Este mes de agosto y los que le siguen hasta concluir el año, marcarán una etapa decisiva en la contienda política venezolana y en la suerte del país. Se ha dicho, en reiteradas oportunidades, que no puede existir un desarrollo sostenido ni una economía sólida sin un clima político distendido, sin instituciones creíbles, sin un proyecto compartido por la mayoría de los venezolanos.

La encrucijada que se avecina, y en la que los venezolanos deberán decidir con el raciocinio y no con las emociones, supone la evaluación del desempeño del actual mandatario nacional Hugo Chávez Frías, a la mitad de período, como prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se trata de contabilizar los pro y contra de su gestión, que realmente comenzó en 1999. En la práctica, Hugo Chávez está cumpliendo un quinquenio en el gobierno. Desde 1958 hasta hace tres años, los períodos constitucionales eran de 5 años y el reloj político del venezolano, por estas fechas, ya asomaba sus ganas de renovación y se daba inicio a las campañas electorales con fecha “decembrina”, para que el nuevo mandatario asumiera en febrero del año venidero. Pero, la ola de popularidad que rodeó al coronel desde aquellos agitados días de 1998, sustentada en la esperanza de un futuro mejor, hizo que la población venezolana le diera diversos cheques en blanco para llenarlos a su libre albedrío en diferentes contiendas y cambios políticos e institucionales, que posibilitaron la actual extensión de su mandato. Por ello, si antes, en estas fechas, ya arrancaban las campañas electorales para seleccionar al nuevo mandatario, ahora la escogencia es sobre la renovación o no de la “licencia”, de la “franquicia”, que el pueblo le otorga para seguir mandando hasta el 2006.

Esta “evaluación” compete al “soberano”, es su derecho y así lo entendió y refrendó el pueblo en la nueva constitución. Es un mecanismo sano, democrático, racional, políticamente correcto y conveniente, que no solo se aplica a la gestión presidencial sino también a los representantes regionales y municipales. El Presidente Chávez y su equipo de gobierno tienen todo el derecho de demostrarle a la población las obras realizadas y las eventuales ventajas de continuar su mandato, pero bajo ningún aspecto tienen la potestad de torpedear o sabotear esa disposición constitucional y tampoco la tiene la Asamblea Nacional de negar recursos para ese acto democrático o para inventar trabas legales que impidan su realización. El referéndum revocatorio no es un mecanismo que atañe exclusivamente a la oposición política, como lo quieren hacer ver diferentes voceros gubernamentales. Es un derecho de toda la población venezolana inscrita en el registro nacional electoral. Los electores tienen la posibilidad de aceptar o rechazar que el primer mandatario siga gobernando, en base a los cumplimientos de sus promesas, la obra realizada, y sus expectativas futuras. Cualquier gobernante seguro de sí mismo, de los beneficios de su gestión, estaría tranquilo ante una medición de esa índole, especialmente si ha tenido recursos económicos importantes para la realización de obras y cumplimiento de su gestión, y además, ha contado con un gran nivel de popularidad y un poder casi absoluto para encaminar al país hacia un futuro mejor. Pero, el que la debe la teme, como reza el dicho. Si el examen, sin derecho a reparación en este período constitucional, determina que las obras realizadas no corresponden con el dinero gastado; que el clima de convivencia nacional, lejos de mejorar, ha empeorado; que el desempleo ha aumentado; la corrupción no se ha detenido; la obtención de vivienda sigue igual o peor; la economía productiva ha decaído; el endeudamiento público se ha disparado; la salud se ha deteriorado; las escuelas bolivarianas no han dado los resultados esperados; las esperanzas por un futuro mejor se han alejado. Entonces, lo que le toca a un demócrata es dar paso a otras opciones y esperar otros tiempos, digerir los errores, para tratar de enmendarlos en un futuro. Eso es posible solo en una democracia. Las dictaduras no permiten evaluaciones, solo cuando se derrumban aflora en toda su intensidad la podredumbre y las miserias humanas que estaban ocultas bajo la alfombra del poder.