Con o sin finales traumáticos, este proceso, iniciado por el Gobierno en 2007, continúa su marcha apoyado en los precios del petróleo y en el acceso del Estado a fuentes de financiamiento. En el ámbito laboral, lo más importante es que a la brevedad posible las empresas notifiquen de la situación a sus empleados y realicen una auditoría para identificar pasivos y otros elementos

Recién tendría un mes en su cargo el nuevo gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, cuando anunció con bombos y platillos la expropiación de un estacionamiento en Los Teques para convertirlo en un mercado de Economía Popular, como parte del proceso de reordenamiento del casco central de la capital del Estado. Esta noticia es reflejo de una realidad: el país vive en una estructura jurídica y política que apoya la noción del Estado empresario y que permite a los distintos entes del estado adquirir bienes y propiedades, siempre y cuando estos se encuentren dentro de su área de competencia.

El actual proceso de nacionalizaciones se ha acelerado a partir de 2007 como forma de fundar las bases de la economía socialista postulada por el Presidente de la República; sin embargo, no estamos ante un fenómeno novedoso: a partir de 1947 las diferentes versiones de nuestra Constitución han contemplado la posibilidad de que el Estado se reserve la administración, explotación de sectores de la economía calificados como estratégicos o de interés público tales como hoteles, líneas aéreas, frigoríficos o televisoras. De 1947 para acá el Estado venezolano ha nacionalizado, expropiado o adquirido todo lo que ha necesitado.

Sin embargo, la ola de adquisiciones que se inició hace más de dos años ha presentado tanto sus aciertos como sus errores, pues a una serie de operaciones exitosas (Electricidad de Caracas, CANTV, Vengas y, más recientemente, el Banco de Venezuela) se contrarresta una serie de nacionalizaciones que han encontrado obstáculos para su finiquito.

Durante un foro sobre nacionalizaciones, organizado por la Cámara Venezolana Británica de Comercio (Britcham), se dieron a conocer las experiencias de varios profesionales que han tenido la oportunidad de participar en estos procesos. En tal sentido, José Valentín González, abogado de la firma D’Empaire Reyna, señala que en términos generales, estas adquisiciones amistosas comparten una serie de características, entre las que se encuentran la utilización de mecanismos de derecho privado versus aquellos de derecho público; es decir, se lleva a cabo un proceso de negociación que termina en una compra-venta de acciones o de activos, con pago a precios de mercado, principalmente en efectivo y de contado en divisas. Indica que en el caso de aquellas empresas de propiedad privada (que no cotizan en bolsa) la valoración fue bastante razonable.

Refiere que las tomas de control se efectuaron después de adquirir las acciones de la empresa y no ha habido problemas posteriores, por lo que los accionistas continuaron en control de la empresa hasta el momento de transferencia y se implementaron mecanismos de transición, intercambio de información e, incluso, se realizaron asambleas de accionistas para aprobar gestión anterior, liberando de responsabilidades posteriores a los gerentes salientes. “En estos casos”, comenta González, “el Estado fue respetuoso de esos acuerdos y el manejo de la opinión público fue bien positivo”.

Estos procesos de adquisiciones amistosas se realizaron principalmente durante 2007 y principios de 2008, cuando los altos precios del petróleo generaban altos niveles de liquidez que permitían realizar estos pagos de contado. Aún así -e inmersos dentro de una crisis económica mundial que recién parece comenzar a amainar-, González considera que aún hay espacio para adquisiciones amistosas y pone como ejemplo la reciente nacionalización del Banco de Venezuela. “Hoy día existen los recursos fiscales suficientes para hacer adquisiciones importantes debido a que los precios del petróleo han subido y la capacidad de endeudamiento del Estado en el exterior ha aumentado”, explica.

La piedra en el zapato

Algunos procesos comienzan muy bien, pero se desvían en el camino; tal es el caso de las cementeras Holcim, Lafarge y Cemex de Venezuela. En este caso, la evolución de los procesos ha sido accidentada, por cuanto la Comisión Técnica acordó un justo precio (que no incluye ni lucro cesante, ni daños indirectos) y con base en el valor de libro, que es menor al precio de cotización en bolsa; se ha fragmentado el pago en varias cuotas y sin intereses en un plazo de 4 años; se han hecho críticas a la gerencia saliente; se han realizado tomas de control sin el amparo de dictámenes judiciales, es decir, “se han realizado acciones de carácter administrativo, donde el gobierno decide, autoriza e implementa sin una intervención previa, concomitante o posterior del poder judicial, y eso es una situación anómala”, según lo explica González.

Un dato curioso sobre este caso es que aunque existen en Venezuela otras empresas privadas dedicadas al negocio del cemento, el decreto de estatización se refería sólo a las tres empresas privadas extranjeras funcionando en el país. Al cierre de esta edición de Dinero se anunció la firma del acuerdo definitivo con Lafarge (el Estado asume 89% de Lafarge, la casa matriz conserva 6% e inversionistas locales se quedan con 5% restante), pero ni Holcim ni Cemex han querido aceptar la oferta del gobierno venezolano y el caso se encuentra en tribunales arbitrales internacionales. Holcim continúa operando en el país, pero en el caso de Cemex, la empresa está cerrada y desmantelada.

Afirma que en muchos casos puede suceder que el Estado tenga la intención de iniciar una adquisición amistosa, pero las cosas no caminen y éste abandone el intento. “Quizá por un prejuicio del inversionista, particularmente extranjero, que lo lleva a asumir unas actitudes dan al traste con el proceso. Si uno ve que está ante una nacionalización con la posibilidad de que termine adquisición amistosa lo más inteligente es colaborar, pues no es lo más aconsejable asumir actitudes de principios ante realidades que no se pueden evitar no es lo más aconsejable. Quizá por que no están en el país, lo ven desde fuera, y creen que no es posible una adquisición amistosa en Venezuela, pero ha ocurrido y puede seguir ocurriendo”, concluye.

El aspecto práctico

Venezuela está ante un ambiente donde el Estado fortalece su papel de empresario en aras de la construcción de una economía socialista. Los métodos son varios: compras amistosas, expropiaciones, leyes de reserva, ocupaciones y recuperaciones. Es una realidad que no se puede ignorar ni combatir, y que exige a las empresas tomar una serie de medidas para estar mejor preparados ante una eventualidad. ¿Qué ocurre con los empleados?, ¿qué efectos tienen estos procesos sobre terceros involucrados en la operación de la empresa?

José Gregorio Torrealba, abogado del escritorio jurídico, Hoetz, Peláez, Castillo & Duque, y quien ha estado involucrado en los procesos de conversión a empresas mixtas de la industria petrolera, explica que un aspecto a tomar en cuenta en estos procesos es qué ocurre con las acreencias y quién responde por ellas. Al respecto, subraya que la regla es simple: “si expropian los bienes la deuda debe ser pagada por el expropiado, quienes ahora deben responder ante sus acreedores y colocar el monto de las acreencias dentro de la propuesta financiera de indemnización”.

Y ya que se habla de acreencias, no menos importante es el aspecto relativo a la administración del recurso humano y los pasivos laborales. Gaiskale Castillejo, socia de las oficinas locales de Baker y McKenzie, basó su participación en el foro de Britcham en el análisis de los aspectos legales que afectan la relación patrono-laboral en el caso de las expropiaciones y adquisiciones y señaló que, en estos casos, no se afectan las relaciones laborales pues se encuentran ante procesos de sustitución de patrono y que lo más importante es realizar una auditoría laboral para identificar pasivos laborales y otros elementos y notificar de la situación de sustitución de patrono a los empleados a la brevedad posible.

La Ley Orgánica del Trabajo indica que el dueño anterior es solidariamente responsable por un año por las obligaciones contraídas antes del traspaso, por lo cual es necesario conocer el estado de las relaciones patrono-laborales, procesos administrativos en curso, pasivos, demandas, entre otros aspectos.

El trabajador debe ser informado por escrito y con antelación de los cambios por ocurrir. “Hemos tenido experiencias donde sólo pudimos enviar la notificación después de que ocurrió el hecho, pero aún así es importante hacerlo, pues el empleado tiene 30 días para abandonar la empresa si no está de acuerdo con el cambio de propietario y se le indemniza como si se tratará de un despido. En el caso en que el proceso de adquisición viene acompañado de transferencias o cesiones de trabajadores el patrono acuerda con el trabajador la prestación del servicio con carácter definitivo y a tiempo indeterminado bajo la dependencia de otro”, puntualiza.