Dinero 203: Éxitos y fracasos del plan piloto

Cuando el ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, lanzó el Plan Piloto de Seguridad Ciudadana en octubre de 2004, explicó que intentaría no sólo modificar las cifras reales del delito en el área metropolitana sino también la “percepción” que tiene sobre este problema el ciudadano común.

Más de un año ha transcurrido desde aquella oportunidad. Si tomamos en cuenta solamente las cifras de homicidios (llamado el “delito rey”) aportadas por el propio despacho ministerial, habría que reconocer la efectividad del dispositivo policial, especialmente entre los días jueves y domingo, que es cuando se produce el despliegue de los agentes por toda la ciudad. Para el final de este año, las cifras oficiales de homicidios probablemente reflejarán una disminución de 20 por ciento con respecto al año anterior. No obstante, el plan no ha sido efectivo en su objetivo de modificar la percepción del ciudadano honesto en cuanto a que la delincuencia domina los espacios públicos. Las dos últimas grandes encuestas de opinión (Alfredo Keller y Datanálisis) revelan que la inseguridad continúa situada entre las tres primeras preocupaciones del venezolano, junto con el desempleo y la inflación. Una situación que se ha mantenido invariable durante los últimos 15 años.

Para cambiar la imagen de inseguridad, el Ejecutivo y las fuerzas políticas que lo apoyan han puesto en vigencia legislaciones que impiden la transmisión de informaciones con violencia cruda, e igualmente han entrabado mediante medidas administrativas el acceso a las fuentes que servían de sustento para tales noticias. Simultáneamente, se divulgan estadísticas amañadas según las cuales en Caracas durante una semana específica se baja o se sube de una “barrera” constituida por 300 delitos, que omite, por ejemplo, las cifras de fraudes denunciados, violencia intrafamiliar, tráfico de drogas y problemas asociados, prostitución, etcétera.

En esa misma estrategia, no se toma en cuenta la posibilidad de que haya un desplazamiento de los hampones hacia actividades menos violentas que el homicidio, pero mucho más productivas desde el punto de vista económico, y en las que se está produciendo un importante subregistro o cifra negra, como son el secuestro (en sus modalidades clásica o express) y el asalto a los transportes públicos. La gravedad que han adquirido estas prácticas ha quedado de manifiesto en los frecuentes paros de transportistas, bloqueos de vías en protesta, amenazas de “hora 0” e informes de organismos internacionales como el Consejo de Asesoría de Seguridad en el Extranjero (OSAC, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, que revelan la incidencia de los plagios en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Caracas sigue siendo vista como un lugar inseguro, además de las actuaciones policiales totalmente al margen de la ley. La fuga del Boyaco de los calabozos de la Disip, la matanza de tres estudiantes universitarios en el barrio Kennedy de Macarao, y la perspectiva de que salga en libertad la gran mayoría de los imputados por cooperar o encubrir este crimen, siembra en el colectivo una peligrosa imagen de impunidad. Esto se une a las informaciones sobre la existencia de grupos de exterminio en estados como Falcón, Portuguesa y Aragua. En tales casos los imputados son siempre funcionarios activos de cuerpos armados, quienes han recibido beneficios procesales insólitos, como por ejemplo el régimen de “casa por cárcel”.

Lo más probable es que esta situación se agudice durante el año 2006 debido en buena medida a la ideologización y la destrucción de los cuadros superiores de las policías Judicial y Metropolitana. Se puede argumentar, y con buena dosis de razón, que ambas instituciones ya estaban profundamente afectadas por la corrupción y la incompetencia. Pero las medidas de shock expresadas mediante podas o jubilaciones masivas afectarán principalmente al ciudadano común.


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