Pagar impuestos da derecho al reclamo

Para el abogado Alfredo García Deffendini, la carga impositiva que enfrenta su gremio es justa. Está de acuerdo con la administración tributaria actual, pero hay aspectos que deben ser mejorados.

En un país con una incipiente cultura tributaria como Venezuela, citar ejemplos de profesionales de reconocida trayectoria, cuya relación con el Fisco es clara y transparente, es alentador para la masa de contribuyentes. Alfredo García Deffendini, abogado y directivo del escritorio García Deffendini y Asociados, que funciona desde el año 1971, se declara un celoso contribuyente de los impuestos nacionales.

Explicó que desde que fue fundada la firma hasta la fecha cumple a cabalidad con el pago de tributos y se asegura de aconsejar lo mismo a sus clientes. "Siempre he pensado que esa idea de antaño de que no pagábamos porque no se nos prestaba un servicio, es un vicio tanto de la administración como de la persona. Yo pienso todo lo contrario, deberíamos pagar para poder reclamar", enfatizó.

También se refirió a que la evolución del sistema tributario venezolano mejoró cualitativa y cuantitativamente. Como ejemplo de esta evolución, el abogado citó la gran cantidad de firmas de contadores y abogados especializados en asesoría fiscal.

A grandes rasgos, opinó que la carga impositiva que deben enfrentar los profesionales del Derecho es justa. Consideró, por ejemplo, que el lapso de quince días otorgado por la administración tributaria, para cancelar mensualmente 16,5 por ciento del Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas al Mayor (ICSVM), que están obligados a retener por ser una firma de servicios de asesoría fiscal, es suficiente.

A pesar de estar de acuerdo con el pago de impuestos, García sí considera que existen algunos elementos que deben ser modificados en aras de mejorar y modernizar la administración tributaria.

Algunos de los aspectos mencionados por el abogado fueron: que el Seniat fiscalice más detalladamente a aquellos profesionales liberales (abogados, médicos, odontólogos, etcétera) que produzcan renta gravable porque en este segmento existe mucha evasión fiscal (acotó García que más por desconocimiento que intencional), lograr una mayor profesionalización del personal del Seniat, simplificación de los procesos de cancelación de los tributos, aumentar la actual base imponible que establece el Impuesto sobre la Renta (ISLR) a las personas naturales para pagar la tasa máxima de 34 por ciento ­en la actualidad el tope es de 4 millones de bolívares por ingresos netos anuales, y García considera que debe subir al menos a 20 millones de bolívares­, reducir de 16,5 a 12 por ciento la tasa del ICSVM. Con respecto a este último punto, destacó que a nivel mundial ese tributo tiene tasas inferiores a la exhibida en Venezuela, lo que coloca a los productos locales en cierta desventaja. "Debería buscarse un punto de equilibrio", sugirió.

Asimismo, recomendó que la administración tributaria debería visitar a las pequeñas empresas para aclarar dudas acerca del pago y declaración de los impuestos. Así se evitaría la evasión fiscal en que incurren algunos pequeños empresarios por desconocimiento.

Aranceles judiciales

Otros tributos que, pese a que no son recaudados por el Seniat, tienen gran incidencia en el ejercicio profesional del Derecho, son los aranceles judiciales (lo que se cancela por procesos y trámites judiciales). Indicó García que las tasas de estos impuestos han aumentado ostensiblemente en los últimos meses sin que por ello se produzca un mejoramiento de la infraestructura y administración de justicia, y que el Consejo de la Judicatura, a pesar del incremento en las tasas de los aranceles judiciales, no ha subsanado la problemática tribunalicia. Específicamente, dos puntos de la administración de justicia son los más atacados por García: la ubicación física de la estructura donde se imparte la justicia (se trata de un edificio inoperante que no cumple con las condiciones de habitabilidad ni de sanidad necesarias) y, por otro lado, la lentitud del proceso judicial.