Conindustria hizo público un comunicado en el cual expresa su posición ante la reforma de la Locti planteada en la Asamblea Nacional

Posición del sector industrial en relación con el proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti)

El sector industrial venezolano quiere hacer pública su preocupación por los efectos que la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti) tendrá sobre la actividad productiva, los trabajadores y sobre las fundaciones y organizaciones no gubernamentales que se benefician actualmente de los aportes de la empresa privada. Especialmente, es necesario señalar que estos cambios en la ley se convertirán en un duro golpe para la innovación, el desarrollo tecnológico, la investigación científica y la actividad educativa en el país, por cuanto las empresas no podrán destinar recursos provenientes del aporte establecido en la ley a sus proyectos específicos, sino que tendrán que entregar dicho aporte al gobierno y después solicitarlo para ejecutar sus planes de inversión en la materia.

De esta manera, se elimina la posibilidad de que las empresas administren el aporte del 0,5% establecido en la ley y lo destinen a la ejecución de proyectos internos (incluyendo programas de capacitación del personal) y aportes a terceros, tales como fundaciones, instituciones educativas y otras organizaciones no gubernamentales.

Esto significa que los aportes que realiza la empresa privada al desarrollo de investigación en este tipo de instituciones quedarían suspendidos, por cuanto todos los recursos serían recaudados y administrados por el gobierno, a través del Fonacit.

Asimismo, los proyectos a ser financiados a través de la LOCTI tendrían que estar obligatoriamente alineados con lo establecido en una “Política Pública Nacional de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones”, desconocida y aun no formulada, tal y como lo establecen los artículos 13 y 23 del proyecto de reforma.

En nuestra opinión, esta modificación del régimen legal vigente también implica una pérdida en la democratización y libertad del conocimiento, principios establecidos en artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La reforma planteada por la Asamblea Nacional hace que el aporte de las empresas se convierta en la práctica en un impuesto más a la actividad productiva, el cual en el mejor de los casos será de 0,5%, y puede elevarse para ciertos sectores y actividades, como las vinculadas con la industria petrolera y la comercialización de tabaco y bebidas alcohólicas.

También se observa un carácter discriminatorio en esta reforma, cuando se modifican las alícuotas de los diferentes sectores económicos sin justificación alguna, fijándolas en 1% y 2%, mientras que a las empresas del sector público se les aplica sólo un 0,5%.

Por otra parte, el proyecto de reforma plantea en sus disposiciones transitorias que los aportes contemplados deberán empezar a realizarse a partir del 1º de enero de 2011, lo que supone la aplicación de esta ley con carácter retroactivo sobre los ingresos brutos del año anterior, 2010, lo cual carece de todo fundamento legal.

Por todas estas consideraciones, el sector industrial venezolano hace un llamado responsable al Ejecutivo y a la Asamblea Nacional para que se reconsidere la aprobación de esta reforma de la LOCTI, por cuanto en vez de incluir nuevos incentivos al desarrollo tecnológico y a la innovación, incorpora cambios y restricciones que tendrán un significativo impacto económico y social, tanto por lo que se refiere al incremento de costos para las empresas nacionales como por el efecto que ello tendrá sobre las fundaciones y organizaciones que se beneficiaban del aporte del sector privado para el desarrollo de sus proyectos de investigación y educativos.