Dinero 206: La inversión no se decreta

Los empresarios, ya sea productores, industriales o comerciantes, están claros en que cada una de las medidas del gobierno nacional que atenten contra las libertades económicas o contra las empresas privadas va a generar cada vez menos inversión, menos producción, menos empleo, menos poder adquisitivo y menos abastecimiento del mercado local.

Una inflación controlada por la fuerza, que se quiere llevar a un dígito este año y que el año pasado cerró en 14,5 por ciento, pero fue la más alta de Latinoamérica, por si sola no se puede considerar un triunfo si el consumo de alimentos está cayendo constantemente en el país, al igual que el poder adquisitivo, el empleo y la inversión productiva.

“La caída de las inversiones en Venezuela es muy importante en los últimos tiempos y la inversión no se decreta”, afirmó Noel Álvarez, presidente del Consejo Venezolano del Comercio y los Servicios (Consecomercio).

Añadió que en los últimos tiempos cuando el gobierno ha llamado a los empresarios a dialogar ha sido para estimularlos a que inviertan en Venezuela, y eso ha sido así porque el propio gobierno reconoce que la inversión privada es importante para el funcionamiento de la economía del país pero “si nos cierran las puertas y nos cercan por todos lados ¿quién va a producir aquí?”, se pregunta Álvarez.

Eduardo Gómez Sigala, presidente de la Confederación Venezolana de la Industria (Conindustria), indicó que ésta situación ha sido analizada suficientemente en las recientes reuniones que han celebrado los empresarios con el gobierno nacional, las que siguen efectuándose. “Hemos presentado un análisis muy meticuloso y exhaustivo de lo que está sucediendo con los precios de los productos de primera necesidad y los efectos de los controles. Al final el impacto inflacionario que se quiere evitar va a ser más fuerte y le va a llegar al consumidor de un solo golpe, porque la economía obliga al ajuste de la inflación rezagada. Para el gobierno es positivo porque puede exhibir un efecto inflacionario bajo pero artificial, mientras que los empresarios al no tener revisión ni adecuación de los precios, sienten que sus negocio comienza a perder, no reinvierten y no compran materia prima porque no hay flujo de caja para eso”, afirmó.

Pero, el gobierno da muestras de querer controlarlo todo, los alimentos, incluso los precios de las viviendas, que como ningún otro son fijados por el libre juego de la oferta y la demanda.

Para Álvarez todavía hay algo más relevante como son las invasiones y la expropiaciones, las cuales atentan contra el derecho privado y “ahí si estamos enviando una señal muy mala a los inversionistas. Si queremos que la gente invierta, no solo los nacionales sino los extranjeros, esas no son las señales mas idóneas para que inviertan en Venezuela. La caída de la inversión en el país es importantísima, la última inversión importante que hubo fue en la década de los años 70 que fue equivalente a 29 puntos del Producto Interno Bruto, 29.000 millones de dólares anual, hoy en día con toda la inflación que ha corrido no llegamos a 9.000 millones de dólares de inversión entre sector público y privado en el año ¿es eso lo que queremos?”, se pregunta.

Ambos dirigentes empresariales indicaron que desafortunadamente el gobierno no ha querido entender que todos los controles lo único que hacen es distorsionar la economía, y más grave aún ahora que las amenazas son expropiación de las empresas a menos que los empresarios se sometan a las exigencias del gobierno.

La espiral perniciosa. Álvarez añadió que “entiendo que en una economía debe haber tanto mercado y tanto Estado como sea necesario, pero creo que el mercado es el mejor sistema de control para tener buena calidad de productos y buenos precios, pero también el Estado tiene que estar presente por lo menos sirviendo como moderador de la economía, pero sin ser el regulador o fijador de los precios”,

Marlyn Mora, economista coordinadora de la unidad de Análisis económico y legislativo de Consecomercio, añadió que la oferta debe ser igual a la demanda, pero si se fijan los precios al final de la cadena o en todos los eslabones de la cadena, a la persona o la empresa que esta produciendo le va a ser menos atractivo producir ese mismo tipo de mercancía o bienes, porque el precio está controlado, “lo que voy a hacer de entrada es tratar de migrar hacia otros productos que no estén controlados o tratar de buscar o agregar un componente diferente para salir de los componentes que están regulados”.

O se dejan de producir esos rubros o se produce algo nuevo con el producto controlado como materia prima y lo regulado no aparece, mientras que la demanda de dicho producto regulado va a continuar igual, el consumidor va a seguir demandando lo mismo todo el tiempo, al restringirse la oferta inmediatamente aparece la escasez y la especulación, como acaba de suceder con la desaparición del café de los anaqueles, lo que hizo que la gente llegara a pagar hasta 20.000 bolívares por kilo a los vendedores informales. Esta situación obligó al gobierno a tener que aceptar el aumento del precio a nivel del consumidor, que fue más impactante que si hubiese aumentado regularmente según lo establecía el mercado. Así se cumplió la máxima que reza que “el producto más caro es el que no se consigue”.

Perjuicios para todos. Otro perjuicio es que si tengo un precio controlado para un producto y no puedo venderlo al final de la cadena en el precio en que debería venderlo, tengo que tratar de disminuir costos como productor, de manera que reduzco costos de los insumos para la fabricación del bien, entonces ya no los voy a comprar de óptima calidad sino de una calidad regular o inferior, “sacrificamos entonces la calidad del producto final en aras de mantener el precio controlado. Quien sale pagando las consecuencias de esto al final es el consumidor”, indicó Álvarez.

El gobierno queriendo beneficiar al consumidor nuevamente lo que hace es perjudicarlo, “en Venezuela no existen problemas de incrementos de precios salvo en los bienes que están controlado y eso es una contradicción, porque todo los demás precios que están liberados suben un poquito y hasta bajan por las ofertas, pero los controles crean una distorsión entre la oferta y la demanda, que se agrava en un país con una alta inflación que hace que esos controles se desactualicen inmediatamente”.

Gómez Sigala considera que el gobierno tiene que entender que los empresarios deben trasladar los costos a los bienes porque eso es lo único que venden. No tiene sentido tener una empresa abierta si no va a generar riquezas para sus accionistas, que son los propietarios y también los trabajadores que esperan incrementos de sueldos y beneficios, y para el mismo Estado que es el que cobra los impuestos sobre esas ganancias y se descarga de gastos sociales con los beneficios que reciben los empleados.

Un ejemplo es que el propio Estado subió la unidad tributaria el 6 de enero de 29.400 a 33.600 bolívares, y eso no es sino la actualización de la inflación del año 2005, que totalizó 14,5 por ciento en los servicios públicos, con lo cual el gobierno reconoce que ha habido un impacto sobre sus costos. Entonces, ¿porqué se le niega la misma potestad al sector privado, de que pueda trasladar la inflación también a sus costos y el precio de sus bienes y servicios?”.

Indicaron que ahora el gobierno no solo no quiere reconocer eso aunque la realidad lo presione, sino que además amenaza a los empresarios con que si no aceptan les expropiará de sus empresas.

Gómez Sigala indicó que ese es un camino poco estimulante para un sistema productivo. “O importo ó expropio, no es precisamente una política de estímulo para la actividad económica. En estas circunstancias todo dependerá de los favores de los precios petroleros y pese a las reuniones todavía no hay claridad de hacia dónde se quiere ir con estas presiones”.

Apagar la luz. Álvarez indicó que lo que se plantea a futuro con esa situación se ve desde dos ópticas. Por un lado, “si el gobierno me obliga a vender mis productos a pérdida, estoy quebrado. Por la otra, si el gobierno me expropia estoy quebrado porque no tendré empresa”. Por cualquiera de los dos caminos estoy mal, no me están dando ninguna opción y eso no es otra cosa que la destrucción del sector privado, cuya consecuencia inmediata es la pérdida del empleo y también la destrucción de lo que podría ser la inversión productiva del país, que al fin y al cabo es la que genera riqueza para todo el país, porque el que genera riqueza no es el gobierno. El gobierno puede tener un inmenso gasto público, puede hacer malabarismo y mantener a flote la economía pero al fin y al cabo la inversión del sector privado es la única que genera crecimiento sostenible en el tiempo y empleo productivo sustentable, que el que de verdad disminuye todos los índices de desempleo que existen así como los índices de informalidad, la cual existe precisamente porque hay un monto de gente que no consigue empleo fijo, cerca de 70 por ciento de los buhoneros están en la calle por esa razón y en su mayoría quisieran conseguir un empleo formal”.

Explica que a esos buhoneros nos les va tan bien como parece porque al no haber empleo formal no se genera ni mejora el poder adquisitivo de los consumidores, que son en definitiva los que mueven la economía, lo que conduce a la depauperización económica del país.

“Con todas esas medidas y controles el gobierno promueve la informalización del sector privado y eso contribuye a que haya menos empleo. Luego se tratan de disfrazar las cifras de desempleo a través de misiones, que no son más que trabajo temporal y ayudas económicas del gobierno, pero que al fin y al cabo eso no es sustentable en el tiempo, son planes de emergencia pero al final el desempleo va a estar allí”, añadió Álvarez.

Control del pensamiento. A la larga, y no se sabe si es eso lo que el gobierno persigue, lo que habrá es un montón de desempleados totalmente dependientes del gobierno, que tendrán que hacer o pensar lo que se les pida para que sigan recibiendo las ayudas económicas que requieren, eso no es otra cosa que restringir la libertad de acción y de pensamiento de las personas.Lo mismo puede suceder con las empresas y quizás pueda ser la intención detrás de las presiones que viene ejerciendo el gobierno contra el sector privado, como un intento por reducir su potencial de movimiento económico y libertad de pensamiento, lo que no se estaría considerando conveniente para los objetivos del gobierno.

Al respecto Álvarez indicó que eso no sería ni malo ni bueno, que todo depende de la orientación ideológica del gobierno, “de qué es lo que el gobierno quiere hacer, si dentro del llamado Socialismo del Siglo 21 que el gobierno está promoviendo hay respeto por la propiedad privada, por la inversión, por la generación de empleo y por el crecimiento económico, entonces será bajo ese esquema que viviremos y funcionares, ahí tenemos a Chile y a España gobernados por socialistas y la gente está contenta, pero es que ese es un socialismo con apertura de mercado y respeto a la inversión privada. Aquí parece ser que se quiere cerrar todo, entonces tenemos que ver bien cuál es el socialismo que quiere el gobierno venezolano, porque si el que quiere es el de estrangular a las empresas entonces vamos a estar mal, porque al final al que van a estrangular es al pueblo venezolano porque el gobierno no tiene la capacidad para generar empleo, la verdad es que de cada 10 empleos que se generan 8 los genera el sector privado y solamente 2 el sector público. Se habla de planes como Vuelvan Caracas y la Cogestión, que no son malos per se, sobre toda ésta última, lo que es malo es la imposición. “Si un empresario en un momento determinado considera que la cogestión puede ser rentable o puede ser mejor darle unas acciones de su empresa a sus trabajadores para que trabajen mejor eso no es malo, pero que eso sea un mecanismo voluntario, el problema es cuando eso se quiere imponer o decretar, se estrangulará a las empresas y caerá más la inversión”.

Es la forma de hacer entrar por el carril a los empresarios y mantener al sector privado dominado.

Contra si mismo. Mora indicó que a nivel macro las consecuencias son el cierre de las empresas, la desaparición de los productos, destrucción del empleo y la disminución del poder adquisitivo del venezolano, así como de los ingresos fiscales para el propio Estado.

“Por más que la empresa cierre o sea expropiada y declarada de utilidad pública y de que el gobierno asuma esa producción, no tenemos que olvidar que esa empresa y esa producción también esta siendo subsidiada por los consumidores que pagan impuestos, esos ingresos fiscales, ya sea petroleros o tributarios, son utilizados para mantener ese tipo de empresas las cuales realmente no son útiles o funcionales, ni generan ningún tipo de beneficio al consumidor que es el que está pagando ese costos o esa expropiación, o esa funcionalidad de la empresa que no es la normal. Se pierden muchísimos empleos pues los gobiernos nunca va a estar en la capacidad de asumir todo y de tener el monopolio de todo, pero también se crearía un gran monopolio del Estado, lo que está prohibido en la Constitución Bolivariana”, dijo.

Afirmó que aunque se vea desde un punto de vista social o por una finalidad muy caritativa eso no es lo lógico, “la libre empresa debe existir para que la economía sea sana, y los consumidores podemos fijar el precio de los bienes y servicio de acuerdo a nuestra demanda gustos y preferencia, y ese mercado debe ser controlado por esa mano invisible que es el gusto del consumidor, que hace que el precio llegue a un punto de equilibrio, mientras que el gobierno puede monitorear el precio y evitar que aumente exageradamente”.

Al final el propio gobierno es el perjudicado porque en la medida en que haya menos empresas produciendo y menos empleados devengando un sueldo formal suficiente, habrá menos ganancias e ingresos que declarar y, por lo tanto, menos impuestos que cobrar por parte del Estado, se caerán esos importantes récords de recaudación que tan orgullosamente exhibe el gobierno.

Productores presionan. Los controles y la fijación de precios para los distintos rubros a nivel de productores tampoco es la solución si no se hace a tiempo, según lo afirmó el presidente de Fedeagro, Gustavo Moreno Lleras.

Expuso como ejemplo el caso del maíz cuyo precio para la cosecha de 2005 fue establecido seis meses después de iniciado el ciclo productivo y con más de 60 por ciento de la cosecha adelantada, el ajuste apenas representó un incremento de 8,9 por ciento en el precio con respecto al que se fijó en 2004, muy por debajo de las expectativas de los agricultores y, “evidentemente, sin compensar el aumento de los costos de producción, estimados conservadoramente en 30 por ciento” indicó Moreno Lleras. Aun así lo aceptaron bajo protesta, siempre y cuando la comercialización y su debida cancelación fuese inmediata pero la aplicación resultó cuesta arriba por la extemporaneidad de la resolución, lo que influyó en la resistencia de algunos sectores a adoptar el ajuste y mucho menos aplicarlo con carácter retroactivo cuando se había entregado más de la mitad de la cosecha.

El presidente de Fedeagro considera que la fijación de los precios por sí solas no resuelve los problemas de los productores agrícolas, dado que el control de precios abarca la materia prima y los productos terminados pero la agroindustria desconoce los precios a los que deberá vender los productos procesados lo que paraliza el proceso de comercialización de las cosechas, lo que ocasiona que la industria no reciba las cosechas que tienen que ser almacenadas en silos y se incrementan los costos de almacenaje.

Esto atrasa la colocación y liquidación del cobro de las cosechas por parte de los productores, cuya consecuencia es que se coloca en situación de mora gran parte del financiamiento otorgado a los agricultores, no pueden cancelar sus créditos y éstos se encarecen lo que se hace más críticos en zonas que son afectadas por contingencias climáticas. Ante la presión y desesperación de los agricultores, comerciantes e intermediarios capitalizan la situación pagando las cosechas por debajo de los establecido.

Por otro lado, una parte de la agroindustria que acepta cancelar el precio oficial se toma mes y medio para hacer dicho pago y con giros para ser descontados en la banca con vencimientos que van desde 18 hasta 24 meses de plazo.

Para los productores lo más aconsejable es que el ministerio respectivo y el poder ejecutivo vele por la fijación del precio de la cosecha antes de que esta se siembre, y por la inmediata colocación y cancelación de la cosecha en los términos establecidos, garantizando el pago de los gastos de acondicionamiento, almacenaje e intereses financieros por el inventario aun sin colocar, así como la expresa aclaratoria en términos de vigencia del precio fijado y el ajuste del precio de los rubros en sus diferentes presentaciones, donde dicho rubro tiene un peso importante en la estructura de costos del producto final. Estos planteamientos abarcan los casos del maíz, arroz, sorgo, azúcar, y café.

Moreno Lleras indicó que ha solicitado a las autoridades respectivas llegar a un “acuerdo de racionalización de costos para el Plan Siembra 2006 para evitar el calvario y primivitivismo que significa el ajuste de precios y demás condiciones de comercialización”.


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