El Consenso de Washington (1990) estableció la implantación de 10 instrumentos: disciplina fiscal; prioridad en el gasto público para educación y salud; reforma fiscal; tasas de interés positivas generadas en el mercado; tipos de cambio competitivos; una política comercial liberal; la apertura a las inversiones directas extranjeras; la privatización; la desregulación y la defensa de la propiedad privada. Pero no hubo suficiente presión sobre los gobiernos para considerar los aspectos sociales, la intensidad competitiva, el equilibrio de los presupuestos y la balanza de pagos, por lo que hoy se requieren reformas de segunda generación

América Latina se encuentra, como en ocasiones anteriores, en un momento que puede resultar en un decenio perdido, o bien en el comienzo de un ascenso sostenido. Las condiciones de despegue, que parecían darse otra vez a mediados de los 90, fueron mermando por la desigual distribución de la riqueza, acentuada por la corrupción y por la crisis. En los comienzos del siglo XXI, los países latinoamericanos, salvo México y Chile, consideran que están "en crisis", teniendo en cuenta sus problemas sociales, el endeudamiento, la corrupción y los problemas institucionales, políticos y económicos.

Tomando en cuenta el sentido original de la palabra "crisis", estos países se encuentran en situación de decidir qué rumbo quieren o deben tomar. ¿Cómo puede diseñarse un sistema económico que combine las posibilidades de un mayor crecimiento con una mayor equidad social? La "economía social de mercado" se presenta como "un sistema que combina la competencia sobre la base de la iniciativa libre de los individuos con la seguridad social y el progreso social", además de ser un orden flexible y adaptable a nuevos desafíos. No importa cuánta importancia relativa se asigne a los mecanismos de mercado y a las regulaciones sociales, puede dar buenos resultados en cualquier situación y región, aunque es necesario que se den ciertas condiciones para que los elementos principales y operacionales puedan ser combinados exitosamente.

El diálogo sobre el diseño del futuro orden económico en los países latinoamericanos debe darse a nivel del Gobierno y Congreso, de los actores económicos, de los grupos civiles, de los científicos y de los medios de comunicación social. Para alcanzar un desarrollo sostenible, social y económicamente dinámico y democráticamente legitimado, se necesita una relación estrecha entre la política, la economía y la cultura. Después de estas discusiones, la decisión final sobre el modelo económico es una tarea de los políticos. Sin embargo, no es fácil intensificar la discusión sobre el sistema económico y las reformas de segunda generación, ya que los políticos, en su afán de maximizar su beneficio en téminos de votos se sienten presionados más por los problemas del momento que por la visión respecto del futuro. Esta actitud puede, quizás, evitarse al lograr una comunicación efectiva entre científicos, políticos, empresarios y representantes de la sociedad civil acerca del déficit en el "modelo económico" actual y las posibilidades para un modelo futuro mejor.

Orientación para reformas de segunda generación. Las reformas de la primera generación estipuladas en el Consenso de Washington han traído a los países de América Latina un efecto positivo en cuanto al crecimiento del producto nacional, a la apertura de los mercados, la reducción de la inflación, la desregulación del sector público con la privatización, técnicamente exitosa, pero (cuasi) monopólica y, por tanto, negativa en cuanto a las inversiones, los precios y el control estatal sobre los efectos secundarios de la concentración. Los éxitos iniciales respecto de la estabilización del presupuesto se han perdido rápidamente, incurriendo en una situación de endeudamiento interno y externo.

El desarrollo dinámico de la mayoría de los países latinoamericanos hasta 1996/97 tuvo su contrapartida, especialmente drástica en la Argentina, manifestándose en una mayor concentración de la riqueza, un crecimiento dramático de la pobreza, un empobrecimiento de la clase media y, lo que a mediano plazo probablemente es lo peor, en una fuga de jóvenes profesionales bien preparados pero sin perspectivas.

En tal situación, las reformas de la primera generación merecen una reforma de segunda generación, que se preocupa de cambios institucionales en los campos de la acción de la política económica y social. En esta reorientación, la economía social de mercado puede tomarse como marco de referencia.

El "arte político" es concretizar estos campos de acción de tal manera que se combine la libertad individual con la responsabilidad social en los siguientes campos de acción.

Sistema de planificación y coordinación. Este determina quién es responsable, por qué tipo de planificación, a qué se refiere la competencia planificadora de cada actor; y de qué modo se coordinan los planes de los diferentes agentes económicos. También deberán analizarse las actividades del Estado en cuanto a provisión de bienes privados y públicos, y cuáles de sus actividades productivas pueden ser tercerizadas (outsourcing), permitiéndole al Estado concentrarse en los aspectos esenciales de su gestión.

Régimen de propiedad. Establece el derecho de propiedad (property rights) de bienes y factores de producción como condición material para poder planificar; en particular, se trata de la responsabilidad que tienen los propietarios privados frente a la sociedad. Habrá que esclarecer los derechos de los trabajadores a participar en la propiedad ("acciones populares") y en las decisiones de la empresa (cogestión). Para las limitaciones del uso de la propiedad privada, necesarias respecto a la salud, higiene, el medio ambiente y a otros aspectos de interés público, ya existen reglas en varios países de América Latina, pero pocas veces son respetadas, ya que no se aplican sanciones.

Orden fiscal y tributario. En el fondo, el presupuesto público debe ser equilibrado; sin embargo, cierto déficit y su consiguiente endeudamiento puede ser aceptable, o aun necesario transitoriamente. Para limitar este endeudamiento debe establecerse un tope máximo en relación al presupuesto nacional o PIB, si no se quiere correr el riesgo de un desborde con consecuencias económicas y políticas graves. Además, en el régimen fiscal debe haber reglas para coordinar los presupuestos de los diferentes niveles del Estado, fijando también las competencias fiscales de los gobiernos nacional, regionales, y municipales. En este contexto, el sistema tributario es de alta importancia. El sistema debe dar al Estado los fondos necesarios para financiar sus actividades y debe contener elementos de redistribución. Si los contribuyentes consideran que las tasas son exageradas, tratarán de evadir el pago o esconderán sus ingresos y riquezas. Un sistema simple, una recaudación eficiente y el uso transparente de los recursos, ayudan a evitar esos problemas.

Régimen empresarial. Contempla los diferentes tipos de empresas. Su margen de acción depende de las regulaciones legales respecto de los intereses individuales y públicos, sus órganos, las formas de participación de los trabajadores y sus posibilidades de formar asociaciones o juntarse en grupos económicos. Especial atención merecen en este aspecto las pequeñas y medianas empresas, así como las cámaras de industria y comercio con sus funciones de control y asesoría.

Sistema competitivo. Interactuando con el régimen empresarial, el orden competitivo establece las reglas que determinan el acceso a los mercados de bienes y factores: la transparencia en dichos mercados, el libre acceso a ellos, la defensa del consumidor, la protección contra la competencia ruinosa y desleal y contra el abuso de la posición dominante por parte de una empresa. Las inversiones extranjeras directas son otro factor que dinamiza la competencia. Ellas también dependen de la dimensión del mercado, aunque ésta no es el factor decisivo. Más importantes para el inversionista son la estabilidad política, las condiciones macroeconómicas, la flexibilidad y confiabilidad de la administración pública, la protección contra la corrupción y la apertura de los mercados nacionales. Un aspecto particularmente relevante se refiere a la pequeña y mediana empresa y su rol como fuerza flexible e innovadora que dinamiza la competencia. Sin duda, el futuro económico de América Latina se decidirá en función de su competitividad. En este campo, la experiencia alemana y europea puede servir como punto de referencia.

Régimen monetario y financiero. En este campo político se regula la disponibilidad de recursos monetarios nacionales e internacionales, la posición del Banco Central, las formas de pago, la garantía de prácticas comerciales sólidas en el sector financiero y de los seguros a través de un ente autónomo encargado de supervisar a las instituciones crediticias, de seguros y bursátiles. Sin duda, temas como la eliminación de la corrupción de los órganos de vigilancia, la independencia del Banco Central y un régimen de sanciones, contienen elementos políticamente conflictivos, pero que deberían ser abordados en el marco de un diálogo con la sociedad civil.

Comercio exterior. La apertura de la economía nacional con la finalidad de mejorar el nivel de competitividad nacional y de participar en el proceso internacional de modernización, ha sido y sigue siendo saludable. Aunque la división internacional del trabajo y el principio de las ventajas comparativas no deben contrarrestarse políticas de dumping o subsidios. Puede ser necesario implementar un sistema de promoción específico, de carácter transitorio, destinado a fortalecer cierto tipo de producción o formas empresariales, como las pequeñas y medianas empresas. También es importante sancionar normas adecuadas para impedir un abuso del comercio exterior a través de operaciones ficticias destinadas al lavado de dinero o tráfico de drogas. En los años 90, América Latina ha avanzado notablemente en cuanto a la apertura de sus economías, en comparación con los años setenta y ochenta. Sin embargo, subsiste una cierta tentación al proteccionismo, incluso en el marco de un acuerdo de integración como lo es el Mercosur.

Sistema de seguro social. Todos los ciudadanos son iguales ante la Ley, pero sus posibilidades de participar en la vida económica presentan diferencias significativas; en parte, debido a razones imputables a los propios afectados, y en parte, provocadas por causas ajenas a su voluntad. Esto obliga al Estado a tomar medidas que impidan la marginación social. Es preferible actuar en forma preventiva a través de la educación y la capacitación profesional, y sólo transitoriamente en forma compensatoria y curativa a través de prestaciones sociales, especialmente necesarias si se requiere de un combate a la extrema pobreza. Si existe una parte considerable de la población que vive en la pobreza o incluso en la miseria, no sólo se crean tensiones políticas por la injusticia social que suelen manifestarse negativamente en la acción empresarial, sino también se reducen las posibilidades de crecimiento económico por falta de demanda.

Además de la capacitación técnica-profesional, el sistema de seguros social, fundamentado en los principios de responsabilidad individual, solidaridad y subsidiariedad, es un elemento indispensable. Esta red social, que no debe convertirse en hamaca ni debe perder confiabilidad con respecto a su capacidad de pago, abarca un régimen previsional y los seguros contra enfermedad, accidentes laborales y desempleo y las leyes laborales, así como procedimientos para la redistribución de los ingresos y de la riqueza. La base legal para la política social en América Latina es satisfactoria en cuanto a las medidas curativas, pero insuficiente o inefectiva en cuanto a las medidas preventivas tributarias y educativas. Si se introdujera un sistema de autocontrol por parte de los asegurados, sería más fácil lograr una combinación aceptable de los principios de autoresponsabilidad, solidaridad y subsidiariedad.

*El articulista es Doctor en Economía, con estudios en ciencias políticas en la República Federal de Alemania. Fue profesor de la Universidad Católica de Chile; director de la Central Alemana de Comunicación Mundial Inter-Nationes en Bonn; Director del Centro de Estudios Latinoamericanos (Ciedla) de la Fundación Konrad Adenauer (con sede en Buenos Aires) y en la actualidad dirige un programa de diálogo sobre política económica y social en Brasil. Este artículo es un extracto de la publicación (KAS), Diálogo Polítco.