La situación de la industria manufacturera venezolana ha sido objeto de amplios análisis, y existen diferentes recetas que, de aplicarse, pudieran reanimarla en el mediano y largo plazo. Sin embargo, resulta complejo revivirla en el corto plazo, debido al colapso y el entorno desfavorable en que se encuentra

Decir que el país está en crisis resulta ya un lugar común. Lo menos que expresa hoy día el venezolano menos ilustrado en cuestiones económicas es que “la cosa está muy mal...”.

El deterioro que presentan los indicadores --sobre cualquier situación que pueda ser medida-- culmina, casi invariablemente, colocando al país entre las naciones con más bajo desempeño, incluso, si la comparación se hace con otros países de la región que hace 30 años estaban por debajo del crecimiento que experimentaba la economía venezolana.

Nadie en el país es capaz de negar que durante las últimas cuatro décadas el país viró en su rumbo y comenzó a comerse la flecha. Mientras otras naciones tomaron el camino hacia la prosperidad, Venezuela perdió la brújula y se encaminó hacia la miseria.

Con indicadores del Banco Mundial en la mano, Gerver Torres refiere que entre 1979 y 1999 el crecimiento económico por habitante solo superó dentro de la región al reportado por Nicaragua, Haití y Guyana. Venezuela quedó por debajo de países como Perú, México, Brasil, Colombia, Chile y Brasil, entre otras naciones.

Hasta principios de los años setenta la situación del país, en términos de riqueza, era comparable a Japón, entre otras naciones desarrolladas. Hasta 1970, el producto por persona era superior al japonés. En la actualidad, Japón casi triplica a Venezuela. Similar situación aparece al hacer la comparación con Corea del Sur, a la que Venezuela duplicaba en producto por habitante hasta 1979, así como con Singapur, con la que se igualaba. Hoy día se invirtió la relación con Corea, y Singapur cuadriplica al país. La historia del fracaso se repetía con España, que hasta la década de los años setenta se situaba en un rango similar al de Venezuela, pero ya en 1999 duplicaba el producto por habitante.

“Todo parece indicar que caminamos en dirección opuesta al mundo y a la historia. Los venezolanos nos estamos quedando atrás, y el mundo no espera por nosotros”, afirma Gerver Torres.

En barrena

Y la historia continúa, porque los dirigentes del país no solo insisten en comerse la flecha, sino que también pisaron el acelerador. Cifras locales, esta vez del Centro de Estudios Económicos y Legislativos de Conindustria, arrojan resultados que colocan al sector productivo nacional en una situación de caída libre y sin defensas.

En un ambiente de prolongada recesión, con un PIB reducido en 9,9% en el segundo trimestre del 2002 con respecto al mismo período del 2001, el PIB industrial experimentaba en junio pasado una contracción de 9%. La participación del sector en la economía continuaba su tendencia a la baja, alcanzando para ese período 14,17%, y el desempleo industrial llegó a 16,2%, el más alto registrado hasta ahora por Conindustria.

Los industriales hablan del “desplome” de la actividad económica en el país. Juan Francisco Mejía, presidente ejecutivo de este organismo, resaltó que durante el segundo trimestre todas las actividades, excepto servicios y comunicaciones, sufrieron profundas contracciones.

El desplome, progresivo y sin salvavidas a la vista, ha sido extremadamente duro para algunos sectores. La industria de la construcción, por ejemplo, bajó de -20,7% en marzo a -30,8% en junio pasado, llevándose en el deslizamiento una buena parte de los 566.000 puestos de trabajo que sólo en el sector industrial se han perdido en los últimos tres años.

Retomar la formalidad

Los venezolanos de todos los estratos expresan su deseo de que Venezuela sea uno de los países de mayor crecimiento y estabilidad económica de Latinoamérica o, cuando menos, que regrese a los niveles de crecimiento que exhibía hace tres décadas. ¿Qué hacer para lograrlo? ¿Cómo reiniciar un proceso de constante y creciente generación de riqueza que, utilizada eficientemente, permita rescatar a ese 90% de ciudadanos tocados, de una u otra manera, por la pobreza?

El reto venezolano --dice Juan Francisco Mejía-- es retomar la formalidad como vehículo del desarrollo humano, es decir, recoger los ventorrillos y regresar a los trabajadores desde la buhonería a las empresas, con un salario digno, con disposición a producir con la mejor calidad y con la garantía de que sus contingencias estarán respaldadas por soluciones de seguridad social.

Hasta 1990 --ya con distorsiones evidentes-- la estructura del mercado laboral estaba conformada por 52,8% de trabajadores formales, 37,2% de informales y 10,3% de desocupados. Para mayo del 2002, 43% de los trabajadores (5 millones) eran informales, la ocupación formal bajó a 42% y cerca de 16% se reportaba como desempleado. De estos últimos (más de 1,7 millones), 654.000 quedaron fuera del mercado laboral en los últimos tres años.

--¿Qué se debe hacer para volver, al menos, a la estructura que había en 1990?

--La economía debería crecer, de aquí al 2007, a una tasa de 8,4% interanual. Para ese año se habrá incorporado a 418.743 trabajadores formales. En los cinco años siguientes, con crecimiento interanual de 5,7%, se incorporarían otros 310.141 trabajadores, y en el siguiente lustro, con crecimiento de 4,8%, se generarían 284.641 puestos más.

Según Mejía, retomar la formalidad de la economía requerirá de 25 millardos de dólares en inversión pública y privada.

--¿Qué propone la industria?

--Un acuerdo nacional. Sentarse a unificar las visiones del país que queremos y ponerse de acuerdo con acciones puntuales coherentes para el corto, mediano y largo plazo; fortalecer el marco institucional, definir una política económica que estimule altas tasas de inversión, y elevar los niveles de educación y capacitación de la población.

--¿Qué requiere la industria para asumir la parte que le correspondería en el acuerdo?

--Acciones muy concretas dirigidas a:

1. Reforma del IVA en el corto plazo para reducir la alícuota de alimentos a 5% y evitar mantener las exenciones que distorsionan las cadenas productivas. Y en el mediano plazo, bajar la tasa general a 10%, eliminando las exenciones.

2. Reforma del Impuesto a los Activos Empresariales manteniendo la tasa de 1% y modificando la base imponible.

3. Reforma de las leyes de la Habilitante.

4. Incentivar la participación de la producción nacional en las licitaciones de organismos del Estado.

5. Limitar la importación de vehículos, repuestos usados y electrodomésticos.

6. Implantar con carácter de urgencia las medidas que recomienda la Comisión Presidencial de Aduanas.

7. Establecer mecanismos de salvaguardias temporales para los sectores sensibles (calzado, textiles) y precios mínimos oficiales.

8. Pagar la deuda que los entes del Estado mantienen con la industria, incluyendo el draw back.

9. Establecer mecanismos de financiamiento y de capitalización para la pequeña y mediana empresa.

Tercer camino

Una agenda para rescatar de la crisis al sector productivo es, para Miguel Pérez Abad, líder de Fedeindustria, un tema bastante complejo, porque implica, paralelamente, adoptar acciones que apunten a limitar los niveles de pobreza en los que se ha sumido Venezuela.

Fedeindustria ha definido una propuesta para la búsqueda de un acuerdo nacional con cuatro objetivos básicos: creación de empleo productivo, crecimiento sostenido del producto, llevar la inflación a un dígito y lograr un incremento del salario.

Esta propuesta, de carácter global, exige la implantación de un conjunto de acciones de naturaleza económica y social que son vitales, según el industrial, para fortalecer la producción, lograr el crecimiento y aliviar los problemas sociales. Entre las acciones citó retomar la inversión pública, medidas para diversificar la economía, la reforma fiscal, atraer y apalancar la inversión privada, establecer un tipo de cambio competitivo con efecto expansivo en el aparato productivo y responsabilidad fiscal para evitar la inflación. Igualmente, estabilidad cambiaria para mantener el valor de los salarios y flexibilidad en las tasas de interés, así como también formar a la gente para la construcción de una sociedad productiva y solidaria a través de la familia, la escuela y el trabajo; aumentar el gasto social, asegurar instituciones, un sistema judicial estable, confiable y moderno, y garantizar la gobernabilidad.

Las acciones señaladas, dijo el presidente de Fedeindustria, conformarían el marco deseable para que las pequeñas y medianas industrias desarrollen su potencial como generadoras de empleos y riqueza, pero resalta que, más que las propias medidas, “lo verdaderamente importante es establecer una relación constructiva con el gobierno nacional”.

El tono del discurso oficial no pesa en el ánimo de Pérez Abad, quien descarta que sea la causa, al menos de manera determinante, en los problemas que afectan al aparato productivo: “Nosotros calificamos al Gobierno por los hechos, no por lo que dice. En momentos ha dicho cosas que después ha recogido. Como nosotros nos consideramos un organismo profesional, actuamos cuando el paso está dado. No nos ahogamos antes de pasar el río”.

Asegura Pérez Abad que Fedeindustria es “un gremio exitoso en la difícil circunstancia que vive el país porque ha adoptado una política lejos de los extremos. Sabemos negociar y a veces perdemos. Nos habría gustado tener una ley en la que se colocara un situado nacional fijo de inversión sobre el PIB. No lo logramos, pero por eso no nos levantamos de la mesa”.

Sostiene que las políticas públicas, aun cuando están diseñadas de manera acertada, son solo un componente dentro de un complejo sistema de elementos que afectan al conjunto empresarial, y ese es uno de los paradigmas que tienen que romper los empresarios. Además, Pérez Abad reivindica el rol del empresario como agente de cambio.

--Seguimos siendo empresarios que vemos una relación en la cual el Gobierno toma una serie de medidas y los empresarios siguen endosándole casi la exclusividad del fracaso de sus organizaciones. Aunque esto suene duro, dicho por un dirigente empresarial, esa es una realidad que tenemos que cambiar.

Comparte --aunque puedan tildarse de proteccionistas-- las medidas anunciadas por el Ejecutivo para recuperar algunos sectores de la economía nacional, pero insiste en que la agenda para el desarrollo económico y social sostenible no de es corto plazo.

--Y, mientras tanto, ¿cómo se atiende la emergencia?

--Con la formulación de políticas públicas, políticas financieras e impositivas, algunas de las cuales ya se están tomando.

--¿La PYMI se ve representada en las decisiones del Gobierno? ¿Se han recogido sus sugerencias?

--Sí, hemos aportado mucho en la formulación de esas medidas. Nos vemos representados, sin duda que sí. Tenemos la Ley de Fomento y Desarrollo de la PYMI, que no teníamos, y el Instituto Nacional de la PYMI, que está próximo a arrancar.

Insiste, no obstante, en que lo fundamental es que los empresarios se preocupen por utilizar mecanismos que aún no han explotado, como la asociatividad, la cooperación y los intercambios comercial y tecnológico. Insiste en que si los empresarios orientan los esfuerzos de lucha gremial hacia lo que hizo o no hizo el Gobierno, “nos inhabilita para hacer cosas más importantes y trascendentes. Que el Gobierno lo haga mal no es suficiente para que los empresarios no hagan las cosas”.

--Parece evidente que el Gobierno no lo ha hecho bien.

--Creo que tiene que haber una aproximación de ambos lados. Que el empresario comprenda que estas medidas no son suficientes si él no quiere hacer su trabajo. Si él no tiene el deseo, el convencimiento y la voluntad, es evidente que las medidas van a tener un impacto limitado. Pensar que el decreto de las compras gubernamentales va a reactivar la industria es un error. Requiere de seguimiento, de experticia, de un trabajo que corresponde al empresario.

Confrontado con el pasado, cuando la PYMI contó con políticas fiscales y de financiamiento que permitieron cierto crecimiento del sector, el presidente de Fedeindustria sostuvo que hay un cambio de realidades, tanto del entorno internacional como del interno.

“El Gobierno puede diseñar algunas políticas, marcar una pauta, pero, en definitiva, es el empresario el que tiene la capacidad de hacer las cosas”.

--¿El Gobierno marca pautas cuando advierte sobre eventuales intervenciones de empresas o promueve la cogestión? ¿Aleja las inversiones que necesita la industria?

--Esas declaraciones no tienen impacto en la economía; sin embargo, no ayudan a generar el clima de armonía y paz que reclama el sector empresarial. Las inversiones extranjeras están montadas sobre contratos y normas muy rígidas, y hasta el momento en este Gobierno se ha respetado la seguridad jurídica que requieren. Pienso que el Gobierno puede hablar más de lo que realmente puede influir en la economía.

Diálogo optimista

Por el lado oficial se respira optimismo. Los voceros del Gobierno aseguran que el conjunto de medidas anunciadas en agosto pasado comenzará a marcar el rumbo hacia el país próspero que quieren los venezolanos del tercer milenio.

Como inicio, el Gobierno destaca que la lucha contra el contrabando y la modernización de las aduanas, y otras decisiones de política comercial, de promoción de inversiones e institucionales, permitirán la reanimación del parque industrial y recuperar el empleo productivo.

En este sentido, el director de Comercio Exterior del Ministerio de Producción y Comercio, Eduardo Porcarelli, resaltó que la política oficial de apoyar con programas industriales específicos a los sectores productivos con altas posibilidades de ser competitivos, así como los correctivos que se aplican para “poner orden en casa”, constituyen el eje que pondrá a funcionar nuevamente los engranajes del aparato productivo.

Por ahora, lo más concreto es el diferimiento del arancel a productos siderúrgicos, medidas de salvaguardia a los sectores calzado y confección; certificados de origen para productos sujetos a medidas antidumping o compensatorias, normas de etiquetado para calzados y prendas de vestir, y sistemas de bandas de precios de referencia; éstas últimas con el propósito de minimizar ilícitos aduaneros. También está por cuantificarse si la reorientación de las compras del Estado se está cumpliendo como ha sido prometido. Viendo al futuro, Porcarelli considera que Venezuela muestra un importante potencial en el desarrollo del software, que debe recibir apoyo con programas específicos. A esta consideración responde el anuncio de exoneración del ISLR a las industrias venezolanas que inviertan en tecnologías de información, servicios y de calidad para impulsar la industrialización del software.

Difícil abstracción

El primer vicepresidente de Consecomercio, Jorge Botti, es tajante al precisar que Venezuela tiene frente a sí un gran reto con dos vertientes: especializar su economía en “algo”, buscar sus nichos potenciales de oportunidades y saber a qué país lo llevará esa especialización.

Desestima la supuesta divergencia de intereses con el sector industrial y asegura que los intereses del comercio no están, en nada, divorciados de los que legítimamente tiene la manufactura: uno y otro sector ansían ver puesto en práctica un programa que lleve al país a superar una situación que califica por todo el cañón de “depresión económica”.

Botti sustenta su señalamiento con las cifras que revelan la realidad del comercio y los servicios: caída de 50% en las ventas con relación al año 2001, cerca de 4.000 empresas cerradas y 400.000 empleos formales perdidos en el primer semestre de este año, cifras que -precisa-- encajan con las del Gobierno, que anunció una caída de 9,9% en el segundo trimestre del 2002. Sostiene que estos resultados son “los más dramáticos de toda la historia del país desde que existe registro de cifras macroeconómicas a partir de 1930”.

En comparación con el aparato productivo industrial, el primer vicepresidente de Consecomercio admite que la crisis en el comercio y los servicios es más reciente, pues si bien se comenzó a experimentar desde el primer trimestre del año pasado, realmente se hizo palpable a partir de febrero, cuando se desmontó el sistema de bandas cambiarias. Hasta entonces, el sector recibió importantes inversiones a través de la expansión de los negocios de franquicias, telecomunicaciones y centros comerciales.

Pese a todo, el comercio y los servicios ocupan a 62% de los trabajadores formales del país, situación que, según Botti, no es distinta con respecto a otros países. “La diferencia de Venezuela es que la mitad de su población económicamente activa está en la informalidad”, tendencia que tiende a profundizarse como consecuencia de la aplicación de una teoría “más salvaje que neoliberal”.

--Las medidas neoliberales están siendo estigmatizadas porque éstas cuando se aplican coherentemente, como es el caso de Chile, generan crecimiento económico, empleo, baja inflación y capacidad competitiva en el mundo globalizado.

A Botti le parece difícil hacer abstracción del hecho político presente en la sociedad venezolana, al que considera la génesis de los problemas. No obstante, señala que hay ciertas medidas que tienen que ser tomadas de inmediato y que serían bien recibidas tanto por el sector comercial como el industrial, independientemente de que haya baja capacidad de consumo.

La primera de ellas, aseguró, es llevar a niveles tolerables la entrada de contrabando e ilícitos al país. Apuntó que, en perspectiva, la cifra que recaudaría el Fisco por concepto de impuestos aduanales e IVA sería más que suficiente para no haber tenido que subir este impuesto y el IDB.

El empresario admite que las aduanas son “la única área en la que el Gobierno ha mostrado alguna voluntad política”, pero aún resulta insuficiente, pues allí se ha combinado la acción de “grandes mafias privadas y del sector militar, que tienen el contrabando en sus manos”.

Otra medida es la reducción del costo de producir en Venezuela, es decir, abaratar las cargas laborales, burocráticas y de financiamiento. Este último como meta urgente para el mediano plazo y una vez que se “meta en cintura el manejo de las cifras fiscales”.

En cuanto al costo laboral, Botti resalta que la ley, más que costosa, es muy rígida, de allí que se pronuncie por flexibilizar la misma para incorporar el salario mínimo por hora. Otra decisión, de corto plazo, es la simplificación del enjambre de trámites burocráticos, sumamente onerosos para las pequeñas y medianas empresas.