Con la aprobación de la Ley de la Actividad Aseguradora, se comenzó a ver la intención del Gobierno de controlar el sector asegurador de Venezuela. La Ley prohíbe el uso de las claves de emergencia, desliga  a la banca de su actividad aseguradora e impone un aporte obligatorio al Fondo del Sistema Público Nacional de Salud.

Pero la última movida, anunciada por el presidente de la República, Hugo Chávez, fue la intervención de la empresa C.N.A. Seguros la Previsora y sus empresas filiales; propuesta aceptada rápidamente por sus seguidores al declararla como “un avance en materia de protección social”, según afirmó Germán Ferrer, diputado por el estado Lara. "Por supuesto, haciendo justicia, esto que es un activo de estos banqueros prófugos, sencillamente la Asamblea Nacional declara de utilidad pública este activo, como es La Previsora, para ponerlo al servicio de la sociedad", decretó Ferrer.

A pesar de utilizar la bandera de la justicia, ya se ha conocido el interés gubernamental por concretar una red de seguros públicos, que será capaz de controlar el mercado y dejar marginados a los prestadores privados de este servicio. Tal como ocurre actualmente con la empresa Bolivariana de Seguros y su importante participación en el mercado tras haber incorporado a otras compañías expropiadas.