Durante los últimos 25 años, la economía venezolana ha tenido un pobre desempeño económico. La tasa de crecimiento promedio per cápita de los últimos 25 años es aproximadamente -1%. El ingreso por habitante ha retrocedido a los mismos niveles alcanzados en los primeros años de la década de los 70, y se ha elevado el porcentaje de hogares pobres de 18% en 1977 a más de 60% en el 2001.

Dada la magnitud de los desequilibrios económicos y de los intereses creados para mantenerlos, las reformas macroeconómicas requieren de un marco plurianual, que genere menos incertidumbre sobre los beneficios de las nuevas medidas en comparación con un programa en el cual todos los ajustes se producen simultáneamente. El marco plurianual puede coadyuvar para debilitar a grupos de presión que estarán en contra de las reformas y/o fortalecer a grupos que apoyarán los cambios en la medida que los beneficios de las reformas sean observables por buena parte de la población.

Dentro de una estrategia plurianual: Primero, se deben modificar las instituciones económicas. Se requieren cambios en las reglas de juego de manera que no estén a la voluntad política de turno y transmitan estabilidad. Hay que otorgar mayor autonomía al BCV. Se requieren cambios en la Ley de Administración Financiera del Sector Público en temas como “el uso correctivo de los ingresos del FIEM”, y en cuanto al control de la Asamblea Nacional sobre las operaciones de crédito público y disposiciones que establezcan techos al endeudamiento neto.

Segundo, el sector público ha registrado un desbalance permanente entre sus ingresos y sus gastos que no ha permitido consolidar una regla cambiaria, aumentando la volatilidad propia de la economía. Es imprescindible reducir la brecha fiscal mediante la transferencia de activos públicos al sector privado para reducir la carga de la deuda pública interna. Las acciones de empresas públicas pueden constituir un excelente instrumento para viabilizar la discusión sobre el nuevo régimen de seguridad social. Las acciones de algunas empresas del Estado pueden ser utilizadas como pago para los pasivos laborales o como instrumentos de inversión.

Los cambios de largo plazo deberán promover un uso más eficiente del presupuesto mediante la reordenación del gasto y la focalización en los sectores sociales. Una mayor descentralización y transferencia de facultades tributarias a las regiones deberá atarse a la consecución de objetivos claros y verificables junto a la compensación de las desigualdades económicas entre los estados. La gestión pública necesita de fuentes de financiamiento alternas o recuperar con la formalidad del mercado laboral algunos impuestos a la nómina, así como reestructurar el impuesto a las personas naturales.

La evidencia empírica y la literatura económica coinciden en señalar que en ausencia de un adecuado balance intertemporal entre ingresos y gastos públicos, es prácticamente imposible lograr estabilidad cambiaria, controlar el crecimiento de los precios y producir prosperidad económica. Los cambios en materia fiscal deberán contemplar la mayor consistencia posible entre las medidas y a lo largo del tiempo. Se precisa de una buena reputación y de capacidad negociadora por parte de las autoridades económicas, que permitan solventar las restricciones políticas que surgirán cuando dichas medidas sean anunciadas y, por lo tanto, aumenten la credibilidad de las mismas.