La economía de un país, no puede ser el objeto silencioso de experimentos concebidos para promover antítesis contra la forma de propiedad predominante en un mundo globalizado,  todo ello, por muy loables que puedan parecer las intensiones de quienes en algún momento promuevan cambios estructurales dentro de nuestro aparato productivo. En el caso particular de Venezuela, la combinación de estancamiento con altos niveles de inflación; constituye la combinación letal contra el poder adquisitivo real de la población, especialmente sobre las clases de menores ingresos.
La inflación en si misma se convierte en causa y consecuencia de otros desequilibrios en la economía nacional; lo cual exige la aplicación de mecanismos orientados a minimizar el aumento generalizado en los precios de bienes y servicios transados por la población. En cuanto al PIB encontramos síntomas de recesión y proyecciones al cierre de 2010 negativas o cercanas a cero. En esta situación, las políticas y estrategias deben estar  integradas y alineadas a fin de generar crecimiento económico, con la menor inyección de recursos posible y sin atentar radicalmente en la calidad de vida de la población.
La falta de una clara planificación en el sector eléctrico, la adopción de una política cambiaria poco efectiva, retrasos en la adjudicación de divisas por parte de Cadivi, la estatización de empresas consideradas estratégicas; son solo parte de las acciones que han mermado la confianza sobre las políticas y estrategias emprendidas por el Estado; al ser catalizadores del desabastecimiento y el desempleo. La inflación, por su parte, produce incertidumbre sobre los precios futuros, afecta decisiones sobre gastos, ahorro e inversión tanto en las familias como en las empresas; al final es lo que muchos suelen denominar “el auténtico impuesto social”.
Para dar respuesta a estas distorsiones, es necesaria la aplicación de políticas monetarias y fiscales coherentes e incluyentes, combinando para ello estrategias que permitan un mejor desempeño macroeconómico sin dejar por fuera el seguimiento y atención a los indicadores de desarrollo social; en tal sentido, el Estado venezolano no puede caer en la trampa de proponer soluciones a estos fenómenos mediante la sola aplicación de leyes y decretos; pues, al no estar inmersas dentro de un esquema de estímulos al aparato productivo nacional, estará promoviendo la aparición de mercados ilegítimos y presión sobre los indicadores más relevantes de la economía.
Combatir la inflación es posible, y para ello hay que partir primeramente de la generación de confianza para todos los actores de la economía nacional. Desde nuestros colegios y universidades debemos fomentar el desarrollo de ciudadanos con vocación de emprendimiento empresarial, ideológicamente abiertos a la inversión y al compromiso socialmente transformador. Adicionalmente, se requiere de criterios de  autonomía y transparencia en la gestión de todas nuestras instituciones, tanto públicas como privadas, aunados a una conciliación de esfuerzos entre el Estado y los empresarios; solo así entraremos todos juntos en la ruta de la rectificación y en la transformación económico-social de Venezuela.

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