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Diálogo y erradicación de la pobreza

Tomás Páez (*)

Aproximadamente 70% de la fuerza laboral del país se distribuye entre el desempleo (16% - 18%) y la informalidad (52% - 54%). Los niveles de escolaridad que exhibe la fuerza de trabajo son realmente alarmantes. 55% de la población ha cursado, escasamente, la educación básica y 22% ha alcanzado la diversificada y profesional. Solo 12% de la fuerza laboral posee grado universitario. Los bajos niveles educativos de la estructura social y del mercado laboral explican y expresan el atraso relativo del país.

Un análisis de los datos arroja que el desempleo se ha feminizado; la tasa de desempleo es mayor entre las mujeres que entre los hombres aun cuando, en términos absolutos, hay más desempleados hombres; el desempleo en los jóvenes muestra tasas superiores al promedio y se concentra en el rango de las edades comprendidas entre 25 y 44 años. El porcentaje de venezolanos incorporados a la economía formal solo alcanza 30% y trabajan en la micro, pequeña y mediana empresa, que representa más de 98% de los establecimientos empresariales del país.

La disminución sistemática de la inversión privada en los últimos 25 años, el cierre estrepitoso de empresas, la mengua sostenida en el uso de la capacidad instalada y el declive de la productividad, todo ello agravado en los últimos años, producen desempleo, informalidad y pobreza. La productividad y su incremento, por las consecuencias que producen, se convierten en un tema prioritario para el diálogo y los pactos sociales e institucionales para promover el empleo.

No es posible una política de empleo en el vacío. Sin empresas adecuadamente gestionadas resulta difícil crear empleos de calidad. Para los populistas, el empleo se crea por decreto o recurriendo a la capacidad empleadora del Estado. Las consecuencias han sido nefastas: mayores impuestos, déficit fiscal, creciente endeudamiento y mayores tasas de desempleo e informalidad. No han comprendido que la capacidad empleadora del Estado ha llegado a su ocaso.

El apoyo a la empresa, en particular a la PYME, es un componente de las políticas de empleo. A pesar de su significación, en ciertos sectores existe una actitud contradictoria que entorpece su desarrollo: admiración hacia quienes asumen riesgos creando riqueza y empleos, y desprecio hacia el empresario a quien se percibe como oligarca y explotador. Esta paradoja está en la raíz del populismo que actúa como un freno al desarrollo.

El eje medular de las políticas de empleo es formar al capital humano, principal activo de cualquier país. La mejor política macroeconómica es la capacitación y preparación del recurso humano: educación, salud y seguridad social. Esto favorece el mejoramiento de la productividad y la riqueza del país.

Una moderna política de empleo se hace de manera descentralizada. Cada localidad y región, con base en los rasgos particulares, nivel de desarrollo empresarial y situación del empleo, promueve pactos regionales entre el Gobierno y los gremios empresariales y laborales, con el propósito de fortalecer a las empresas, aumentar la productividad, invertir en la formación de capital humano, atacar las iniquidades sociales, capacitar a los desempleados para su reinserción laboral y desarrollar la capacidad emprendedora regional.

(*) sociólogo

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