En la crisis financiera de los años 1994 y 95 influyó decididamente la mala conducción económica del país, la falta de regulación bancaria y la combinación negativa de amiguismos políticos con propiedad financiera. Solamente basta recordar que  el difunto Pedro Tinoco,  principal accionista del Banco Latino era el Presidente del Banco Central de Venezuela en el mandato de Carlos Andrés Pérez. El  sucesor de CAP, Rafael  Caldera, le pasó factura,  pero esa factura la pagamos todos los venezolanos. Caldera, que nunca pegó una en materia económica, convirtió un problema personal  y político en una catástrofe nacional.
Así que  los analistas que hoy dicen que la crisis financiera de 1994 no tuvo características políticas, o son ignorantes o se hacen los locos.
Ahora, con menor impacto (por ahora), regresa el contubernio entre aprovechadores de oficio, vinculados a las altas esferas del poder y el manejo financiero. Lo que pasa es que ahora, la aceleración de los procesos de fusión y adquisición de bancos en manos de gente vinculada a grandes negocios con el gobierno, tiene varias características importantes: la nueva élite no conoce el negocio bancario, no tiene ningún respaldo real sobre el origen de los fondos para adquirir bancos,  comete errores infantiles con una centrífuga que es más que evidente, utilizando alrededor de 17.000 millones de bolívares fuertes en depósitos y préstamos de bancos y entidades estatales para sus negocios e incumple todas las indicaciones de la Superintendencia de Bancos, sin el menor descaro,  supuestamente amparados por dos o tres grupos económicos que han surgido a la sombra del gobierno (cada uno tiene su padrino) y con la vista gorda de la Superintendencia de Bancos, Fogade y el BCV.
Detrás de ese apoyo político hay una excusa ideológica, de cara al gobierno y sus partidarios. Hay que apoderarse de la banca, para que triunfe el socialismo, que debe tener el manejo financiero en sus manos. Hay que apoderarse de las tierras, para asegurar la independencia alimentaria. Hay que apoderarse de los canales de distribución de alimentos para quitarle el poder a dos o tres grandes empresas. Hay que apoderarse del cemento, del acero, de los alimentos, de las empresas de servicios en el sector petrolero, de producción de alimentos y vehículos, para la soberanía nacional. Y así sigue el cuento.
Esa “línea gubernamental” permite que, detrás del  “fin estratégico”, surjan grupos de poder que sustituyen a otros al amparo de Miraflores, que algunos políticos ocurrentes llaman “boligurguesía”.
Sin embargo, y gracias a Dios, esos grupos, no tuvieron la habilidad ni el tiempo, para apoderarse de grandes bancos, sino de pequeños. De no haber sido así, la crisis financiera habría alcanzado un “tsunami”, como dijo el Ministro Giordani.
En esta oportunidad, nadie apuesta ni un centavo en Venezuela. Cayó la inversión nacional y extranjera, tenemos la inflación más alta de América Latina, cayó el empleo,  disminuyó la capacidad productiva y de exportación de la industria petrolera,  cayeron las exportaciones no tradicionales, cayeron las importaciones (por falta de divisas), la producción de alimentos también bajó, al igual que la industria manufacturera.
Así que, el problema no son los 7 bancos pequeños, el problema es cómo producimos, en esta circunstancia, cómo generamos divisas para el país, alimentos y empleos para nuestros ciudadanos. Cómo adecentamos la administración pública y retornamos a la división de poderes y  a la democracia que teníamos. Con todas sus imperfecciones.