Los bienes públicos son de todos los venezolanos, por lo menos eso es lo que reza la Constitución, la de 1961 y la de ahora, y así se entiende en todos los gobiernos democráticos del mundo que supervisan la utilización de los ingresos estatales.

Por ello, los ingresos provenientes de una empresa estatal como Pdvsa deben ingresar en el presupuesto de la nación, una vez que las divisas sean convertidas en moneda nacional, y apartando los fondos operativos y presupuestarios (gastos de inversión y mantenimiento) que requiera la petrolera estatal para seguir garantizando su operatividad y las ganancias que entran a Tesorería Nacional. La información sobre la gestión de Pdvsa no puede ser un secreto, los balances deben ser de conocimiento abierto, porque sus accionistas finales son todos los venezolanos.

Los dineros públicos no son "de la revolución" sino de todos los ciudadanos de este país, cuya administración es delegada a los gobiernos de turno democráticamente electos, que deben explícitamente informar sobre los planes y proyectos que serán impulsados con esos recursos todos los años, canalizados institucionalmente y sometidos a los organismos de vigilancia y control. Para que se cumplan esas premisas, debe existir independencia y autonomía de los diferentes poderes públicos, que sirvan de balanzas en el juego democrático y que sean capaces de corregir entuertos y juzgar a los que actúan en forma ilegal. No se trata de malabarismos, de que sea la Asamblea o el Tribunal Supremo quien apruebe determinada selección, o que una mayoría oficialista evidente sea conformada con visos de legalidad. Se trata de garantizar efectivamente la independencia de los poderes y evitar el control total por parte de un solo poder. Esa es la democracia, lo demás son cuentos. Ni los tribunales, ni la Fiscalía, ni la Contraloría, ni la Defensoría del Pueblo, ni la Fuerza Armada, pueden estar inclinadas políticamente; esa atribución sólo puede existir limitadamente en la Asamblea Nacional. Y decimos limitadamente porque ciertas decisiones, como las de elegir a los miembros del Tribunal Supremo deben contar con las dos terceras partes de los parlamentarios, y no con mayoría simple, como trata de adulterar el Gobierno.

Por otra parte, la misión fundamental de Pdvsa es la de explotar los recursos energéticos, cuidando el medio ambiente, y comercializarlos tanto nacional como internacionalmente para obtener las mayores ganancias posibles, haciendo eficiente sus procesos industriales y de comercialización. Estos recursos obtenidos se sumarán a los ingresos que recibe la nación por concepto de impuestos y otros aportes, que permitirán cubrir las necesidades del país e impulsar su desarrollo. Lo que el insigne pensador y escritor venezolano Arturo Uslar Pietri llamaba "sembrar el petróleo".

Pdvsa no está llamada a decidir sobre inversión social, no es su función, para ello están los ministerios y otras instituciones creadas por ley para tal efecto. Tampoco puede Pdvsa trasladar recursos en moneda extranjera a otros organismos del Estado como, por ejemplo, el Bandes. Pdvsa debe ingresar esos recursos al Banco Central de Venezuela, que los cambiará a bolívares para suministrarlos a las necesidades del país, a través de programas previamente aprobados en el presupuesto nacional. Los "excedentes" deben ir al FEM, para que se cumpla con la caja de ahorro en divisas, que compensará dificultades futuras derivadas de la inestabilidad histórica de los precios petroleros.

Tampoco puede Fogade, porque no es su función, distraer recursos para dirigirlos a "misiones" gubernamentales, ya que su función es la de proteger el ahorro de los venezolanos. Mucho menos está permitido que los ministros, que son funcionarios públicos con responsabilidades específicas por área, realicen actividades abiertas de proselitismo político, como en el comando Maisanta. Los ministros cobran un sueldo para desempeñar una tarea pública, no pueden dedicar su tiempo a campañas electorales, a menos que renuncien a sus cargos.

Estos precedentes son totalmente negativos para la democracia. Lejos de avanzar, el país retrocede y se pierde un capital institucional acumulado durante 46 años ininterrumpidos, con todos los defectos que haya podido tener.