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Informe Especial

Radiografías:

Marco legal

 

Pese a que desde 1998 a esta parte la Asamblea Nacional (AN) ha sido escenario de motines, vociferaciones, bombas molotov, ausencias recurrentes de la presidencia, dilaciones y operaciones tortuga, patadas, codazos –y coñazos– e incluso pantalones manchados de clara de huevo, la actividad legislativa ha sido prolífica en estos siete años de gobierno quintarrepublicano.  Eso –diría un jurista– está “ad letram”, es decir, se nota en el papel por la cantidad de caracteres que reúne una enumeración de los nuevos instrumentos legales.

En primerísimo lugar está, faltaba más, la archiesgrimida Constitución de la República Bolivariana de Venezuela –bautizada como “la bicha” por el Primer Mandatario Nacional-, gestada al fragor de los primeros días de gobierno de Chávez, en 1999, y en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente.  De allí se desprende todo lo demás, incluyendo por supuesto la reestructuración del Estado.  Además, la Ley Habilitante conferida al presidente de la República, que permitió a éste emitir 49 decretos con rango y fuerza de ley. 

Pero si bien la Carta Magna vigente es la piedra angular de la “revolución bolivariana”, en el Palacio Federal Legislativo se han engendrado dolores de cabeza aún más graves para la oposición:  la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, verbigracia, o bien la Ley contra Ilícitos Cambiarios, la Ley de Tierras, la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, o la Ley de Impuesto al Valor Agregado.

Aparte de estos instrumentos legales, la lista es numerosa.  Citamos algunos ejemplos:  Ley Orgánica del Poder Municipal, Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley Orgánica Procesal del Trabajo, Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, Convenio Cambiario N° 1, Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Código Orgánico Tributario, modificaciones a la Ley de Impuesto Sobre la Renta, Ley Orgánica de Hidrocarburos, y un largo etcétera.  No todo es tan malo, dirán algunos, con toda justicia.

Marco legal:

Inventario jurídico para el cambio

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