Dinero 201: Cooperativas y cogestión: Cogestión sobre el tapete

Democratización y participación total de los trabajadores en el proceso de toma de decisiones dentro de una empresa, son las premisas fundamentales que sustentan el polémico proyecto de Ley de Participación de Trabajadores y Trabajadoras en la Gestión de Empresas Públicas y Privadas, mejor conocida como Ley de Cogestión, que fue concebido en el seno de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y que llegó a manos del presidente Hugo Chávez en su alocución del primero de mayo de 2005.

Uno de los puntos más álgidos de esta primera versión del texto legal --que aún no ha sido discutido en la Asamblea Nacional-- es el que establece que los trabajadores deben poseer un mínimo de 50% del capital accionario de la empresa “cogestionada”, para así garantizar su representatividad dentro de la junta directiva a la hora de tomar decisiones que garanticen un "correcto y eficiente desempeño" de la compañía.

Además se habla de la creación de un comité de gestión que reafirme la participación de los trabajadores en cada una de las unidades organizativas de la empresa, con el fin de vigilar la ejecución de las decisiones, políticas y estrategias establecidas por la junta directiva.

En cuanto a su ámbito de aplicación, el proyecto de ley es amplio, ya que no sólo considera a las empresas donde el Estado posee parcial o totales derechos de propiedad, sino que también alcanza a las empresas del sector privado que hayan sido declaradas de utilidad pública o de interés social por el Estado, así como a las que posean activos inoperativos que puedan ser recuperados para la generación de empleos, que se hayan declarado en quiebra o hayan cerrado sus operaciones en forma ilegal o sin justificación.

Asimismo, el radio de acción de la ley se extiende a aquellas empresas que estén o hayan estado sujetas a planes de incentivos, políticas crediticias preferenciales o beneficios fiscales o parafiscales por parte del Estado.

Para algunos sectores productivos del país una normativa de este tipo, que pudiese implicar posibles confiscaciones de los medios de producción económicos por parte del Estado, atentaría contra el derecho a la propiedad privada establecido en la Constitución de 1999 y aumentaría aún más la influencia del Gobierno sobre las empresas venezolanas.

Para ahondar más en este tema, DINERO presenta las posiciones de varios voceros de los ámbitos económico, sindical, legal y académico, quienes ofrecen diferentes puntos de vista sobre el esquema de cogestión que hasta ahora ha planteado el sector oficialista como una vía para garantizar el protagonismo de los trabajadores a la hora de reactivar algunos sectores de la economía nacional.

Expropiaciones de facto. El proyecto presentado por la Unión Nacional de Trabajadores está cargado de ambigüedades jurídicas y se basa en un “esquema igualitarista a ultranza” que afecta el derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución de 1999.

Tal es la opinión de Carlos Alberto Granier, director de la asociación Cedice Libertad, quien señala que esta ley plantea “expropiaciones de facto”, pues no define cómo se va efectuar la repartición a partes iguales del capital accionario de las empresas entre sus propietarios y trabajadores.

Al respecto, afirma que la cogestión, tal y como se plantea en este gobierno, es un esquema “coactivo y obligatorio”, pues abarca expropiaciones sin ningún tipo de compensación ni proceso tribunalicio. Asegura que, de aprobarse esta ley, la misma se aplicaría a todo el sector privado, con lo cual “se obligaría a ingresar al esquema de cogestión a toda empresa que esté sujeta o haya estado sujeta a planes de incentivos, políticas crediticias preferenciales o beneficios fiscales o parafiscales por parte del Estado, como pudiera ser el caso de la tramitación de divisas en Cadivi”.

Ideología sin efectos. Por su parte, Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), cree que la cogestión no puede ser vista como la única alternativa para reorganizar la economía del país.

En cuanto al proyecto de ley de la UNT afirma que el mismo tiene un “sesgo estatista” que implica una intervención total del Gobierno dentro de las empresas que pudiesen asumir este esquema.

A su juicio, si este esquema parte sólo de la ideología no tendrá ningún efecto a la hora de reducir el desempleo ni atacar la pobreza, tal y como lo demuestran las diversas misiones que ha implantado el Gobierno y que no representan por sí mismas un sistema de seguridad social.

Considera que la cogestión como la define Chávez plantea no sólo un cambio de estructuras en materia de factores de producción, sino que también mezcla cinco conceptos diferentes, como lo son el control obrero, la autogestión, la microempresa, el cooperativismo y la “cogestión revolucionaria”.

No obstante, indica que debe desmitificarse el tema, debido a que la cogestión, planteada en términos correctos, no es un concepto revolucionario ni es la primera fase de la revolución de los obreros contra el capitalismo. Al contrario, este esquema es propio de países capitalistas que buscan una integración y colaboración de las clases sociales en materia de producción.

Al respecto, señala que ya existen diversas formas de cogestión que incluyen participación en la gestión de las empresas, participación accionaria y participación en decisiones de la empresa.

En materia laboral, Manuel Díaz Mujica, abogado de Baker & McKenzie, afirma que la cogestión significa un replanteamiento de las relaciones laborales, donde el patrono tiene que manejarse con un nuevo socio para afrontar la realidad de la que antes fue su empresa. Señala que, por ejemplo, habría muchos cambios a la hora de discutir un contrato colectivo, pues ya el trabajador empieza a pensar como capitalista y sobre la base de la productividad de la empresa.

Por otro lado, refiere que los sindicatos verían disminuidas sus funciones, pues los trabajadores ya tendrían una representación directa en la junta directiva de la empresa y en otras áreas estratégicas de la empresa, como en la gerencia de recursos humanos. Asegura entonces que si el trabajador pasa a ser un coadministrador y un gestor de su propio futuro, no es difícil pensar que el sindicato podría terminar sobrando en este tipo de esquemas.

¿Modelo socioeconómico?. A juicio de Franklin Rondón, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores, la cogestión obrera representa un nuevo modelo de relación socioeconómico, que se traduce en un gran desafío a la creatividad, talento y capacidad que tienen los venezolanos para construir alternativas que permitan fortalecer la economía nacional.

Explica que este esquema implica una mayor justicia y una mayor participación de las clases trabajadoras en la conducción de las empresas. Al respecto, sostiene que las empresas deben ser vistas como entes de naturaleza social y órganos productivos que no pueden estar determinados por los intereses económicos privados, ni deben ser terrenos reservados para quienes disponen de la propiedad.

Subraya que debe romperse el esquema tradicional de la estructura de una empresa capitalista, en el que el monopolio de las decisiones y la distribución de las ganancias no permite a los trabajadores participar en su gestión y sus beneficios.

Asegura que la cogestión es el “arma del cambio social” que garantiza el paso hacia una nueva sociedad y hacia una verdadera participación de los trabajadores en la empresa en cuanto a distribución de beneficios, toma de decisiones, comercialización y producción.

Afirma que el proyecto de Ley de Cogestión diseñada por la UNT adolece aún de muchas fallas que espera sean corregidas durante su discusión en la Asamblea Nacional, en la cual espera se dé una consulta pluralista e interinstitucional para que el texto final beneficie realmente a los trabajadores.

Reitera que bajo ningún concepto la cogestión se plantea como una violación de la propiedad privada, sino que busca garantizar una mayor participación y conciencia social de la economía venezolana.

Un proceso voluntario. Para Eduardo Gómez Sigala, presidente de Conindustria, es necesario evaluar con profundidad el esquema de cogestión planteado por el Gobierno como forma de reactivar la capacidad de producción de ciertas empresas nacionales. A su juicio, la propuesta realizada hasta los momentos no prospera, ya que se presenta como un mecanismo obligatorio e impuesto. Sostiene que no se debe exigir este tipo de modelo de desarrollo para poder ser proveedor de materia prima para las grandes industrias del Estado ni para recibir financiamiento del Gobierno.

Esta idea la comparte Alejandro Disilvestro, abogado del escritorio D’Empaire, Reyna, Bermúdez y Abogados, quien subraya que este modelo debe ser el resultado de un proceso voluntario y no debe ser decretado por un gobierno.

Comenta que, de no ser así, prevalecería el interés del Estado sobre los intereses de los trabajadores y la cogestión pasaría a ser parte del engranaje del proceso político del Gobierno.

Disilvestro acota que, en esta materia, la tendencia actual es contraria a la creación de órganos de control y participación en decisiones de la empresa. Para ello se busca el fortalecimiento del acceso de los trabajadores al capital accionario como vía de democratización industrial, para así hacerlos partícipes de forma voluntaria de las utilidades de la empresa.

Considera que en Venezuela ya existe cogestión cuando, por ejemplo, se brinda al trabajador participación de las utilidades de la empresa y cuando en las contrataciones colectivas se establecen comisiones mixtas de control de gestión.

Equivocado en 70%

Orlando Chirinos, coordinador de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (Fentrasep), señala que, aunque 70% del proyecto de Ley de Cogestión está equivocado, el mismo abre un proceso de debates entre el sector sindical venezolano, las empresas privadas y sectores del mismo Gobierno para definir el rol que tendrán los trabajadores en el Estado que se quiere construir.

Reitera que Fentrasep no quiere un régimen cubano en Venezuela, ni tampoco una ley que venga de un decreto o que sea aprobada sin ningún tipo de debate. Afirma que esta ley es urgente para el sector privado, pues muchas empresas están quebrando adrede, afectando los derechos laborales de sus trabajadores.

El conocimiento como base

En opinión de Ernesto Blanco, profesor de gerencia estratégica y competitividad del IESA, resulta necesario que los trabajadores, como “dolientes” de la empresa cogestionada, posean una formación adecuada que les permita entender todo lo relacionado con sus procesos de producción.

Además indica que, antes de tomar cualquier decisión, debe haber un proceso de concientización que les permita ver a los trabajadores que sus beneficios están en relación directa con la productividad de la empresa y que, en caso de generarse pérdidas, deben entender las consecuencias de una situación de este tipo.

Condiciones para cogestionar

Existencia de un pluralismo ideológico y un sólido sistema democrático.
Insertar la vía cogestionaria en un modelo de reconstrucción de la economía nacional e integración en el mercado mundial.
Contar con poderosas organizaciones sindicales y centrales.
Plantearlo como modelo integral en empresas estatales y privadas armónicas con la construcción económica del país.
Verla como una vía para la recuperación del empleo.
Generar un debate nacional sin exclusiones entre centrales sindicales, representantes empresariales y Asamblea Nacional.
Proteger conquistas laborales y contratación colectiva.
No crear esquemas que culturalmente no se adaptan al país.
Buscar soluciones sencillas para ser partícipes a los trabajadores de los beneficios de las empresas.

Fuente: Alejandro Disilvestro, escritorio D’Empaire, Reyna, Bermúdez y Abogados.

Empresas endógenas

• Invepal (Industria Venezolana Endógena del Papel): ubicada en el Municipio Juan José Mora (Carabobo), la antigua Venepal es la empresa bandera del proceso de cogestión impulsado por el Gobierno. Tiene cinco líneas de producción para fabricación de cuadernos a bajos precios, papel recubierto, papel marrón, de dibujo y resmas de papel. Cuenta con un plan de financiamiento de 13 mil millones de bolívares, que serán administrados por sus trabajadores.

• Invetex (Industria Venezolana Endógena Textil): ubicada en la zona industrial textil norte de Tinaquillo (Cojedes), este nueva industria estatal textil producirá alrededor de 180 mil kilos de hilo en una primera etapa. Se estima que el ritmo normal de producción se ubique en los 600 mil kilos de hilo y un millón de metros de tela al mes.

• Inveval (Industria Venezolana Endógena de Válvulas): esta empresa, ubicada en Carrizales (Miranda), producirá válvulas industriales y bridas de todo tipo. Arranca con un aporte de 2,9 millardos de bolívares por parte del Ministerio de Economía Popular y un préstamo de 2,8 millardos de bolívares otorgado a sus trabajadores por el Fondo para la Promoción y Protección del Empleo de este mismo ministerio.


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