Cavidea: Estatización de redes de distribución agravará la escasez

En rueda de prensa, Manuel Felipe Larrazábal, Presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Cavidea, informó que una posible intervención o estatización de la red de distribución privada de alimentos, tal como ha sido mencionado recientemente por representantes del Gobierno Nacional, agravaría el problema de escasez y desabastecimiento.

A juicio de la cámara, una medida como ésta generaría más colas, incentivaría aún más el bachaqueo creando mayor sobreprecio, no solucionaría el contrabando; generaría mayor desempleo e incentivaría la corrupción. “No se trata de desviar a los canales del Estado venezolano  más producto o estatizar la distribución privada, de lo que se trata es de producir más en el país. Con más oferta de producto y con precios que permitan la rentabilidad necesaria no tendríamos escasez”, puntualizó el vocero.

Larrazábal recordó que el Estado tiene desde hace varios años su red de distribución con flota propia y almacenes a lo largo de todo el país, conformada por los mercados Bicentenario,  Mercal, PDVAL y  los mercados comunales a cielo abierto.

“El Gobierno no sólo controla la distribución de alimentos, sino también su venta. Toda la distribución privada de alimentos es supervisada y controlada a través de guías SICA, INSAI, INSOPESCA y/o SANITARIA. Las guías SICA están vigentes desde al año 2008 y el número de guías procesadas cada año es aproximadamente 4.192.968 para la industria agroalimentaria”, puntualizó.  Agregó que además de controlar la producción y distribución de alimentos, existen mecanismos de control para su venta al consumidor final como la compra por terminal de número de cédula y capta huellas.

 Según Cavidea, en el caso de que se decida desviar la distribución en los canales del Estado, esto implicaría una concentración de una mayor cantidad de personas en comercios que no tienen capacidad, lo que generaría más colas en los pocos locales que ahora tengan los productos. “Se trata de los mismos productos que antes se repartían entre más de 113 mil clientes y ahora se desviarían a la red pública. Por tal motivo, se estaría obligando al consumidor a trasladarse mayores distancias y no resuelve el problema de los revendedores”, aseguró.

En relación a una posible estatización, Larrazábal indicó: “Desde el sector privado hemos demostrado ser muy eficientes en la distribución de los productos, tenemos los conocimientos técnicos necesarios, poseemos una amplia red de clientes y estamos totalmente controlados por el Estado. En ninguna circunstancia se justifica una medida de estatización que produciría, como en otros casos de expropiaciones en el sector de alimentos, mayores ineficiencias y más oportunidades de corrupción. En Venezuela todos sabemos que el camino de las expropiaciones no ha generado los mejores resultados en el sector de alimentos.” 

Al referirse al bachaqueo, Cavidea, asegura que la intervención de la red de distribución no resuelve este problema, por el contrario, lo agrava. Refirió que los lugares de compra preferidos por los revendedores son: 67% públicos y privados (supermercados de cadena, cadenas de farmacias, Bicentenarios, Mercal, PDVAL), 13% supermercados independientes, 13% abastos y supermercados y 7% carnicerías, panaderías y otros, según la encuesta Omnibus Nacional  de Datanalisis.

 “Desde Cavidea ratificamos que el problema es de producción y no de distribución. Por ello, oportuna y responsablemente, hemos planteados soluciones que apuntan a lograr una mayor producción de alimentos para resolver el problema de escasez y desabastecimiento. Recordemos que el Estado venezolano concentra una porción importante de la capacidad instalada de la producción de alimentos y que gran parte de estas empresas públicas se encuentra con bajo niveles de producción”, expresó.

La cámara aún está a la espera de la convocatoria para revisar sus propuestas al Gobierno Nacional para reactivar la producción nacional.  Para finalizar recordó que sus planteamientos son: reconocer y refinanciar la deuda comercial con los proveedores internacionales; permitir mecanismos de pagos a la vista para restablecer el acceso a las materias primas, material de empaque, insumos y repuestos; asignar divisas para adquisición de materias primas y no de producto terminado; revisar precios de productos regulados de acuerdo con la Ley Orgánica de Precios Justos que permitan cubrir costos de producción y que aseguren rentabilidad; y promover la industria nacional a través del desarrollo agrícola.