Mientras el director del BCV, José Félix Rivas, alaba al Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme) porque “situó los intereses de la nación y del pueblo venezolano por encima del poder financiero”, algunos analistas económicos manejan otra visión sobre este mecanismo supervisado por el BCV.
Uno de ellos es Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, quien asegura que el Sitme se ha visto como un sistema con retrasos y problemas operativos en el que hasta ahora el sector público no ha puesto ni un dólar para su funcionamiento. Al respecto, recuerda que, en sus primeras semanas, este mecanismo ha marchado sobre el stock de bonos que estaban repartidos en el sistema financiero (arrancó con $700 millones provenientes de la banca privada).
Explica que el sistema debe contar con al menos 15.400 millones de dólares para que sea viable, una cifra superior a la oferta de arranque de 12.000 millones de dólares, que se estipula en su primera etapa y que provienen del sector financiero privado ($2.500 millones), el sector público ($5.500 millones) y las nuevas emisiones que incluyen bonos cambiarios ($4.000 millones).
Sobre este punto, asegura que el éxito de este sistema dependerá de la entrada o no de PDVSA y del Fonden en el esquema de reparto, para así poder satisfacer la demanda de las empresas que requieren divisas. Refiere que la operatividad del mercado permuta provenía desde la misma petrolera y el Fonden, que hoy están ausentes de este mecanismo, por lo que cree que es necesaria la participación de la compañía estatal (con $5.000 millones), del Fonden (con $5.000 millones), de los exportadores (con $400 millones) y otras empresas públicas y la Tesorería Nacional (con $1.100 millones), que juntos brindarían una oferta adicional de 11.500 millones de dólares al Sitme.

Una de las jugadas más importantes que está realizando el Estado se basa en el nuevo proyecto de Ley, presentado por la Asamblea Nacional, que busca regular las actividades del sector y eliminar los “vacios legales” que existían en la anterior normativa. La institución pública argumenta que la última reforma de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros permitía a las empresas de seguros, a través de su “poderío económico”, realizar actividades que “afectaban directamente a los débiles jurídicos representados por los tomadores de seguros” e invadían al mercado de otras empresas mercantiles.  

Uno de los artículos que ha generado mayor polémica es el número 40, donde se prohíbe el uso de las claves de emergencia, sin que se establezca un procedimiento sustituto para garantizar que el paciente cuenta con una póliza. Al respecto, Alesia Rodríguez, presidenta Ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela (CAV), indicó que “las claves de emergencia que ofrecen las compañías de seguro representan más una seguridad para la clínica que para el mismo cliente, ya que a la final una persona que acuda a un centro hospitalario deberá ser atendida, en resguardo de su vida, y luego se determinará la cobertura de la aseguradora, según el contrato de seguros mantenido por cada cliente”. Asimismo, en el numeral 17 del mismo artículo se veta las operaciones de “banca seguros”, lo cual afectaría a instituciones como Mercantil Seguros y Seguros Banesco. Con respecto a la separación de las actividades bancarias y aseguradoras, el diputado Simón Escalona, vicepresidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, explicó que las leyes sensoriales dejan claramente establecida la imposibilidad de que ambas empresas cuenten con administraciones conjuntas; pero sí permite que cuenten con accionistas comunes. 
De igual manera, el artículo 134 contempla un aporte obligatorio de 1% de las pólizas de salud al Fondo del Sistema Público Nacional de Salud. Con respecto a esto, especialistas del sector coinciden en el hecho que existe vaguedad en la ordenanza al no estipularse quién será el ente regulatorio del fondo, ni los objetivos o planes del mismo; temen que culmine como otros fondos fiscales que almacenaron ganancias sin transformarlas en beneficios para los ciudadanos.En relación con este tema, Rodríguez comentó que este fondo así como el incremento en más de 500% en la contribución actual a la Sudeseg, “añade un nuevo aporte de magnitudes importantes además de incrementar los ya existentes, lo cual al final impondrá a los asegurados (usuarios) impuestos indirectos que en forma agregada representan aproximadamente 20% por encima de la inflación”.
Igualmente, la CAV alertó sobre el impacto que tendrían otros artículos (73, 78, 81, 130 y 160) y la Disposición Final Primera de esta nueva versión de la normativa; en los cuales, se establece que el límite para la emisión de fianzas será de hasta el máximo del monto del capital pagado, con restricciones significativas en el acceso al reaseguro. A partir de estas prohibiciones se limita a la oferta de fianzas, por lo que “el mayor perjudicado será el propio Estado y las instituciones públicas, quienes requieren del mayor número de fianzas y de montos más elevados que van dirigidos a garantizar la inversión en grandes proyectos de infraestructura nacional, según la Ley de Contrataciones Públicas, y lo cual afectaría el desarrollo del país”, destacó Rodríguez.
Así como el Estado, la población en general también se perjudicaría de aprobarse dicha Ley, debido a que “se disminuirá la oferta de reaseguro y también el acceso a los escasos proveedores de reaseguro que aún operan en el mercado local. Esto significa que se dejará sin apoyo financiero a muchas empresas de seguros privadas y públicas, y por ende, se limitará significativamente la capacidad del Estado y de las compañías de atender catástrofes de gran magnitud que puedan afectar a todos los venezolanos”, aseveró la presidente ejecutiva de la CAV.

Competidor bolivariano

Otra de las piezas que amenaza con adueñarse del tablero es el aumento de la presencia oficial en el mercado; no sólo como regulador, sino inclusive como competidor. La aseguradora estatal Bolivariana de Seguros entró al mercado nacional con una importante presencia debido a su fusión con Seguros La Previsora; empresa que para el cierre del año 2009, era la cuarta organización con mayores primas cobradas, según lo establecen las cifras publicadas por la Superintendencia de Seguros y la Cámara de Aseguradores de Venezuela.

La participación de Bolivariana de Seguros y Seguros Horizonte, ambas estatales, suman para el cierre de 2009 un total de 5,34 mil millones de bolívares fuertes en primas; lo que coloca al Estado como líder del sector al manejar 17,74% de las primas para ese período. De igual manera, dicha cifra podría aumentar de agregarse otras dos aseguradoras intervenidas como son ­Premier y Universitas; ambas adquiridas por presentar pérdidas de 102,4 y 74,4 millones de bolívares fuertes e insuficiencias de reservas por 6,2 y 8,1 millones de bolívares fuertes, respectivamente.

Además son altas las posibilidades de una expansión estatal en el mercado. Germán Ferrer, integrante de la Subcomisión de Banca y Seguros de la Asamblea Nacional, declaró a la prensa que era posible la adquisición de una mayor cantidad de empresas dentro del sector y que “el objetivo del Estado es posicionarse como proveedor de servicios financieros, con una concepción menos mercantilista y más social”. Asimismo, estimaciones de Jesús Tovar, presidente de Bolivariana de Seguros,  indican que 70% de las pólizas del sector público podrían formar parte esta institución durante el primer semestre del año. Lo que reforzaría la gran participación de los funcionarios públicos en las empresas aseguradoras del país.

En cuanto a la presencia de esta nueva compañía en el mercado asegurador, la presidenta ejecutiva de la CAV considera que “hasta ahora sólo existe el proceso de fusión por absorción de la Bolivariana y La Previsora, lo cual consideramos positivo porque permite que el Estado opere la aseguradora más antigua del país y la dirija a atender las necesidades y prioridades del sector público y del Estado”. Asimismo, indica que “los integrantes de nuestra Cámara consideran que competir es algo sano, pero obviamente siempre que haya igualdad de condiciones y oportunidades en dicha competencia que traiga ahora el Estado con su rol más activo en el sector asegurador”.

Altos costos

En el mercado asegurador se ha presentado otra importante preocupación debido a las pérdidas técnicas que se generan en el ramo de la salud y los altos costos que han afectado al presupuesto de los venezolanos, indiferentemente de contar o no con una póliza. Especialistas consideran que la falta de capacidad médica instalada en el país es provocada por las ineficientes políticas de salud emitidas por el Estado; donde en lugar de invertir en los hospitales públicos ya instaurados, se destinan los fondos a misiones como Barrio Adentro que no cuentan con la infraestructura o capacidad de atención necesaria, a pesar de contar con médicos importados desde Cuba. Además de esto, afirman que se deben sumar los altos costos de los procedimientos y de los honorarios médicos, como causantes de este problema.
Según cifras ofrecidas por la CAV, que obtuvieron del Banco Central de Venezuela, se demuestra que durante los últimos cinco años existió un alza de 188,2% en la inflación del sector salud; así como incrementos de 314,6% en costos clínicos y 270,6% en honorarios médicos, para el mismo lapso de tiempo. Sobre este punto Rodríguez afirma que  “el sector asegurador ha sido un factor importante en la contención de costos, pero los costos de salud y de las intervenciones médicas han ido subiendo de una manera superior a la inflación y a los costos de las primas de los seguros aprobados por la Superintendencia; provocando un desequilibrio y consecuentemente la pérdida técnica en el ramo de salud que al final afecta la solidez del sector que es la verdadera protección para los asegurados”. Asegura que otro de los factores clave que afecta al servicio de la salud tiene que ver con el aumento del número de personas aseguradas en esta área; por lo que “la demanda de servicios de salud en clínicas privadas y la escasa infraestructura disponible para la prestación del servicio, dada la falta de inversión en nuevas instalaciones o ampliaciones, lo que genera la saturación de los centros de atención médica privada”.
En la búsqueda por solventar esta situación, la CAV y las empresas que la conforman ofrecen técnicas para manejar el flujo de caja de los proveedores; brindan nuevas plataformas tecnológicas; crean algunos servicios médicos adicionales y colocan a personal de empresas de seguros en los centros médicos. Además, están buscando elaborar, en conjunto con el gremio médico,  una definición de emergencia y establecer el protocolo de la misma, para evitar el congestionamiento innecesario de las clínicas; asimismo, plantean establecer un informe único para la atención de emergencia y estandarización de formas de respaldos, con lo que se agilizaría la atención a los clientes.

Realidad sectorial

Según cifras emitidas por la Cámara de Aseguradores de Venezuela, el sector asegurador ha presentado un crecimiento constante en las primas durante los últimos cinco años, con variaciones de aproximadamente 47% interanual. De igual manera, 75% de las primas provienen de los tres principales ramos de no vida (colectivo de hospitalización, automóvil casco y hospitalización individual); siendo el colectivo de hospitalización el más importante con una presencia de 37%. Con respecto a los siniestros, han aumentado de 31% en 2005 a 56% en 2009 y se han presentado pérdidas técnicas en las pólizas más importantes; a pesar de esto, el mercado asegurador ubicó, para finales de 2009, en 1.27 sus niveles de solvencia.