Desde su llegada al poder en 1998, una de las grandes promesas del gobierno de Hugo Chávez ha sido la de incrementar la producción nacional. Este ofrecimiento presidencial no ha logrado ir más allá de las palabras, pues desde el año en que el actual primer mandatario llegó al poder hasta el cierre de 2006, los venezolanos fueron testigos de cómo cerraron sus puertas unos 4 mil establecimientos industriales, al tiempo de que se perdieron cerca de 100 mil empleos directos y 300 mil más indirectos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Centro de Estudios Económicos y Legales de Conindustria (Coninceel).

Y si bien las industrias nacionales que siguen operativas están trabajando al máximo de su capacidad, aún no se dan abasto para atender la gran demanda que se desató en 2005 como resultado de la liquidez que ha generado los altos y crecientes precios del petróleo. La tendencia favorable que ha habido en la producción manufacturera privada en los últimos tres años apenas ha compensado la caída de ciclos anteriores, y para comprobarlo basta con revisar el Índice del Volumen de Producción de la Industria Manufacturera Privada que publica el BCV, y toma a 1997 como año típico base (que equivale a 100) para reflejar los cambios en los distintos sectores que constituyen la industria.

A partir de 2005 este índice comenzó a superar el valor de la base de manera consistente, y a septiembre de 2007 reflejó un valor de 130,14, lo que es igual a un crecimiento de 30,14% versus el promedio de 1997. En el caso de la producción de alimentos, el indicador arrojó 125,97. Agustín Díaz, gerente de asuntos económicos y legales de Conindustria, explica, sin embargo, que “cuando se calcula el promedio 1999-2006, éste arroja valores de 95,77 para el índice general, y de 100,89 para el de alimentos, lo cual evidencia que la tendencia favorable reciente de la producción privada apenas ha compensado la caída de años pasados y sigue estando en niveles de hace una década”.

Para Conindustria estas cifras sólo confirman que “las políticas públicas no han favorecido realmente a la manufactura ni a la producción de alimentos, originando en buena medida los problemas de inflación y desabastecimiento que afectan al país desde hace varios meses”. Díaz remata diciendo que “si hoy existieran las 11.117 empresas manufactureras que había en 1998, en vez de las 7.208 registradas hasta 2006, no habría desabastecimiento, ni el actual nivel de importaciones sería tan elevado. Y aunque en general las industrias que quedan están vendiendo todo lo que producen, lo cierto es que también éstas podrían estar haciendo más, generando mayores ingresos y evitando la escasez”.

El investigador refirió que “desde hace muchos años en Venezuela no ha habido una política industrial de largo plazo, y durante este Gobierno este sector tampoco ha sido apoyado, sino que por el contrario se ha perjudicado. Se le ha levantado un cerco a la actividad industrial que está integrado por diferentes medidas que la afectan y que van desde controles de precio y de cambio que desestimulan la producción nacional y alientan las importaciones (pues resultan más baratas), pasando por nuevas leyes, resoluciones y decretos que afectan su óptimo desenvolvimiento, hasta la creación de empresas del Estado que compiten deslealmente con el sector privado, aunque con ineficiencia”.

En la medida en que el índice inflacionario y los costos reales de producción continúen creciendo, pero permanezcan congelados el valor del bolívar frente al dólar y los precios en el mercado interno, el sector productivo seguirá perdiendo competitividad frente a aquellos comerciantes que venden mercancía importada al económico precio de 2.150 bolívares por dólar. Nadie que instale un negocio propio puede sentirse motivado a vender ningún producto por debajo de sus costos de fabricación, y de esto está conciente hasta el menos ilustrado.

No en vano, el volumen de producción de la industria manufacturera durante el período enero-septiembre de 2007 reportó un crecimiento de apenas 8,24% en comparación con el mismo lapso de 2006, en tanto que el volumen de ventas del comercio aumentó 35,82%, según la data del BCV y cálculos de la Federaciones de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras). “La diferencia registrada hasta esa fecha entre ambos índices es de las más altas, y refleja una persistente tendencia a la ampliación de la brecha que existe entre el crecimiento de la oferta interna de bienes manufacturados y el comercio de éstos, la cual se cubre en gran parte por medio de importaciones”, señaló José Manuel González, presidente de Fedecámaras.

Fomentar inversiones es la clave. En opinión de Díaz, “el Gobierno nacional aún no ha entendido que las inversiones industriales son de largo plazo (de entre 10 y 20 años), y que para fomentarlas debe sentarse a conversar con el sector privado y reducir la incertidumbre”.

Una muestra de esta incomprensión por parte del Ejecutivo es la reciente reforma parcial al “Decreto con rango, valor y fuerza de la Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, la Especulación y el Boicot”, cuyo artículo 4 establece que “el Ejecutivo Nacional podrá, sin mediar otra formalidad, iniciar la expropiación mediante decreto por razones de seguridad y soberanía alimentaria”, y a la vez constituye una clara violación a la Carta Magna, la cual señala en su artículo 115 que “sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.

De hecho, nadie hubiese creído que el mismo presidente de la República amenazaría en televisión abierta con expropiar a Empresas Polar (de capital ciento por ciento venezolano), tras acusarla de acaparar productos de consumo masivo que hoy son escasos en los mercados nacionales.

El presidente de Conindustria, Eduardo Gómez Sigala, declaró al respecto para Unión Radio que “es una estrategia errática del Gobierno la de pretender que la producción nacional se incremente con estas amenazas. Esta actuación lo está llevando a acorralar al propio país en un mecanismo totalmente ineficiente, porque, como sabemos, el Ejecutivo está manejándose en unos niveles de importación que son incapaces de satisfacer las necesidades internas y que además ya no pueden mantenerse. No importa si el precio del petróleo se mantiene elevado, el nivel de gastos de todas maneras va a ir absorbiendo el ingreso petrolero”.

Por su parte, González dijo que “la soberanía alimentaria no se logrará mediante decretos y leyes inconstitucionales que alejan la inversión y atentan contra la empresa privada”.

Y aunque Pablo Baraybar, presidente de Cavidea y directivo de Empresas Polar, informó en rueda de prensa nacional que “en los últimos 12 meses las seis principales empresas procesadoras de alimentos que están en el país han invertido más de 300 millones de dólares”, el presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX), Francisco Mendoza, destaca que “del total importado por el país a través de Cadivi durante el año pasado (44,4 mil millones de dólares), apenas unos 1.400 millones de dólares se destinaron a la adquisición de bienes de capital”.

Estos números demuestran que aún falta mucha inversión, y sobre todo confianza, para reactivar un sector productivo que ya está trabajando al máximo de su capacidad, pero sigue sin darse abasto para atender la gran demanda, por lo cual también ha dejado de exportar. Según Díaz, “hasta ahora la mayoría de las empresas manufactureras sólo han invertido en mantenimiento. Y si bien parte de la solución al problema productivo está en que las plantas destinen recursos a la expansión de sus capacidades, es lógico que éstas se cohíban de hacerlo cuando sigue habiendo un clima de inseguridad jurídica”.

Actitud hostil. González lamenta que “Venezuela haya perdido una gran oportunidad de crecer durante la bonanza petrolera de los últimos años. No ha aprovechado los recursos que han entrado a la nación para ir hacia la industrialización y desarrollo que anhelamos los venezolanos”.

Para el presidente de Fedecámaras, gran parte de la culpa de esta decadencia también tiene mucho que ver con los controles de precio y de cambio que están vigentes desde 2003, y a éstos le sumó las amenazas verbales, expropiaciones, estatizaciones, secuestros, invasiones y un sinfín de acciones emprendidas desde el Gobierno en contra de la industria y el sector privado en general, que no hacen sino crear un clima de desconfianza y afectar el aparato productivo venezolano, que adicionalmente ha reducido sus inversiones.

El representante de los empresarios opina que “el Gobierno no ve el fondo de un problema en el que el desabastecimiento es apenas uno de sus síntomas, por lo que en vez de desmontar los controles económicos paulatinamente, generando confianza en el empresariado y fomentando las inversiones privadas, insiste en imponer por otras vías el proyecto ideológico al cual los venezolanos ya dijeron no el pasado 2 de diciembre, cuando votaron en contra de la reforma constitucional”.

Asimismo, dijo que “preocupa al sector empresarial la orientación de la información gubernamental transmitida por medios oficiales, ya que se ve claramente una predisposición negativa y una actitud hostil hacia la actividad empresarial, y se quiere proyectar una imagen del empresario que no es cierta, pues la verdad es que éste es el abastecedor natural del mercado y se esfuerza, incluso en condiciones adversas, por generar desarrollo y empleo”. Aún hoy, se estima que 8 de cada 10 empleos en el país provienen del sector privado.

Los más afectados. Al hablar de la producción primaria, el dirigente empresarial alertó sobre la situación del sector agrícola, que en este momento está en ciclo de verano, y dijo que “en el caso del sorgo, si se suma el ciclo completo invierno 2007 y verano 2008, la producción no llegará ni siquiera a las 200 mil toneladas, en un país donde se llegaron a producir 800 mil toneladas. En arroz tenemos unas 120 mil hectáreas sembradas, pero con probabilidades de que el rendimiento disminuya debido a la escasez de urea que hubo en el momento que requerían los cultivos. Históricamente Venezuela fue autosuficiente en el consumo de arroz, pero a partir de 2004 este cereal se comenzó a importar, como consecuencia del control de precios”.

González también hizo referencia al sector pecuario y explicó que “un país que hace cuatro años también se autoabastecía de carne, y donde apenas se importaba el 1% para atender la demanda de cortes especiales, el año pasado se importó alrededor de 37% del consumo de este alimento. Mientras se siguen invadiendo fincas y el sector rural debe afrontar día a día el secuestro, vemos cómo disminuyen cada vez más nuestros rebaños y se siguen incrementando las importaciones de un rubro en el cual tenemos ventajas competitivas e incluso posibilidades de exportación”.

El gerente de asuntos económicos y legales de Conindustria criticó que “aquí se ha vendido la imagen de que Venezuela es rica, cuando lo cierto es que más allá del petróleo, no tenemos nada”. Asimismo, agregó que “mientras el Ejecutivo habla de favorecer a la pequeña industria transformadora, es en este rubro donde ha habido más cierres de empresas en los últimos años, ya que la gran industria ha sido la única con la capacidad económica suficiente para sobrevivir, aunque tampoco es ajena a los problemas de financiamiento que afectan a todos los industriales”. Pese a que fue una promesa preelectoral de Chávez en 2006, fue apenas a comienzos de marzo de este año cuando la tasa que cobran los bancos por los créditos a las actividades  manufactureras fue fijada en un máximo de 19% versus el promedio de 26% que estaba pagando la industria a la banca hasta la fecha.

En general, en los últimos 10 años los sectores manufactureros que más duramente han sentido los efectos de unas políticas económicas centradas en impulsar las importaciones son los que hacen maquinarias y aparatos eléctricos, productos textiles, prendas de vestir, adobo y teñido de pieles, curtido y adobo de cueros, talabartería y calzado, papel, maquinarias y equipos, de acuerdo con cifras del BCV. “Es más barato traer estos productos de afuera que producirlos acá”, aclara Díaz.

Un país importado. Durante todo el año 2007 Venezuela destinó 44,4 mil millones de dólares a importaciones, para un aumento de 36% con respecto a 2006, de acuerdo con el BCV, y a este monto el presidente de la AVEX le suma otros 12 mil millones de dólares que, según sus estimaciones, no fluyeron a través de Cadivi.

El representante de los exportadores en el país lamenta que paralelamente a este vertiginoso incremento, las exportaciones no petroleras desde Venezuela hacia al exterior han caído 45% en los dos últimos años, hasta alcanzar apenas unos 3.900 millones de dólares en 2007.

Esta situación ha sido catalogada incluso por el mismo Gobierno como insostenible, y Mendoza la atribuye a diversas causas (compartidas también por los productores e industriales), como “la inseguridad jurídica, la incierta disponibilidad de las divisas necesarias para obtener las materias primas y operar, problemas laborales como la amenaza de recalcular las prestaciones sociales de forma retroactiva y la reducción de la jornada de trabajo a 6 horas, además de que ya van 5 años de controles de precio y cambiario en los que, sin embargo, se han incrementado religiosamente los salarios, la unidad tributaria, los costos fiscales y aduaneros, todos los servicios y, obviamente, la inflación”.

El vocero también coincide con Díaz y González en que “mientras no se fomenten desde el Gobierno las inversiones en el sector, las industrias que han sobrevivido seguirán trabajando al máximo de su capacidad y reduciendo sus exportaciones. La soberanía del país está amenazada por los altos niveles de importaciones y la falta de estímulo a los productores nacionales, que además no se sienten obligados a estar al día en tecnología y a exportar, por lo que se le abren mercados a otras naciones, en detrimento del país”.

Estados Unidos, Colombia, Ecuador, México y la Unión Europea siguen siendo los principales destinos de las exportaciones desde Venezuela, y en total cada año se venden hacia el exterior unos 3.000 ítems del universo arancelario. Productos de aluminio y sus derivados, plásticos, partes y piezas automotrices, vehículos ensamblados, químicos como alcoholes, y algunas frutas tropicales que van a Europa son los productos que está exportando Venezuela en la actualidad, según el vocero.

Mendoza recordó, sin embargo, que los exportadores en Venezuela tienen un doble suplicio, porque luego de pasar por todos los trámites que son necesarios para la importación de materias primas, luego deben cumplir con los requisitos para exportar, lo cual es muy engorroso.

Denunció que “los entes supervisores del país ejercen sus funciones sin coordinación, por lo que un mismo contenedor puede ser revisado hasta 5 veces por parte de alguna entidad del Estado. El certificado de las revisiones antidrogas, por ejemplo, dura 48 horas, y a veces se vence en la espera de completar todos los pasos, por lo que debemos pagarla nuevamente. En total, pueden transcurrir hasta cuatro semanas para poder exportar un sólo contenedor, con lo que se incrementan los costos de almacenaje, aduana y manejo de la mercancía”.

Nuevamente el vocero reiteró la petición de que se modifique la Ley del IVA, para que las comercializadoras puedan descontarlo de sus costos cuando vendan al exterior, pues mundialmente casi todas las grandes empresas exportadoras comenzaron como comercializadoras. “De esta manera, las PYME que por sí solas no están en capacidad de exportar podrían diversificar tanto su universo de clientes como de productos, lo cual las haría menos susceptibles a las variaciones económicas”, dijo. Asimismo, señaló que “desde que se instauró el control de cambio, el sector de los exportadores ha solicitado sin éxito un cupo en divisas especial para viajes de empresarios que venden sus productos en el exterior, lo cual en este negocio es fundamental. Además, existe una necesidad urgente de financiamientos adecuados para los exportadores, ya que actualmente Bancoex sólo le está dando créditos a aquellas empresas que le venden a los países del ALBA, y no todas tienen mercado en esos países”.

Para el cierre de 2008, Conindustria prevé que “el sector manufacturero volverá a crecer por debajo del PIB total(estimdo en 6%), porque producir localmente seguirá haciéndose cada vez más costoso”, y en tanto se mantenga congelado el tipo de cambio oficial, importar seguirá siendo cada vez más barato.

Retrasos insostenibles Si bien uno de los anhelos del sector productivo nacional y de los exportadores no petroleros es que el país logre reducir sus niveles de importaciones para que crezca la participación de productos Made in Venezuela, también ellos están sufriendo retrasos de entre 120 días y hasta un año en la liquidación de divisas por parte de Cadivi. Y es que más allá de las nuevas multas a las cuales están expuestos los importadores y comerciantes a raíz de la reforma a la Ley de Ilícitos Cambiarios que entró en vigencia en enero, lo que más preocupa actualmente a estos sectores son precisamente los retrasos de Cadivi, que en opinión de Jorge Botti, ex presidente de Consecomercio y director de Cedice, se hicieron ya “insostenibles”. El empresario explicó que “los importadores están perdiendo las líneas de crédito con sus proveedores en el exterior, por lo que se están afectando fuertemente los flujos de caja de las empresas y agravando el desabastecimiento”. Asimismo, Botti denunció que “para abrir cartas de crédito en el exterior con bancos venezolanos ahora están pidiendo que los importadores coloquen el ciento por ciento del monto solicitado en divisas en alguna cuenta afuera, lo cual es absurdo. Anteriormente para obtener líneas de crédito en divisas sólo era necesario mantener una buena relación con el banco y colocar una parte del monto financiado en una cuenta local, en bolívares”. El ex presidente de Consecomercio señaló a finales de febrero que “hay entre unos 12 mil millones de dólares pendientes por ser liquidados en Cadivi, y ya el Gobierno anunció que solamente se les está dando prioridad a alimentos y medicamentos, aunque en los demás rubros ya hay mercancía importada que se está vendiendo”. Para Botti, el Gobierno ahora tiene dos opciones: una de ellas es sincerarse, devaluar el valor del bolívar y hacer que los importadores paguen el diferencial, aunque esto implicará la quiebra de muchas empresas nacionales que no tomaron previsiones al momento de definir sus precios, tal y como sucedió en los controles de cambio de 1989 y 1996. Y la otra opción sería que el Gobierno honre la deuda que tiene con Cadivi, con lo cual las reservas del Estado se verían afectadas profundamente, así como nuestra calificación de riesgo país y panorama económico. “Si una vez que Cadivi liquide las divisas que están pendientes no hay una caída en las reservas, sencillamente hay un diferencial entre los ingresos que Pdvsa declara y lo que está en el BCV”, sentenció Botti.