Gane quien gane, el proceso revocatorio deberá afrontar una difícil perspectiva. Para la banca y la bolsa la situación empeorará si cualquiera de las partes piensa ignorar al otro y no los asimila para un proyecto futuro de país. En el campo petrolero ampliar la producción y cambiar la tendencia de contracción llevará años.

Los borrascosos, difíciles y zigzagueantes caminos que sigue la política y la economía venezolana llegan nuevamente a una encrucijada con el proceso revocatorio del presidente de la República.

Muchos esperan, después del 15 de agosto, entrar de nuevo en el camino del consenso y la recuperación del país, un rumbo que se perdió hace muchos años y que hoy se encuentra en el súmmun del deterioro económico después de lustros de desidia y medidas erradas.

¿Pero es factible un viraje de las expectativas de los agentes económicos?

Los analistas coinciden en afirmar que la situación política del país va a seguir en una circunstancia de gran convulsión, sea cual sea el resultado del primer referendum revocatorio que los ciudadanos venezolanos celebrarán para determinar si dejarán sin efecto la gestión del presidente Hugo Chávez.

Al revisar las posibles consecuencia de la opción ganadora el próximo 15 de agosto, Miguel Rodríguez, ex ministro de planificación de Venezuela y actual decano de la facultad de economía de la Universidad Santa María, sostiene que cualquier predicción en los actuales momentos se circunscribe a un mero ejercicio académico en donde en vez de dos escenarios de análisis del panorama macroeconómico que asumirá la nación un día después de este proceso electoral, se podrían reducir ambos a una sola conclusión: pase lo que pase, Venezuela va a continuar durante un tiempo en una situación de desestabilización política.

La incertidumbre del proceso abre para Rodríguez la posibilidad de efectuar el análisis desde otras tres perspectivas, de las cuales dos serían resultado de las opciones previstas, Sí o No, y una tercera resultaría de un escenario de transición.

Chávez NO se va

Si Chávez continúa al mando del Ejecutivo nacional, después del referendum o de unas elecciones cercanas donde participe con permiso jurídico del Tribunal Supremo de Justicia, va a querer arreciar su proceso de consolidación del poder y eso va a seguir generando graves problemas políticos en el país, afirma Rodríguez, que sostiene además que la política económica del presidente venezolano va a continuar siendo la misma, en términos generales. Sin embargo, Rodríguez no proyecta una mayor radicalización del proceso, ya que no ve a Chávez gobernando "una Cuba miserable, con un proyecto exclusivamente castrista, básicamente porque Venezuela no es Cuba".

"Venezuela tiene el gobierno más poderoso de América Latina, no hay un gobierno en términos relativos, con relación al tamaño del país y de sus recursos, como el de Venezuela. Existen pocos en el mundo que puedan comparársele". Uno de esos casos podría ser Brasil, no obstante, advierte que el venezolano es inmensamente más poderoso comparando las dimensiones de ambas naciones.

Esta política económica según la visión de Rodríguez, es la misma que han repetido los gobiernos de los últimos treinta años (Luis Herrera, Lusinchi, Caldera y Chávez), montada sobre el ciclo petrolero y el control de la producción y la inversión del crudo venezolano para fortalecer el precio del barril a fin de otorgarle más recursos al Gobierno de turno. Esta política es la que ha originado los terribles resultados que hoy registra la economía nacional.

"Cuando el Gobierno tiene real, la economía no crece; este efecto se conoce como la enfermedad holandesa --la sobrevaluación de la moneda impide el crecimiento de la economía y gran parte de los recursos que entran se van en importaciones y salida de capitales".

Para demostrar su tesis, Rodríguez apela a las cifras registradas en el PIB de los últimos 5 años. "En 1999 el PIB per capita cayó 11%, debido a la baja en los precios del crudo en el mercado internacional. Sin embargo, no hay que olvidar que el gobierno de Chávez tuvo una bonanza entre los años 2000 y 2001, resultado del incremento de los precios del petróleo a escala mundial, y sin embargo la economía no creció significativamente --3% y 2,5%, respectivamente--, debido esencialmente a que el gasto público se incrementó en 50%. En el año 2002, antes del paro, el PIB per capita cayó 12% como consecuencia del ajuste de comienzos de año ocasionado por la crisis fiscal, la cual empujó el aumento del IVA y la aplicación del IDB, se recortó el gasto y se ajustó el tipo de cambio, lo que generó una madre devaluación. En el 2003 se registró una caída de 13%, lo que da en total un decrecimiento cercano a 35% durante estos últimos cinco años, con tremendos precios del petróleo", dice Rodríguez.

Este año se va a registrar un crecimiento de entre 8% a 10%, que es un rebote del paro del 2002, sin embargo, para Rodríguez, este repunte de la economía no va a ser sostenible en los próximos años, ya que se empiezan a ver en el mercado los síntomas de la sobrevaluación de la moneda. "El dólar paralelo se va a seguir desplazando hacia arriba en el mediano plazo, mientras que los niveles de gasto público van a continuar en niveles muy altos".

Rodríguez proyecta que ante este panorama económico la figura del presidente Chávez o, mejor su dicho, su gestión, podría ser comparada sólo con la de Mahathir, "el autócrata que concentraba todo el poder en Malasia, pero que se entendía perfectamente con las multinacionales, con los productores locales y a quien le encantaba el control de cambio".

Para Rodríguez es difícil que en un escenario de continuación de Chávez en el poder se pueda ir a un esquema de aumento de la producción petrolera, ya que esa ha sido la bandera de la política de recortes. "Esta es una política fracasada que no permite el crecimiento y la misma es sostenible sólo hasta donde aguante el mercado petrolero, lo que es historia contemporánea de Venezuela".

Bajo esta misma proyección, el gobierno de Chávez mantendría todos los impuestos que aplica en la actualidad con los mismos niveles de tasas, ya que el actual ministro de Finanzas --Tobías Nóbrega-- está consciente de la volatilidad que representa el mercado petrolero, a pesar de las proyecciones sobre el fortalecimiento de los precios gracias al crecimiento que experimentan naciones como China y la India.

La participación del sector industrial se daría en la medida en que las empresas se acerquen al Presidente y éste vea que no van a conspirar en su contra. "Él va a seguir con el tema de la Ley de Tierras, pero va a tener que adaptarse, ya que los necesita (a los empresarios)".

"Para el próximo año tendríamos entonces una disminución del crecimiento del PIB, el cual no debe pasar de 3% a 4%, y un posible cuadro de ajustes macroeconómicos si llegan a moverse hacia la baja los precios del petróleo".

Sobre la continuación de la actual política social del presidente Chávez, Rodríguez tiene sólo un comentario tajante: "Las misiones son la expresión más rotunda del fracaso total en materia de política educativa y de salud pública de este Gobierno".

Chávez SÍ se va

De resultar vencedora esta opción, se abrirían dos posibles escenario para la coalición vencedora:

Gobierno de transición. Este escenario parte de la misma situación de inestabilidad que se describe para toda opción ganadora. La diferencia está dada por el liderazgo que respaldaría está opción.

El común de la gente piensa que va a ser un gobierno vacilante, débil para tomar decisiones fundamentales. Rodríguez salva distancia y refiere que no podría hacerse una proyección comparativa del gobierno de transición de Ramón J. Velázquez con el que pudiera darse a partir del 16 de agosto.

En términos de política económica, advierte Rodríguez que un gobierno de transición que no esté dispuesto a cambiar la actual estrategia económica, que no tome decisiones de fondo, terminaría siendo la prolongación de la gestión chavista y, por ende, el continuismo de la política rentista, con resultados muy pobres. Según la visión de Rodríguez, de la actual gestión gubernamental no habría nada que salvar.

Este escenario de transición plantea una perspectiva nada favorable para el país si la coalición oposicionista a Chávez no toma fuertemente las riendas del país y deja de hablar de mantener algunas de las políticas del actual Gobierno, como el control de cambio o el caso de las misiones.

"Si en este escenario llegará a desarrollarse una política de expansión petrolera, en una coyuntura de sobrevaluación de la moneda, el impacto del crecimiento sería menor", dice Rodríguez.

Gobierno de viraje. Este escenario requería de un gran liderazgo por parte del sector político para lograr las transformaciones que la nación necesita y es allí donde está la gran dificultad advierte Rodríguez, que afirma que es precisamente este grupo social el encargado de señalar a la sociedad sobre el país de mendigos que tenemos, y además el que debería fijar la meta a ser seguida en el futuro, por ejemplo, "vamos a convertirnos en 20 años en un gran país de clase media".

Aquí no hay liderazgo político que tenga capacidad para empujar este gran cambio. El problema no son las intenciones, sino el "cómo lo vas hacer".

En este escenario de actuación radical, Rodríguez propone como primera meta, aprovechar los ingresos extraordinarios por concepto del aumento de los precios del petróleo para liquidar la deuda pública, y hasta restringirla legalmente, reestructurar el sector público para aumentar el gasto de manera eficiente, especialmente en áreas como la educación --por lo menos 10 puntos del PIB--, y salud pública --también llevarla a unos 10 puntos del PIB.

Otra de las medidas sería el fortalecimiento del presupuesto nacional, a través de una reforma fiscal que prevé, no la eliminación de impuestos, sino, por el contrario, la disminución de la tasa de los actuales tributos que se aplican y la creación de otros impuestos específicos, como por ejemplo al lujo.

Señala Rodríguez que esta política fiscal serviría de ancla para eliminar la inflación del sistema, junto con la eliminación del control de cambios y el mantenimiento de una tasa de cambio competitiva, la cual apoyaría a su vez el desarrollo de una estrategia de crecimiento de las exportaciones no petroleras y sustitución de las exportaciones.

En materia petrolera, las transformaciones previstas por Rodríguez en un escenario de cambio gubernamental deberían ser aún más audaces. Para el analista, el objetivo debe ser el establecimiento de una política energética basada en el aumento de los niveles de producción del crudo nacional, la apertura de la industria nacional a la inversión privada y la venta de activos estatales, incluyendo un pequeño porcentaje de Pdvsa, que podría estar cercano a 20% del capital accionario de la corporación petrolera. Los recursos generados por esta vía deberían orientarse igualmente en las dos líneas de acción descritas inicialmente en este contexto: pago de la deuda pública y fortalecimiento del presupuesto nacional para la atención de áreas prioritarias de actuación estatal.

En el caso del sistema de seguridad social, propone la creación de un modelo de fondo de pensiones que administre los dineros del sector público, así como los aportes patronales y de los trabajadores. Adicionalmente, este sistema estaría respaldado por los recursos generados de la venta del capital de Pdvsa o por ingresos que se originen de la posible participación accionaria de estos fondos en nuevos proyectos a ser desarrollados en el área petrolera.

Política fiscal

La opción es un elevado capital social. Para el ex superintendente nacional aduanero y tributario, y actual rector de la Universidad Metropolitana, Ignacio Moreno León, la realidad que está viviendo Venezuela no puede plantearse en términos del Sí o del No.

"El país viene sufriendo un proceso de deterioro económico, de retroceso institucional y de pérdida de valores que lleva ya cerca de tres décadas. La razón fundamental de ese estancamiento y de ese retroceso que ha vivido el país en las últimas décadas tiene que ver con el colapso del modelo rentista petrolero, que ayudó a modernizar al país pero que comenzó a agotarse en las últimas dos décadas a medida que éste no pudo seguir sosteniendo el crecimiento y disminuyó el progreso nacional".

Recuerda Moreno León que durante esta bonanza el uso de los recursos por parte de la nación no fue eficiente, también "se acentuó una democracia pactada y tutelada por los partidos políticos, que produjo toda una distorsión electoral cuyos malos frutos estamos recogiendo hoy".

Moreno León cita como advertencia premonitoria de este eventual fracaso a Arturo Uslar Pietri, que alertó hace más de 70 años sobre la necesidad de romper con la cultura del rentismo y de aprovechar los recursos del petróleo para configurar una sociedad productiva, solidaria y capaz –sobretodo en estos últimos años– de insertarse sin mayores problemas en el mundo global que se ha venido configurando en aquello que llaman los expertos la nueva revolución tecnológica.

"Me parece que es una actitud de miopía política seguir tratando de enfocar la situación del país de una manera estática. No nos hemos dado cuenta que la nación requiere de una nueva visión de su proceso de desarrollo, la cual tiene necesariamente que romper con el esquema rentista petrolero". Para Moreno León lo que debe plantearse en un futuro inmediato es una gran concertación nacional que permita lograr los acuerdos mínimos necesarios en la búsqueda de esa nueva visión de país a fin de responder a las graves realidades sociales que tenemos, en estos momentos, producto de ese modelo rentista excluyente, que ha generado ese bolsón tan grande de pobreza cuando por las arcas fiscales han pasado miles de millones de dólares.

"Las nuevas realidades externas nos demandan la necesidad de una economía realmente competitiva que sea capaz de tenderle ese puente al país hacia el mundo global que se está conformando y en donde las ventajas competitivas ya no son los recursos naturales, y menos los agotables como el petróleo, sino la capacidad creativa que tenga la sociedad para poder generar recursos y ventajas que sean producto de la creatividad y no de la bonanza que en un momento dado pueda tener en su territorio el país".

De hecho, en la visión de Moreno León, el actual escenario de Venezuela es la demostración dramática del colapso del modelo rentista, en el sentido de que prácticamente toda la economía está girando alrededor de una bonanza petrolera que, todos sabemos, es transitoria. "Hay una serie de variables que tienen que ver con ese repunte de los precios del petróleo sobre las cuales el Estado o el gobierno tienen control. Y todo el esquema de desarrollo –si es que se puede hablar de ello en estos momentos– gira alrededor de una serie de programas casuísticos que se financian de una manera desordenada con el recurso petrolero".

Sostiene el rector de la Unimet que mientras no se haga un esfuerzo de concertación nacional, el cual no debe ser un capricho de un gobierno sino que tiene que ser un compromiso de todo el país por relanzar esa Venezuela productiva, movida por el esfuerzo y la creatividad de cada uno de los venezolanos, y no por dádivas petroleras que salen de las arcas fiscales de acuerdo con la decisión de quienes estén frente al gobierno, no podrá haber un sistema impositivo moderno ya que la tributación supone la forma como el Estado, en una economía moderna, exige o asume en asociación con los contribuyentes parte de esa ganancia que están obteniendo los actores sociales en su actividad productiva, para dedicarla a actividades que por lo general son compromisos más identificados con la acción estatal, como la prestación de servicios, la garantía del derecho a la educación de calidad para todos los ciudadanos, entre otras funciones.

"La cultura del rentismo es absolutamente opuesta a la tributaria, y por eso se hace tanto esfuerzo casuístico por subir la recaudación, por tratar de ordenar los sistemas, y es por ello que siempre terminamos en escándalos de corrupción, en crisis en las aduanas y en una tributación que no refleja la realidad de un país productivo".

Para el catedrático el verdadero drama que vive el país es que no se ve un planteamiento claro, ni por parte de la dirigencia política ni por parte de las altas autoridades de gobierno, que refleje que hay conciencia de la verdadera crisis y del cambio radical que hay que hacer, el cual implica la transformación de un país paternalista, clientelar, rentista de un recurso no renovable, hacia un país productivo, solidario y proactivo, con una conciencia ciudadana bien sedimentada, con valores éticos, con criterios de solidaridad, con todo lo que los expertos ahora llaman un activo elevado de capital social, que es lo que determina que las naciones se desarrollen en un proceso armónico, y no excluyente como el que hemos tenido hasta ahora.

"Esa es la verdadera revolución de un país".

Ejercicio Contralor

El reto es reinstitucionalizar al país. "Los venezolanos vivimos un proceso que nos llevó a ir despreciando ciertos valores políticos que se fueron conformando en los 40 años de formación democrática y que por una suerte de decadencia que vivió el sistema entre la década de los 80 y los 90, no supimos distinguir entre democracia y política, y terminamos acuñándole la responsabilidad de la deficiencia de los gobiernos a la primera, cosa que no es justa y tampoco debe ser".

A partir de este análisis, Ramón José Medina, diputado a la Asamblea Nacional, señala que a pesar del actual desapego que muestra parte de los ciudadanos por el sistema democrático, la independencia y fortaleza de las instituciones del poder público era más palpable en época reciente que en las actuales estructuras con las que cuenta hoy el país. De hecho refiere como ejemplo el año 93, cuando por vía de un proceso legislativo y judicial los actores sociales sacaron a un Presidente de la República. "Eso hablaba bien institucionalmente de los organismos que tenían funciones de responsabilidad y control en ese momento".

Al hacer referencia al proceso evolutivo de las instituciones venezolanas y a cómo vislumbra el papel que puedan tener los entes encargados del control de la administración pública bajo la opción que resulte ganadora en el referendum revocatorio presidencial, Medina señala que esta función quedó completamente trastocada a raíz del proceso constituyente del 99.

"Durante todo el período de consolidación de la democracia la Contraloría fue un organismo auxiliar del Congreso en las funciones contraloras del Estado bajo el amparo de la Constitución del año 1961. Es precisamente en el año 99, como parte del proceso constituyente y de formulación del actual texto constitucional que se le quita este rol -quizás con la idea de fortalecer al organismo-, ya que se introdujo el concepto de Poder Moral y se le dio similar prominencia que a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo. En ese esquema de reformulación se le quitó el papel de organismo de apoyo y se le dio mayor autonomía".

Advierte Medina que aunque la Constitución establece principios de rectitud, honestidad y transparencia en el ejercicio de la administración pública, la verdad es que en la práctica el organismo contralor ha quedado en minusvalía frente al poder del Gobierno. Y estos se debe fundamentalmente a que en la búsqueda del consenso, la designación el fiscal o del contralor antes se hacía bajo un marco de discusión política en el cual se ponían de acuerdo en la selección las fuerzas actuantes en el país buscando el perfil de un hombre que ejerciera las funciones independientemente de un partido político, pero en la actualidad las fracciones políticas actuantes en el orden nacional han desnaturalizado la función de esos organismos de control estatal y han generando la pérdida de fuerza institucional.

Por ello sostiene el diputado que de resultar ganadora la opción del NO, la nación continuaría en manos de un Gobierno menos controlado, con un alto deterioro de la institucionalidad, una administración pública deficiente y corrupta, y bajo la proyección de una conducta no ética por parte de las autoridades encargadas de su conducción. En resumen: ante un régimen mucho más autoritario. De resultar ganadora la opción del SI, la coalición opositora tiene el gran reto de reinstitucionalización al país, la formulación inmediata de un marco de políticas públicas que garanticen la seguridad jurídica a los ciudadanos, así como la potenciación de la inversión social.

"Pasaríamos de un Estado en anarquía, a un Estado que tiene que rendir cuentas de su actuación y del manejo de los recursos públicos a los ciudadanos, a una selección de los servidores públicos que se apegue a los principios constitucionales". Pero para llevar adelante estos cambios resultaría indispensable la concreción de un gobierno de unidad y eso incluye una transformación cultural ya que deben crearse nuevos mecanismos de consenso nacional.

Perspectiva Banca y Mercado de Capitales

El problema es político. Nelson Ortiz, presidente de la Bolsa de Valores, y José Grasso Vecchio, analista financiero y profesor del IESA, señalan que independientemente de ganar el "sí" o el "no" en la pregunta del revocatorio, en el corto plazo será igual la situación política del país.

No obstante, esperan varios escenarios y situaciones donde es posible que haya un cambio positivo, pero todo dependerá de la actitud y señales de los ganadores o perdedores después de la votación.

José Grasso considera que el problema venezolano es político más que económico. Los altos niveles de conflictividad social y política, aunado a que no existe un programa económico, llevan a un punto donde a pesar de los altos precios del petróleo, no se logra un crecimiento de la inversión y una recuperación de la economía.

Es pesimista y prevé que independientemente si se queda el Presidente o es revocado, la atmósfera electoral de este año y la de los próximos dos restantes del período presidencial, terminarán en circunstancias de distorsión de la economía por los enfrentamientos políticos y sociales, lo que reduce las posibilidades de alcanzar un crecimiento económico sostenido que no deja posibilidades reales de mejoras en el corto plazo.

En adición, dice que dependemos más que nunca de los ingresos petroleros. Cualquier baja en el valor del crudo en los próximos 2 años pondrá a esta administración o a una nueva, en serios aprietos y en la necesidad de realizar ajustes que serán traumáticos para toda la población.

Una luz al final del túnel

"Pienso que la solución del problema económico es de mediano plazo, y para lograrlo se deben conseguir mayores niveles de tolerancia. Es necesaria la reconciliación de todos los venezolanos y un cambio de rumbo en materia económica que facilite incrementar la inversión privada en un marco de confianza y seguridad jurídica, a fin de lograr la estabilidad de las variables macroeconómicas y crecimiento. En consecuencia, se abre una brecha para reducir el desempleo y los calamitosos niveles de la economía informal", apunta.

Insiste que el logro del crecimiento económico, mientras se hacen sentir las mejoras macroeconómicas en el día a día, no garantiza un avance de la calidad de vida en el corto plazo, aunque es una condición necesaria para conseguirlo en el mediano y largo plazo. En el ínterin, argumenta que se requiere de planes sociales muy eficaces que atiendan a la población de menores recursos y permitan ciertos niveles de tolerancia. "A fin de cuentas, la mejoría macroeconómica no sirve a menos que se refleje en un avance en la calidad de vida de todos".

Pese a todo, el analista percibe luz al final del túnel. "Veo salidas de mediano plazo con una nueva administración, para lo que debería promoverse un nuevo liderazgo. Una vez reducido el grado de conflictividad, es necesario atraer inversión privada a través de la aplicación de un importante programa de inversión en el sector construcción, área de la economía que genera mucho empleo y actividad productiva rápidamente".

Pólitica petrolera

No habrá borrón y cuenta nueva. Ramón Espinasa no es optimista cuando analiza los escenarios macroeconómicos de Venezuela después del referéndum revocatorio presidencial. En su opinión, no habrá borrón y cuenta nueva, porque el país va continuar por algún tiempo en una situación de incertidumbre económica, con graves problemas de gobernabilidad.

Espinasa ofreció sus declaraciones desde la ciudad de Washington, Estados Unidos, donde trabaja para el Banco Interamericano de Desarrollo. Espinasa se graduó de ingeniero industrial en la Universidad Católica Andrés Bello, en 1974. Realizó una maestría en Planificación y Política Económica en el ISS, en La Haya, Holanda. En la universidad de Cambridge, Inglaterra, obtuvo el grado de M.Phil en economía, en 1980, y en 1984 finalizó su Ph.D. Fue economista jefe de Petróleos de Venezuela.

"Lo primero que hay que plantearse, sea cual sea el resultado del referéndum revocatorio, es que los problemas de incertidumbre y gobernabilidad continuarán. Después del RR vendrán inmediatamente elecciones presidenciales, seguidas de los comicios para gobernadores y alcaldes, y luego de la Asamblea Nacional. Gane quien gane, será necesario llegar a acuerdos de gobernabilidad", afirma Espinasa.

En su opinión, si no se abren las puertas para un acuerdo político, las expectativas negativas sobre el país no van a cambiar, especialmente entre los inversionistas. "El trabajo político de fondo para crear una base de gobernabilidad no termina el 15 de agosto sino que comienza el día 16, ya que reconstruir el país llevará tiempo", dice.

"Muy pocas cosas van a cambiar al día siguiente", afirma. A su juicio no hay capacidad para reconstruir a Pdvsa, que es la columna vertebral de la economía venezolana.

"Se necesitan entre 6 y 9 meses para reactivar los taladros. Ampliar la capacidad de producción y cambiar la tendencia de contracción de la producción petrolera va a llevar años y, por otro lado, no se va a poder replicar la Pdvsa que existía en 1998. Restaurar las condiciones va a requerir un marco institucional diferente, bajo condiciones objetivas, donde Pdvsa participe mayoritariamente en la creación de la capacidad de ahorro del país", explica Ramón Espinasa.

Señala que un acuerdo político permitiría crear un ente regulador del sector petrolero, de muy alto nivel técnico, el cual supervisaría la producción estatal y privada.

Agrega que aunque los precios del petróleo venezolano se mantengan en un promedio de 22 dólares por barril, el ahorro público es insuficiente para reconstruir el aparato productivo, y el sector privado se ha descapitalizado. Adicionalmente, el Estado tiene una serie de necesidades de inversión que no puede delegar.

Espinasa advierte que la dependencia de la economía venezolana hacia los precios del petróleo es extrema. "Ya hemos pasado por las bonanzas temporales y también sabemos que podemos esperar", precisa. Sin embargo, acota que la actual escalada de precios es distinta con respecto a las registradas en el pasado. En las oportunidades anteriores (Guerra del Yom Kippur, caída del Sha de Irán e invasión de Kuwait por parte de Irak) hubo una interrupción del suministro que elevó los precios del petróleo, pero al resolverse la crisis vino una súbita caída.

"Ahora hay un fenómeno de demanda, provocada por un vigoroso crecimiento económico mundial, especialmente en Estados Unidos y China. La oferta no ha respondido y por ello los precios altos van a persistir un poco más. En Venezuela si el dinero de esta bonanza se gasta, se repetirán los ciclos del pasado con agudas crisis fiscales", apunta Espinasa.

Explica que la inflación en Venezuela es alta porque se está gastando todo el dinero de la renta petrolera, con el agravante de que puede ser todavía mayor, ya que no hay suficiente oferta de bienes para absorber la enorme masa de dinero que se ha puesto en la calle. Y la paradoja más terrible es que mientras el Estado tiene más dinero, se registra una alta tasa de desempleo. "Al día siguiente del RR ninguna de estas cosas va a cambiar", finaliza Espinasa.