La política como vocación, una de las conferencias más famosas del célebre sociólogo Max Weber estableció una distinción que se ha convertido en una cita clásica cuando se quiere resolver alguna duda sobre el tipo de moral que debe encarnar un político, y que por analogía se ha extendido a toda estructura de poder, actúe esta en el marco del Estado o se encuentre ubicada en el ámbito del mercado.

Para intentar saldar la cuestión, el sabio alemán estableció una distinción entre una ética de la convicción o de la intención y una ética de la responsabilidad. La primera de ellas prescribe o prohíbe determinadas acciones incondicionalmente como buenas o malas en sí, sin tener en cuenta las condiciones en que deben realizarse u omitirse, ni las consecuencias que se seguirán de su realización u omisión, en tanto que la segunda ordena tener en cuenta las consecuencias previsibles de las propias decisiones y las circunstancias en las que se toman.

Al desarrollarse el argumento se termina concluyendo que la disposición de la sola ética de la convicción expone al sujeto a la perplejidad de "las antinomias de la acción" por la cual para conseguir fines buenos hay que contar en muchos casos con medios moralmente dudosos e incluso con la probabilidad de obtener consecuencias naturales moralmente malas.

Si el caso es la práctica estricta de una "ética de la responsabilidad" --con carencia de convicciones-- nos toparemos con un sujeto que se transforma en un puro calculador de las consecuencias, un pragmático inmoral e incapaz de servir a los objetivos originales de la empresa. Por eso, el empresario y la empresa modernos, necesariamente orientados a la acción para lograr adecuadamente la misión estratégica que se han planteado, deben realizar esfuerzos constantes para persuadirse de la bondad --presente o ulterior-- de los actos gerenciales que realizan. Lo anterior sólo puede ocurrir si se establecen los nexos adecuados entre la búsqueda de la rentabilidad o la utilidad de la gestión empresarial y, las consecuencias morales de satisfacer las necesidades de la sociedad, pensando no solamente en las ganancias presentes sino también en la posibilidad de seguir garantizando un contexto adecuado para que en el futuro, la humanidad continúe resolviendo problemas y satisfaciendo necesidades. Solo así tiene sentido ético la actividad empresarial en el contexto de una responsabilidad convencida.

Tanto el empresario como el político, cada uno de ellos en los ámbitos que le son naturales, tienen una relación de responsabilidad con otros sujetos que no es recíproca. En razón de la relación de poder que está subyacente en las relaciones organizacionales, se colocan bajo la custodia de una empresa determinada y de un grupo de gerentes, el bienestar, el interés y el destino de otros, llámense consumidores, proveedores o empleados, y ello necesariamente supone un espacio que se proyecta desde y más allá del control y que incluye también obligaciones con ellos.

Por eso es que el ejercicio del poder --en cualquier tipo de organización- sin la observancia del deber es entonces irresponsable, es decir, constituye una ruptura de esa relación de fidelidad que es la responsabilidad. Cuando ese nexo se quebranta, por cualquier razón, tarde o temprano ocurre una catástrofe en los espacios de la confianza que es necesaria para que operen adecuadamente las instituciones como entidades que posibilitan el orden social desde el mercado. Baste ver las nefastas consecuencias de los casos de Parmalat y Enrom.