Inversiones por partida doble

 

El presupuesto público y el Fondo Especial de Desarrollo de Pdvsa son las dos partidas que tiene el Gobierno para ejecutar programas de infraestructura pública. Más allá del debate sobre cómo se canalizan estas asignaciones, Dinero presenta un informe que muestra los principales proyectos de obras públicas previstos por el Ejecutivo Nacional en la Ley de Presupuesto 2005, y las posibilidades de participación que tendrá el sector privado en el desarrollo de estos programas a la luz de los nuevos cambios en el organigrama ejecutivo

 

Los planes de inversión que tiene planteado concretar el Ejecutivo nacional durante el año 2005 no se remiten exclusivamente a los proyectos que están incluidos en la Ley de Presupuesto Público para el próximo año, que prevé un nivel de gastos por el orden de los 69 billones de bolívares, de los cuales solamente 8,1% (5,72 billones de bolívares) se concentran en programas de infraestructura pública.

Sin embargo, uno de los problemas que afronta el Gobierno para ejecutar estos recursos es el hecho de que en su mayoría son planes que están sujetos a ingresos fiscales extraordinarios, los cuales se esperan obtener por operaciones de crédito público a través de la de emisión de bonos en el país o en el exterior, o mediante algún préstamo que otorgue algún organismo multilateral, como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento o el Banco Mundial.

En tal sentido, en ocasiones un proyecto debe esperar varios meses para que se obtengan los desembolsos provenientes de alguna operación de deuda o estar sometido a la evaluación que realicen los equipos técnicos del BID o la CAF. Frente a esta situación, una de las salidas que encontró el Ejecutivo fue la de utilizar 50% del excedente de los ingresos petroleros que está percibiendo el país.

En un principio se planteó la posibilidad de que los recursos obtenidos por los altos precios que registra el crudo canalizaran a través de créditos adicionales tal como impone la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, pero esta decisión hubiera obligado al Gobierno a hacer un apartado para los estados: por un lado 20% por concepto de situado constitucional y por el otro una fracción no menor de 25% por el pago de regalía o impuesto a la explotación de hidrocarburos que paga Petróleos de Venezuela.

Por lo tanto, se planteó como salida que Pdvsa no entregara al Banco Central de Venezuela una fracción del dinero que le entra por las exportaciones de crudo y desviara ese dinero para programas de infraestructura pública, mucho de los cuales se refieren a proyectos que no han podido concretarse en más de 30 años debido al hecho de que siempre han dependido de recursos extraordinarios.

De esta manera, desde principios de 2004 se optó por la creación del Fondo Especial de Desarrollo de Pdvsa por un monto de 2 mil millones de dólares (aproximadamente 3,8 billones de bolívares al tipo de cambio oficial de 1.920 bolívares por dólar), sobre el cual se hicieron varios apartados a través de cuentas de fideicomiso que administra el Bando de Desarrollo Económico y Social de Venezuela.

Esta misma opción está prevista para 2005 con un mismo monto en dólares, pero con la devaluación de 12% que está planteada en los cálculos oficiales se podría llegar a 4,3 billones de bolívares, que servirán para darle continuidad a parte de los programas que se ejecutarán a través del referido fondo especial.

 

Trenes y vialidad. El Ministerio de Infraestructura es el organismo que prácticamente concentra un tercio de lo que se prevé ejecutar a través del presupuesto público, sin contar que buena parte de los programas de vialidad que se ejecutarán a través de los recursos de Pdvsa también estipula que sea el Minfra el organismo responsable del dinero que se encuentra en los fondos fiduciarios que administra el Bandes.

En lo que respecta a lo previsto en la Ley de Presupuesto, el despacho de Infraestructura prevé erogar 1,6 billones de bolívares durante 2005, de los cuales 43% de esta cantidad (710 mil millones de bolívares) se concentran básicamente en avanzar con el plan ferroviario del país, que en la actualidad tiene dos vías: la primera, que uniría a Caracas con los valles del río Tuy, y la segunda, para avanzar en la conexión entre Puerto Cabello y la población de La Encrucijada en el estado Aragua.

Adicionalmente, se incluyó un apartado por 254 mil millones de bolívares, que se dirigirá al programa de gestión y conservación de la red vial principal, que incluye las principales autopistas y carreteras del país, mientras que la cuarta parte de las inversiones del Minfra, equivalente a 412 mil millones de bolívares, se lo llevan los tres proyectos de trenes subterráneos que se están construyendo en Caracas, Maracaibo y Valencia, respectivamente.

Una de las prioridades es la conclusión de la línea 3 del Metro de Caracas, que abarca desde la estación de El Valle hacia el Hipódromo de La Rinconada, al igual que la terminación de la línea 4 de este sistema de transporte, entre las estaciones de Capuchino y Plaza Venezuela.

 

Resto de la inversión. El monto total destinado para la ejecución de los programas y proyectos de obras públicas de 2005, asciende a la cifra de Bs. 14 billones (ver gráfico, pág. 17). Según el informe sobre el Impacto Económico y Presupuestario elaborado por la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea este monto se reparte de la siguiente manera:

- 27,5% corresponde a los sectores productivos (Agricultura y Tierras; Producción y Comercio; Planificación y Desarrollo; Energía y Minas),

- 14,6% a los sectores sociales (educación, cultura y deportes; educación superior; salud y desarrollo social; trabajo, comunicación e información, economía popular y alimentación),

- 40,5% al sector de obras públicas e infraestructura (Minfra,  y Ambiente y Recursos Naturales) y;

- 17,4% para los sectores no vinculados a políticas directas de crecimiento y desarrollo económico (Interior y Justicia, Finanzas, Defensa, Ministerio Público, TSJ, y Asamblea Nacional).

 

Inversión ambiental. El sector de obras públicas e infraestructura integrado por el Minfra y el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, ocupa el primer lugar entre los proyectos con mayores asignaciones, seguido del Ministerio de Planificación y Desarrollo dentro de las inversiones ejecutadas por los sectores productivos.

En la exposición de motivos sobre la Ley de Presupuesto de este año el Ejecutivo Nacional explica que el Ministerio del Ambiente "recibe asignaciones de créditos presupuestarios por Bs. 798.291 millones, lo cual representa el 1,2% del total y el 0,4% del PIB".

Los programas y proyectos de inversión ascienden a Bs. 524.793,6 millones destacando los siguientes:  Acueducto Bolivariano del Estado Falcón por Bs. 90.000,0 millones; Obras de regulación y trasvase, desarrollo agrícola del Valle de Quibor y conservación de la Cuenca del Río Yacambú Bs. 51.734,2 millones; Modernización y rehabilitación del sector Agua Potable y saneamiento Bs. 42.550,0 millones y Sistema de saneamiento y tratamiento de aguas servidas Maracaibo Norte por Bs. 20.000,0 millones, y saneamiento ambiental integral del Lago de Maracaibo Bs. 24.400,0 millones.

 

 

Volver a los ejes Uno de los organismos que también manejará buena parte de los recursos para la inversión pública es el Ministerio de Planificación y Desarrollo, el cual tiene para proyectos de infraestructura una asignación de 659 mil millones de bolívares, de los cuales un tercio de este dinero (215 mil 500 millones de bolívares) se destina al programa de zonas especiales de desarrollo sustentable, conocidas por las siglas de Zedes, las cuales se conciben como aquellas áreas del país donde se prevé que pudiera fomentarse el crecimiento de centros urbanos que permitan reducir la concentración de población que se registra en Caracas y en los estados centrales del país.Las llamadas zedes forman parte de la idea que desde principios del gobierno del presidente Hugo Chávez ha sostenido el ministro de Planificación, Jorge Giordani, quien ha promovido la creación del llamado eje Orinoco-Apure, aunque este plan ha encontrado objeciones por parte de los organismos multilaterales. Adicionalmente, en el presupuesto que maneja el despacho de Planificación figuran más de 167 mil millones de bolívares para la conclusión del proyecto hidroeléctrico de Caruachi, en el estado Bolívar, más otros 39 mil millones de bolívares que serán entregados a Edelca (Electrificación del Caroní) para la mejora de los sistemas de transmisión. De igual manera, se incluyeron recursos para la reactivación o recuperación de empresas del Estado, como el caso de la compañía de telecomunicaciones adscrita a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG Telecom), la fábrica de tractores para el sector agrícola, Veniran Tractor, o la continuación de los planes de expansión de las empresas del aluminio, para las cuales están planteadas específicamente la conclusión de la línea 5 en el caso de Alcasa y de la línea 6 para Venalum.

Más para las grandes obras Álvaro Sucre Fagré, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, piensa que 2005 será un año mejor que 2004 para el sector en términos presupuestarios, pero considera que aún los montos asignados son muy inferiores a los registrados en 2001. Sucre Fagré estima que este año se destinarán unos 6.800 millones de dólares; "esperemos que sea más", para adelantar diferentes obras, apenas 12% más que los 6.000 millones presupuestados en 2004. En 2001 las asignaciones presupuestarias para el sector construcción alcanzaron los 10.500 millones de dólares. Establece que el sector privado de la construcción se verá beneficiado bajo ciertas condicionantes. Buenos Ánimos. Ve con buenos ojos el incremento –difícil de precisar en porcentajes, según explica– en las asignaciones para las grandes obras de infraestructura que han permanecido inconclusas. Menciona la continuación del segundo puente sobre el río Orinoco, el Trolebús de Mérida, las líneas 3 y 4 del Metro de Caracas, el ferrocarril Caracas-Tuy Medio, los metros de Valencia y Maracaibo, entre otros. "Una posición de la Cámara es que antes de emprender nuevas obras, es fundamental que se culminen las ya iniciadas", destaca. "A través de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) y del Fides, va a haber un incremento, específicamente la LAEE, a través de la cual un porcentaje del excedente de los recursos del sector petrolero va a ser destinado a los Estados que producen petróleo, por ahí va a haber un aumento de lo que es la inversión en infraestructura", aporta Sucre Fagré. Consultado acerca de la calidad de las sinergias entre el sector privado de la construcción y el Gobierno, el directivo expresa que es positivo que el sector gubernamental incluya dentro de su agenda la inversión en infraestructura, transporte y vivienda, además de reconocer que "hay buena disposición del Gobierno de sentarse a dialogar, a oír nuestras opiniones en relación con estos temas, ya que están en agenda". No obstante, advierte en este sentido que en el sector oficialista hay dos corrientes de pensamiento, o "filosofías", como él prefiere llamarlas: una que ve con entusiasmo la incorporación del sector privado al proceso de desarrollo de obras, y otra que prefiere rescatar formas más tradicionales, como las cooperativas. Opina que deben organizarse todos los sectores involucrados –sin dejar nunca de lado al sector privado informal– para reactivar el negocio de la construcción, y propone la creación del Consejo Nacional de la Construcción, quizá presidido por el primer mandatario, a fin de canalizar las necesidades inherentes al sector. Ciertas contradicciones. "Vemos con preocupación la Ley de Protección al Deudor Hipotecario (LPDH), porque hay contradicción con lo que se establece en esta ley y algunas de las propuestas de los representantes del sector gobierno". Sucre comenta que en conversaciones con el sector gobierno, específicamente con la vicepresidencia, se ventiló la posibilidad de acometer la construcción de viviendas de carácter social a través del financiamiento de organismos multilaterales como el BID, la CAF o el Banco Mundial. El obstáculo radica en que estos organismos "exigen que no se den subsidios a las tasas de interés, sino que se haga a través de un subsidio directo a las familias que requieran de la vivienda", y la LPDH establece, entre otras cosas, tasas de interés sociales, torpedeando de algún modo las conversaciones preliminares. Sin embargo, el ministro Julio Montes reconoció hacia finales de 2004 –resalta Sucre– que la gestión gubernamental en materia de construcción había fracasado por haberle dado la espalda al sector privado. Sucre sostiene que en 2004 se construyeron 8.800 viviendas de interés social, cifra que califica de "dramática", pero observa como un punto favorable la creación del Ministerio de la Vivienda, despacho que anunció que para este año proyecta construir 90 mil viviendas. Aunque aún no saben qué participación tendrán en ese proyecto, "yo veo muy difícil que se alcance esa meta sin tomar en cuenta al sector privado formal y al informal". El jefe del Estado anunció, por su lado, la firma de un convenio con China para construir un elevado número de viviendas populares este año. "Con relación al convenio con China, nosotros pensamos, por lo que hemos podido observar, que va a beneficiar al país. A través de este convenio se van a explotar las maderas que hay en Venezuela, específicamente en la zona denominada Uverito, para hacer casas de interés social, por un lado, y muebles por el otro". Afirma que la Cámara Venezolana de la Construcción está a favor de la inversión extranjera siempre y cuando sea "en igualdad de condiciones", es decir, que las empresas foráneas no vengan al país en mejores condiciones que las que encuentran las empresas criollas en el exterior. A.R.

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