Hace poco un alto dignatario oficial ofreció una declaración que hubiese dejado al mismo Carlos Marx echando espuma por la boca. El funcionario público despachó siglos de debate económico y decenas de aproximaciones al concepto cuando pontificó que “el alimento en Venezuela no se puede seguir viendo como una mercancía, sino como una necesidad y un derecho del pueblo, y así tendrán que aceptarlo y creemos que así se está entendiendo" en el empresariado venezolano.

Más allá del toque sentimental y demagógico que contiene esa afirmación, lo cierto es que garantizar la manida soberanía alimentaria del venezolano no pasa por los buenos deseos y la construcción de frases ingeniosas. Se tiene que organizar una producción suficiente para que los venezolanos mantengan un consumo per cápita anual  de 97,8 kilos de cereales, 56,7 kilos de carnes, 114,7 litros de leche y 5,5 kilos de huevos, entre otros rubros importantes de su dieta habitual. Ya quisiera el gobierno socialista que este esfuerzo titánico fuera el resultado de la nueva ética socialista y del hombre nuevo que la revolución insiste en crear. Sin embargo, cada vez que nos corresponde auscultar la condición de nuestra industria agropecuaria nos encontramos reiteradamente con el fracaso de la propuesta.

Este gobierno se ha paseado una y mil veces por la idea de que la economía puede regirse por otras leyes diferentes a las del mercado capitalista. Ha perdido en ese empeño mucho tiempo y muchos recursos. Ha tratado de imponer una modalidad de producción sin que medie “la explotación del capital sobre la fuerza de trabajo” olvidando que aun renunciando explícitamente a una definición tan odiosa de la empresa, quedan pendientes la organización del trabajo y las insustituibles relaciones de autoridad y jerarquía.  Han fracasado en cada una de las experiencias donde ellos han insistido en la condición endógena del trabajo revolucionario, sin jefes y sin ninguna jerarquía que exija el cumplimiento de las tareas. Llámense fundos zamoranos, empresas cooperativas o de producción social,  lo cierto es que dada la ausencia del estímulo capitalista, los resultados comienzan a menguar hasta el punto de no ofrecer ninguna otra cosa que la tétrica imagen de la quiebra. De cada una de esas experiencias lo único que ha quedado es el reclamo de los trabajadores a su patrón para que les reconozca derechos inalienables derivados de su relación de trabajo.

El gobierno aprendió por tanto que su potencia de arranque de nuevos proyectos era muy mala. Pero tampoco era mejor la administración de empresas del Estado. Diez años después las empresas de Guayana demuestran que la gerencia no es el espacio más propicio para los experimentos socialistas. El presidente creyó que allí, en la cuna más prolífica del proletariado nacional, podría surgir el hombre nuevo. Brigadas revolucionarias, milicias y un esquema muy particular de cogobierno que no aflojó nunca la propiedad de los medios de producción, condujeron a una debacle que solo necesitó el empujoncito de la crisis económica mundial para demostrar que no es posible disfrutar de una riqueza si no se genera productivamente. Pero esa era la promesa que se planteó: beneficios ampliados sin tener que hacer el esfuerzo. La dirigencia sindical de Sidor se mostró lo más entusiasta con esa posibilidad y casi que impúdicamente la vimos correr raudos y veloces hacia la quiebra. Ahora no tienen ni como cobrar las utilidades de fin de año.

En un tercer momento decidieron que dados sus fracasos, lo mejor era ocupar empresas y posteriormente expropiarlas. En el ínterin podían incluso aprender las mejores prácticas que permitían mantener esos proyectos a flote. Ya estamos viendo los resultados operativos de empresas eléctricas, telecomunicaciones y pronto asimilaremos las financieras. Una caída constante de su productividad es el común denominador, entre otras cosas por un detalle que a ellos les luce ideológicamente insignificante: No es posible producir un bien o un servicio por debajo de los costos. No es posible porque en la siguiente oportunidad no hay como pagar el costo de los insumos y el resto de los factores de producción, tampoco alcanza para financiar impostergables tareas de mantenimiento, y menos para responder por los sueldos y salarios.

Algunas empresas del Estado han comenzado a canibalizar a sus proveedores. PDVSA ofrece un pacto imposible de no considerar. Aquellos suministradores problemáticos son negociados. Primero se les ofrece pagar el equivalente a la nómina, pero no la factura completa. Y finalmente son devorados, como ocurrió finalmente con las empresas de la Costa Oriental del Lago. La ruina social es evidente, porque la empresa estatal no consideró entre sus cálculos, el inmenso daño que ocasionaba a los beneficiarios indirectos de esas relaciones comerciales.

Hasta aquí hemos visto el esfuerzo ideológico de tapar el sol con un dedo. Lo realmente insólito es la declaración formal de que algunos bienes dejan de ser mercancías, por obra y gracia de la voluntad revolucionaria. El mismo Carlos Marx confirmó que la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista aparece como una gigantesca acumulación de mercancías. Para despecho del ministro venezolano de alimentación, su mentor ideológico definió clara y precisamente el concepto.  La mercancía es una cosa que, por sus propiedades, satisface necesidades humanas de alguna clase, sin importar qué tipo de necesidad es. Lo mismo da que sea el hambre o el prestigio lo que está marcando la ansiedad de posesión y uso del objeto. Tampoco se trata de cómo satisface la cosa la necesidad humana, continua el pensador,  si inmediatamente como medio de subsistencia, esto es como objeto de goce, o por un rodeo, como medio de producción.

Lo cierto es que una cosa, cuando es útil, entonces es una mercancía. Aquí comienzan los marxistas del siglo XXI a patinar, porque intentan intervenir el libre albedrío del hombre para proponer lo que una persona tiene que considerar como útil o como fútil. Si alguien quiere saber el origen de la macabra conspiración de autoritarismo y represión que exhiben los socialismos reales, aquí lo encuentra: “Ser rico es malo”. Entiéndase como “acumular mercancías” es malo. El socialismo se entrampa entonces en la difícil tarea de asolar la productividad de un país y luego arruinar al ciudadano proponiéndole como única alternativa la tarjeta de racionamiento.

Las mercancías son bienes útiles que tienen un precio en el mercado. Adam Smith fue de los primeros que dijo que el “valor de uso de una mercancía” es su utilidad social como rasgo objetivo. Allí no hay demasiados desacuerdos con Marx. También el fundador del liberalismo económico habló de valor de cambio, pero fue Marx el que lo perfeccionó al proponer que era “la razón cuantitativa, la proporción en la cual se cambian valores de uso de una clase por valores de uso de otra clase, medidos por el trabajo socialmente necesario para producirlas. El cuento se simplifica si hace su aparición el dinero como mediador universal del valor de las mercancías, como representante del esfuerzo comprometido en ofrecer una mercancía y la expectativa de seguirla produciendo.

A nadie le debe extrañar que el régimen haya quedado encallado en la medición no monetaria del tiempo de trabajo socialmente necesario para elaborar un bien, como intento de renunciar al dinero para volver al trueque. Si no fuera porque este gobierno ha hecho gala de una osadía sin parangón, este intento sería solo considerado al revisar la historia de la estupidez humana. Pero lamentablemente no es así. El gobierno apuesta con seriedad a una economía no monetaria, y por lo tanto, pre moderna.

Pero volvamos a las ocurrencias de Felix Osorio. ¿Son o no son los alimentos mercancías? ¿Deben o no seguir formando parte de la oferta y demanda tradicional de mercancías? Charles Lindblom nos recuerda dos aspectos de la vida contemporánea que no se pueden olvidar: El primero es que hay objetos de valor que tienen la característica de que a todo el mundo le complace el tenerlos. A eso se le llama dinero. El dinero es el gran simplificador de las transacciones en el mercado, visto que su valor universal supera las dificultades del trueque. El uso del dinero produce un desplazamiento desde la economía doméstica a la producción de bienes y servicios para la venta, única forma de atender demandas masivas como el caso de la “soberanía alimentaria”. El segundo es todavía más esencial para entender los peligros a los que estamos expuestos: “cualquier sistema de cooperación basado en el voluntarismo activo siempre será insuficiente. Se necesita algo más. Para eso están el derecho, la costumbre, la cultura y los valores, desde donde ha surgido la economía monetaria y la solidaridad no altruista de la división del trabajo. En suma, lo mejor que nos podría ocurrir es que Osorio se olvide de sus disquisiciones y “permita” que los alimentos sigan siendo el objeto del intercambio pacífico mediante el dinero.

Hay que reconocer la valentía del funcionario. A estas alturas del artículo todos entendimos que un bien es una mercancía porque ella cumple con el atributo de satisfacer una necesidad real o cultural, no importa. Empero, todos los años de sesudos estudios revolucionarios le permiten hacer una escisión entre mercancía y utilidad/necesidad cuando se trata de los alimentos: "El alimento en Venezuela no se puede seguir viendo como una mercancía, sino como una necesidad y un derecho del pueblo, y así tendrán que aceptarlo y creemos que así se está entendiendo en el empresariado venezolano”.  Luego de haber hecho esa declaración, no puede extrañar a nadie que haya instaurado un nuevo derecho de confiscación y expropiación en nombre del pueblo. Hasta allí llegan las riveras del heroísmo marxista y comienzan las putrefactas aguas de su fracaso. ¿Qué piensa hacer el ministro con las necesidades del pueblo?

Pero la confiscación y expropiación de hoy no resuelve el hambre de mañana. La profecía auto cumplida por el proceder oficial es la ruina social. Porque les guste o no, los alimentos son una mercancía que hay que producir y distribuir. Les guste o no,  los seres humanos son más interesados que altruistas, y por lo tanto no trabajan si no obtienen retribución. Osorio leyó mal a Marx, quien nunca dijo que el trabajo no tenía valor, sino que era objeto de la explotación capitalista que se apropiaba de su plusvalía. Así que tendrá que pagar un salario competitivo para lograr que le sigan el hilo a su discurso. Y los costos de la falta de expectativas y la desconfianza que su ignorancia económica genera en los actores sociales. Por lo tanto la pregunta que dejo para la digestión de nuestros lectores no es si los alimentos son mercancía sino una más elemental pero más humana: ¿Habrá comida mañana?

Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

La Ley de preventa de vivienda en proceso de construcción o aún no construidas que la Asamblea Nacional aprobará en breve, coloca a constructores y promotores inmobiliarios en el dilema de seguir produciendo bajo el esquema regulatorio y sancionatorio que plantea la Ley, o dirigir esfuerzos e inversiones hacia otros sectores, porque nadie estará dispuesto a aferrarse a un negocio improductivo.
No existen garantías para que los legisladores incorporen al instrumento las propuestas de los gremios relativas a mecanismos que consideren el ajuste por inflación en el precio de las propiedades, como a dar flexibilidad a los lapsos de entrega de las viviendas debido al tortuoso camino que imponen, hoy más que nunca, la escasez de materiales de construcción, la permisología (antes, durante, y después de haberse terminado el desarrollo), la gestión de créditos hipotecarios (al constructor y al comprador), y el letargo y cambios constantes de reglas de juego que caracterizan a los registros inmobiliarios.
La preventa inmobiliaria se aplica con el triple propósito: primero, para facilitar al comprador el pago en forma fraccionada de la cuota inicial del inmueble; en segundo lugar, adquirir un inmueble cuyo precio final de venta estará significativamente por debajo del valor de mercado al momento de la protocolización y entrega física, y en tercer lugar, para dotar al productor la liquidez que le permita acometer el desarrollo. Se inserta también en la necesidad de obtener financiamiento fresco frente al efectivo escaso, y al insuficiente crédito bancario vía gaveta hipotecaria obligatoria o de otras fuentes financieras.
Más allá de la preventa que hoy se convierte en una vía riesgosa para  capitales y activos inmobiliarios, hay otras figuras de financiamiento alternativo para continuar produciendo viviendas. La titularización en proyectos inmobiliarios a través del establecimiento de fondos que junto a los recursos depositados por los promotores capitalicen aportes de inversionistas pequeños y medianos, mediante la oferta privada de acciones, constituye un camino menos espinoso que la preventa regulada para impulsar soluciones habitacionales. Una acción por metro cuadrado adquirida al momento de iniciarse la obra se revalorizará en los dos o tres años que dura el desarrollo, y una vez culminado, el inversionista puede retirar su aporte y su rentabilidad.
La titularización, como participación en un proyecto de construcción está  extendida en el mundo. Sus inicios datan de la gran depresión de los años 30 en Estados Unidos, pero ha sido a partir de la década de los 70 cuando ha sido más utilizada en ese país. Inglaterra, Francia y España, también asumieron este sistema en los años  80. En América Latina Colombia ha sido el país pionero desde 1992, seguido por México.
La titularización de activos inmobiliarios contribuye a  reducir los costos financieros en la construcción y facilita la comercialización de proyectos. Esta figura brinda a los inversionistas la oportunidad de participar en la valorización de propiedades inmobiliarias, tanto en las destinadas a la venta como al arrendamiento; a corto o a largo plazo.
Una vez culminado el proyecto inmobiliario se procede a la venta del mismo a precios de mercado y se le notifica al inversionista el monto invertido mas sus gananciales, teniendo éste las opciones de vender su participación, de recomprar otros títulos para nuevos desarrollos, o una combinación de ambas.
La titularización puede realizarse mediante oferta privada (entre un grupo de conocidos y relacionados), o por oferta pública con la comercialización de títulos valores en el mercado de capitales, donde empresas inmobiliarias venezolanas han incursionado con éxito. Solo tendríamos que esperar que el Estado venezolano, en todas sus instancias, asuma con responsabilidad su rol, destinando suficientes fondos y subsidios, eliminando las alcabalas de la permisología, promoviendo y garantizando la participación privada.

Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla