo del gasto público, no hay impacto sobre las tasas de interés internas  ni un impacto importante sobre la inflación;  sin embargo, los potenciales acreedores exigen un menú de medidas que garanticen el pago oportuno futuro de los montos solicitados; este menú es un plan de ajuste macroeconómico.

Cuando un Estado posee infinidad de empresas, estas deben ser capitalizadas en las ocasiones en que las mismas generen perdidas.  Estas capitalizaciones son parte del gasto público.

Es obvio, que la gestión sana de las finanzas públicas, debe transitar por una racionalización o reducción, en algunos casos, del gasto público con el fin de reestructurarlo  y llevar al estado al cumplimiento eficiente de las áreas básicas que son inherentes a su naturaleza, esto es la Salud Pública, Educación, Seguridad y la  infraestructura, esta última con el fin de mejorar la productividad.  Por otro lado, una proporción muy importante de ese gasto publico reestructurado o su totalidad, debe estar financiado por impuestos generados por la propia economía: impuestos al consumo (IVA), a lo ganado por las actividades económicas (ISLR) y por lo que se posee (Impuesto al Patrimonio).   De igual forma esta reforma fiscal, incluye la ampliación de la base tributaria.

Paralelamente, el aumento de las tarifas de servicios públicos debe efectuarse con el fin de garantizar el mantenimiento de dichos servicios.

Por supuesto, estas medidas deben formar parte de un Plan Macroeconómico de Ajuste Integral que permita a la economía, generar un crecimiento estable y sostenido.