Martes 25 de Junio de 2019

Pernalete murió por impacto de lacrimógena disparada por Guardia Nacional

FISCALÍA
La Fiscalía reporta más de 500 heridos por el uso de la fuerza de seguridad y denunció que policías y militares han participado en saqueos. El Ministerio Público denunció que tribunales militares procesan a civiles cuando corresponden a la justicia ordinaria. Pidió verificar estado de salud de los detenidos.

La Fiscal General Luisa Ortega Díaz dijo que el estudiante Juan Pernalete murió por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional.

La funcionaria hizo un balance de los casos de los fallecidos y heridos en las protestas de casi dos meses, en una conferencia de prensa.

Según datos del despacho hasta la fecha suman 55 personas fallecidas, de los cuales 52 son civiles y tres funcionarios de los cuerpos de seguridad. Mientras que 771 civiles y 229 policías o militares han resultado lesionados; así como 346 bienes inmuebles públicos y privados han sido quemados o dañados, con pérdidas patrimoniales cuantiosas.

"De acuerdo a nuestra investigación, la muerte del estudiante se produce por un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax. Él fue impactado por un objeto como este, un objeto como este lo impactó", anunció la Fiscal y mostró un cartucho de una bomba lacrimógena.

Pernalete, de 20 años y estudiante de la Universidad Metropolitana, fue asesinado el pasado 26 de abril durante una manifestación en Altamira.

"Un objeto como este lo impacta, esta es una bomba lacrimógena. Nosotros llegamos a la conclusión luego de una serie de experticias realizadas sobre el cadáver de este joven estudiante, no sólo la autopsia sino la inspección técnica al cadáver, levantamiento plenimétrico, la versión de los testigos, cinco testigos tenemos en este caso, reconocimiento técnico, acoplamiento físico de las dimensiones del cartucho con la lesión que tiene en el tórax, la presencia de residuos en la franela conjuntamente con los residuos que compone este elemento (...) por supuesto todas las experticias necesarias", explicó la funcionaria.

Ortega Díaz subrayó que es letal disparar las bombas lacrimógenas directamente a las personas. "Ese objeto saliendo con esa fuerza es capaz de producir la muerte", explicó la Fiscal mientras sostenía un cartucho de perdigón que dijo por primera vez tenían en sus manos y era muy pesado.

Salió de la Guardia Nacional

Informó que los expertos y los fiscales llegaron a la conclusión que una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional ocasionó la muerte del estudiante Juan Pernalete. "Sabemos de donde salió, del grupo que salió este objeto, lo que todavía no hemos individualizado la persona. Sabemos cuál es el grupo y dijo que se espera en los próximos días determinar la persona que lanzó el objeto (...) disparado por la Guardia Nacional".

Recordó que los estándares nacionales e internacionales prohíben disparar bombas lacrimógenas directo al cuerpo de los manifestantes.

"Quiero aprovechar  para llamar la atención a quienes ostentan responsabilidades de mando en los cuerpos de seguridad del Estado. Es imprescindible y urgente implementar el seguimiento y el control de las acciones de los funcionarios en ejercicio de función en materia de orden público", añadió.

La funcionaria agregó que es deber que los encargados del mando de los cuerpos de seguridad tengan la competencia y el dominio mental para el manejo de los hechos violentos en caso de producirse y evitarel uso de la fuerza si los manifestantes no está ejerciendo violencia.

La Fiscal hizo el comentario debido a que es preocupante que hayan más de 500 lesionados por derechos fundamentales. Eso significa que más de la mitad de las personas resultaron heridas por la actuación y el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado.

Asimismo señaló que se ha exacerbado la violencia y agregó que es grave que estén circulando vídeos manipulados en beneficio de uno de los grupos. Señaló que es el Ministerio Público y los cuerpos de investigación las circunstancias por la que ocurrieron los hechos. 

En cuanto a denuncias, la Fiscalía mantiene 16 abiertas por casos de civiles armados que han amenazado a manifestantes y han recibido testimonios importantes donde se ven grupos de personas armadas en actitudes violentas, así como denuncias de funcionarios policiales y militares saqueando.

También explicó que hay 7 investigaciones por el uso de la justicia militar por casos que corresponde a la justicia ordinaria. "Creemos que es contraria a los mandatos y principios emanados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues se viola el criterio del juez natural". Dijo que pidió verificar el estado de salud de los detenidos.

Más detalles

Señaló que por esta situación fueron iniciadas 1.475 investigaciones, de las que 1.329 son por delitos contra las personas y 150 por daños a la propiedad.

En materia de delitos comunes se han imputado a 2.664 personas por la presunta comisión de delitos como homicidio, lesiones, instigación pública, hurto y robo, detentación de objetos incendiarios, ultraje violento. Del total de imputados, 284 han sido privados de libertad.

Añadió que no todos los detenidos han sido responsables de los hechos ocurridos, por ello, “la liberación de personas detenidas ilegalmente constituye un triunfo del Estado de derecho y una vocación garantista del país".

En el caso de Barinas, el Ministerio Público ha registrado la muerte de siete personas desde el lunes 22 de mayo, decesos ocurridos en medio de alteración del orden público y daños a instituciones públicas y privadas.

Dijo también que durante esos hechos resultaron afectadas la sede del Consejo Nacional Electoral, la casilla de vigilancia del Circuito Penal Judicial de Barinas, las fachadas de la alcaldía y la prefectura de Barinitas, la casa natal del fallecido presidente Hugo Chávez y el comando de la Guardia Nacional Bolivariana. Por esta situación en la entidad llanera, hay 20 personas detenidas.

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