Dinero 194: Ley de tierras: "La Reforma Agraria acabó con los últimos reductos de latifundismo"

Los marxistas tradicionales deben darse vuelta en su tumba cuando oyen hablar de que más de 5 mil hectáreas constituyen latifundio, así por extensión. Existe el concepto de relación de producción precapitalista, eso es latifundio. Pero Venezuela no es precapitalista, es un país completamente capitalista", enuncia Olivier Delahaye, profesor de la Facultad de Agronomía de la UCV, en alusión al concepto de latifundio contenido en la Ley de Tierras de 2001, a partir del cual una gran cantidad de gobernadores de Estado adelanta, desde diciembre de 2004, un proceso de intervención de tierras bautizado como "guerra contra el latifundio".

El académico opina que el calificativo no es más que "una bandera. Equivocada posiblemente, pero sirve; políticamente todo sirve, hasta que se echa a perder", sentencia. Delahaye, quien ha publicado dos investigaciones exhaustivas sobre la tenencia de tierra en Venezuela y escrito numerosos artículos acerca del tema, sostiene que el modelo latifundista sobrevivió en nuestro país aproximadamente hasta los años 40 del siglo pasado, decenio a partir del cual sólo podían observarse reductos aislados de latifundismo, que fueron definitivamente borrados del mapa por la Reforma Agraria iniciada con el Pacto de Puntofijo, a finales de la década del 50.

Cinco siglos y noventa días. El catedrático no advierte mayores diferencias entre la presente Ley de Tierras y la Reforma Agraria puntofijista. Piensa, no obstante, que los objetivos de aquella "son más generales". Y precisa que la gran diferencia "es que esta Ley no tiene ninguna implementación". Pone como ejemplo el término "función social", presente en la norma, pero huérfano de toda definición. "No se dice cuáles son los criterios", cuestiona.

Además, observa que "la Ley dice que no se puede tener más de 5 mil hectáreas. Pero, ¿cómo se va a averiguar esto? - inquiere y prosigue -, el registro es incapaz de chequear eso, el catastro no existe en buena parte del país. Es una medida que no se puede aplicar".

Pero los gobernadores están interviniendo las tierras y estableciendo acto seguido una comisión con un plazo de 90 días para estudiar los casos...

En la cuestión de tierras los problemas tienen cinco siglos de origen. En 90 días no se va a conseguir ni el 10% de los títulos. Eso es una ilusión.

Entonces, ¿para qué lo están haciendo?

Eso hay que preguntárselo a ellos. Yo pienso que hay otra motivación, que no sé cuál es. Puede haber muy buena voluntad, pero también desconocimiento de la realidad

Sopesar la situación. Duda que los terrenos "ociosos" vayan a ser expropiados. Más bien, espera que los dueños de los hatos intervenidos "tengan la inteligencia de sopesar la situación". Reacio a citar nombres o casos puntuales asevera, sin embargo, que "actualmente hay ganaderos que supieron manejar esta situación, vendieron parte de su tierra a grupos de campesinos, a un plazo de veinte años, pagándoles los novillos que nacerán. Hay varias visiones dentro de los ganaderos, pero estoy convencido que la visión, muy tradicional, de ‘no voy a hacer nada’ es un rotundo error". Finalmente, el profesor señala como un rasgo característico de la situación actual el hecho de que la mayoría de las invasiones son "periurbanas", es decir, "terrenos agrícolas o baldíos que invaden para construir viviendas".

Público y privado. El problema de la tierra en Venezuela – comenta Delahaye – se remonta a la época de la Colonia. Un estudio suyo da cuenta de cómo "las Bulas Alejandrinas (Roma 1493) han determinado el papel central del Estado en el tratamiento de la cuestión agraria en Venezuela: apenas llegó a Roma la noticia del retorno de Colón, el Papa Alejandro VI promulgó las llamadas Bulas Alejandrinas, las cuales dictaminaban la repartición de la propiedad de las tierras ‘descubiertas o por descubrir’ entre las Coronas de Portugal y España" (DELAHAYE, Olivier: La discusión sobre la Ley de Tierras: Espejismos y realidades. Revista Sic, Centro Gumilla, Agosto 2002).

El académico aporta que, desde entonces, la historia ha sido testigo del contrapunto entre las formas legales e ilegales de hacerse con la propiedad de las tierras. "Desde entonces – explica -, la tenencia privada se ha formado a partir de estas tierras públicas". Conquistadores inicialmente, y luego eso que Delahaye opta por denominar "los grandes cacaos", o los amos del valle, como los caracterizó Francisco Herrera Luque en su obra homónima, se apoderaron de vasta extensiones bien de manera legal (a través de una especie de título de propiedad expedido por la Corona, llamado "merced"), o bien de manera ilegal (mediante ocupaciones, invasiones, asesinatos y masacres).

Aquellos que procedieron de manera ilegal en ese entonces – ilustra el experto – regularizaron posteriormente sus situaciones a través de un proceso denominado "composición", mediante el cual los ocupadores compraban la tierra ocupada a la Corona. Ya en la época de la Independencia, si bien no existía un mecanismo formal de regularización, "la enajenación de baldíos regularizaba una situación de hecho. Un general, un caudillo, compraba a la nación unas leguas por una miseria, si bien muchas veces él ya estaba allí". Por último, a mediados en el siglo XX, se da inicio a la Reforma Agraria. Ésta contemplaba un programa de dotación de tierras para los campesinos, por un lado, pero también supuso al cabo de unos años la puesta en marcha de un proceso de regularización de tierras invadidas. En agosto de 1979 se dicta el Decreto de Regularización de la Tenencia. "Ese decreto se aplicó masivamente, tanto que el ritmo de regularización ha sido tres veces mayor que el ritmo de dotación", revela.

Consecuencias e implicaciones. El docente precisa que ese proceso de alternancia entre vías legales e ilegales tiene en la actualidad tres consecuencias: la propiedad está muy concentrada (grandes extensiones en manos de unos pocos), la precariedad (hay un registro escaso de la titularidad) y, además, de 30 millones de hectáreas cultivadas, y 45 millones de uso potencial, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) es propietario de entre 8 y 20 millones de hectáreas.

Delahaye resume las implicaciones económicas del devenir histórico del problema de la tierra en nuestro país de esta forma: "La agricultura en Venezuela fue ‘buena’, en el sentido en el cual su nivel productivo era comparable al de los demás países con idénticas producciones en la misma época, desde los inicios de la hacienda y del hato (siglo XVI) hasta los años 1930, debido a los embates de la crisis mundial mientras el auge del petróleo permitía no enfrentar dicha crisis, tal como lo hizo Colombia, que siguió siendo un gran productor de café. Desde entonces, la producción para la exportación decayó. Pero apareció una nueva agricultura, con técnicas modernas, mecanizadas, para abastecer el mercado urbano en pleno auge, y ésta aumentó su producción con un buen ritmo - con sus altibajos, claro está, pero la tendencia es creciente - hasta el día de hoy".


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