El modelo rentista que ha sostenido hasta ahora las necesidades de desarrollo del Estado venezolano llegó a un punto de agotamiento desde hace dos décadas, por lo menos. Sin embargo, la reiteración de esquemas populistas en los tres últimos años no ha hecho sino reafirmar que se está recorriendo un camino sin salidas. La necesidad de cambiar el rumbo preocupa a muchos venezolanos

Hablar del futuro próximo luce en la actualidad como un ejercicio más incierto que en otro momento y cada vez es más difícil para los economistas hacer sus cálculos, básicamente por dos razones: se desconoce el desenlace de la crisis política actual de Venezuela y cuál será la orientación económica para los próximos años. Estas dudas persisten, incluso en un escenario que contemple la continuidad del actual equipo de ministros, puesto que entre ellos mismos se manifiestan señales contradictorias en temas como la política petrolera y de seguridad social, discrepancias que también se extienden al desarrollo de la política fiscal, cambiaria y monetaria, como se evidencia en los choques entre el gabinete económico y el directorio del Banco Central de Venezuela.

Al ministro de Planificación y Desarrollo, Felipe Pérez Martí, no parecen preocuparle las divergencias, y sus comentarios más bien vislumbran el mediano y largo plazo como una consecución de logros que forman parte del desarrollo del proceso de transformación que, a su criterio, lidera el presidente Hugo Chávez.

“El modelo de desarrollo que llevamos adelante resulta acertado porque parte de un modelo de crecimiento desde abajo, en el cual no se minimiza al Estado y no se limita al problema económico, sino que incluye lo social”, comenta Pérez Martí.

El funcionario se centra en señalar que el objetivo de la política económica, que dirige desde principios de mayo del 2002 cuando reemplazó al ex ministro Jorge Giordani, da prioridad al desarrollo del capital humano y busca corregir la desigualdad que existe en la población.

Asegura insistentemente que los resultados exitosos de mediano y largo plazo que puedan registrarse en la economía, están determinados en buena parte por la necesidad de que agentes económicos --inversionistas y empresarios; ciudadanos y trabajadores-- se formen expectativas racionales sobre la posibilidad de revertir la contracción de la producción y el aumento del desempleo.

“La fe mueve montañas en economía”, asegura Pérez Martí. “Aún en el caso que se tenga un equipo o un gobierno malo, se puede lograr un equilibrio económico bueno, porque todo depende de las expectativas”, enfatiza.

Al entrar en el terreno de lo tangible, el ministro de Planificación ya no tiene la misma seguridad que mostró al principio de su gestión cuando aseguró que en el segundo semestre del 2002 se lograría revertir la contracción de la economía, como fue su afirmación en mayo de este año, cuando admitió que entre enero y junio no habría crecimiento, pero sí ocurriría en el período de julio a diciembre.

Ahora las perspectivas de mejoras más bien apuntan hacia los años 2003 y 2004, cuando augura que se registrará un repunte entre 3,5% y 4,5% del Producto Interno Bruto y que el aumento de la inflación podría desacelerarse a niveles de 15 y 18% frente a lo que se anuncia para este año superior a 26%, e incluso por encima de 30%.

“Vamos a atacar con todo los hierros lo de la inflación y estabilizar el tipo de cambio”, asegura el ministro Pérez Martí. El titular de Planificación también asegura un repunte de la producción petrolera a partir del año próximo, pero sus anuncios se enfrentan a los del Ministerio de Energía y Minas y a los de Petróleos de Venezuela que, al menos verbal y oficialmente, se mantienen aferrados a las decisiones de la OPEP, pese a que existen denuncias de que todos los miembros del cartel --incluida Venezuela-- estarían violando la cuota en más de 800.000 barriles diarios, según revelan fuentes en materia energética.

La otra vía

Los augurios de reactivación que menciona el ministro Pérez Martí encuentran poco o ningún aval entre sus colegas. Por el contrario, de seguir con las actuales medidas, las perspectivas plantean que, en el mejor de los casos, se mantendrá el proceso de estancamiento de la economía.

“En un escenario en el cual existen niveles importantes de percepción de riesgo, tanto económico como político, parece poco probable que se pueda generar un crecimiento económico importante”, comenta Efraín Velásquez, presidente del Consejo Nacional de Economía. “La piedra central para lograr crecimiento en un contexto de estabilidad depende fundamentalmente de la búsqueda de la estabilidad y de la credibilidad que tengan las autoridades”, agrega.

Para Velásquez los anuncios oficiales no muestran una estrategia de crecimiento económico, ni una orientación a la captación de inversiones foráneas o privadas nacionales, de allí que junto a la contracción de la producción que irremediablemente ocurrirá este año, se suma un crecimiento 0 o de 1% del PIB para el 2003. Asimismo, no proyecta la posibilidad de que la inflación del año próximo se ubique por debajo de 23% como espera el Gobierno, debido a los efectos rezagados que tendrá sobre los precios la devaluación del bolívar que se ha registrado este año, la cual alcanza más de 90% entre enero y septiembre.

“Usualmente en el caso venezolano la transferencia de los efectos de la devaluación a los precios está atada en el orden de 70% durante los seis meses siguientes después de la devaluación, pero cuando se entran en procesos recesivos importantes como el que tenemos este año y que seguirá el año próximo, de no adoptarse medidas correctivas, entonces la posibilidad de esa transferencia se retarda”, señala Velásquez.

Desde abril de este año el experto ha insistido en las acciones que deberían adoptarse para revertir la caída de la actividad económica y ha recomendado que se incentive la producción petrolera, principalmente por el efecto que tendría en otros sectores de la economía. En tal sentido, recuerda que el sector petrolero representa en la actualidad 25% del PIB, pero cuando se toman en cuenta los efectos que tiene en otras áreas de la economía, esa cifra aumenta a 40% del PIB, de allí su recomendación para que se reconsidere la política en materia de hidrocarburos.

Alertas a tiempo

Otra de las recomendaciones que proponen los expertos es que al menos se anulen algunas medidas que se han aprobado, como varias de las leyes de la Habilitante (Tierras, Hidrocarburos, Seguros, entre otras), o como la reforma al marco legal del Banco Central de Venezuela, que debilita su autonomía. También se sugiere que disminuyan los discursos que propician un mayor enfrentamiento en el país.

“Las medidas que se están adoptando, o que se anuncian, profundizan el conflicto político y mantienen las actuales restricciones para el financiamiento del gasto público”, indica Luis Zambrano, economista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. “De continuar con esas medidas, en vez de echarlas para atrás, se corre el riesgo de crear las condiciones que propendan a una elevada inflación en forma permanente, debido a la dependencia de cubrir el presupuesto público a través del impuesto inflacionario y cambiario”, añade el experto.

Argumenta que uno de los problemas prioritarios que debe afrontar cualquier equipo gubernamental está en resolver la situación fiscal, y menciona cómo en el caso venezolano se cuenta con la ventaja de que no existen desequilibrios en las cuentas externas justamente por el efecto que tienen los ingresos que se obtienen por las exportaciones petroleras, situación de la que no gozan otros países de América Latina como Argentina, Brasil o Uruguay, de allí la necesidad que tienen de acudir a solicitar ayuda al Fondo Monetario Internacional con más frecuencia que Venezuela.

Igualmente, menciona la necesidad de que se frene el debilitamiento institucional y considera que una señal en ese sentido podría ser que no se apruebe la reforma de la Ley del Banco Central, porque de esa manera se estaría evitando restarle autonomía al instituto emisor y se mantendrían los estándares técnicos y de calificación que ha mostrado este organismo frente a otros entes oficiales.

Por otro lado, se requieren medidas que tiendan a evitar el continuo cierre de empresas y que faciliten que las industrias existentes retomen planes de inversión en caso de que se perciba una reactivación de la demanda y el consumo.

“En los últimos años, sobre todo a partir de 1999, hemos visto cómo se ha ido destruyendo el tejido industrial”, comenta Rosana Sosa, economista y docente de la Universidad Central de Venezuela. “Entre los elementos que darían confianza está el que se den respuestas en el sentido de garantizar la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad y el respeto a las instituciones”, señala.

En caso contrario, alerta que la continuidad de la actual política solo lleva a más cierres de empresas, a que no haya perspectivas de crecimiento económico y con ello a un incremento en las tasas de desempleo y de informalidad.

Buscar salidas

Uno de los economistas que hasta principios de año defendió la gestión gubernamental del presidente Hugo Chávez fue el director de la Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea Nacional, Francisco Rodríguez, aunque desde abril del 2001 empezó a marcar distancia al presentar un conjunto de sugerencias orientadas a concretar una reforma fiscal, tanto en lo que compete a mejoras en la percepción de ingresos fiscales corrientes --como los que se obtienen por la recaudación de impuestos-- como en una revisión en la forma de asignación del gasto público.

Tras los hechos de violencia ocurridos en abril de este año, Rodríguez empezó a sugerir un conjunto de propuestas, algunas de las cuales fueron objeto de rechazo por parte del partido de gobierno --el Movimiento Quinta República-- y en algunos casos le valió ganarse la denuncia de conspirar contra la administración del presidente Chávez.

Las propuestas presentadas por el director de la Oficina Asesora del Parlamento incluyen un conjunto de ideas que deberían formar parte de un programa económico que, entre sus prioridades, en primer lugar emprenda un movimiento de unidad nacional y una reforma fiscal gradual.

Rodríguez se pregunta quién podría emprender un programa correctivo (y para ello se coloca tanto en el escenario de que Chávez continúe en el poder como en la circunstancia de que exista una nueva administración).

“La administración Chávez, severamente debilitada en lo político, es incapaz de llevar adelante un sustancial ajuste fiscal”, señalaba Rodríguez. “Sin embargo, existe espacio para producir un shock de expectativas positivas si se cambia la dirección en el sentido de permitir la participación del sector privado y emprender una política social”, puntualiza.

En cambio, considera que una nueva administración contaría con la ventaja de crear expectativas positivas, al menos en un primer momento, pero advierte que ese nuevo gobierno podría correr el riesgo de no contar con un apoyo político o tener solo el respaldo de los sectores medios y altos de la población, pero luego podría perderlo cuando se tomen medidas que los afecten en materia de reforma tributaria o ajuste de precios en tarifas de servicios o bienes básicos (transporte público como el Metro o la gasolina, por citar dos casos).

Justamente, recuerda que entre las reformas pendientes se encuentra un aumento en el precio y en el impuesto a la gasolina, una reforma del Impuesto sobre la Renta --sobre todo en lo que respecta a personas naturales-- y un recorte en la burocracia pública. Existen otras medidas que Rodríguez había mencionado, como una modificación del IVA para eliminar exenciones o un ajuste del tipo de cambio, las cuales se han dado en el transcurso del año 2002.

Por otro lado, sugiere como medidas complementarias la decisión del gobierno venezolano de ingresar a la Asociación de Libre Comercio de las Américas, que se defina un claro acuerdo para la protección de la propiedad privada, se permita la participación del sector privado en el sistema de seguridad social y que se apruebe y se arme un paquete de programas sociales sustentado en subsidios directos, tanto a las familias más pobres como a los productos de la cesta básica.

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.	Cambios tributarios Uno de los aspectos que marcará la diferencia en la gestión fiscal del próximo año está en los impuestos. A partir del 2003 no solo se mantendrá la alícuota de 16% para el cobro del impuesto al valor agregado, sino que entrará en vigencia una tasa diferenciada del IVA de 8% para servicios asistenciales, médico-odontológico, de cirugía y hospitalización que presten instituciones privadas, y que también se cobrará en las tarifas aéreas de rutas nacionales. Los cambios no quedan allí. El intendente de tributos internos del Seniat, Elías Eljuri, anuncia una reforma al impuesto sobre la renta para personas naturales, principalmente para reducir el desgravamen único que se aplica a este tributo. En la actualidad se ubican en 774 unidades tributarias las rebajas que pueden hacerse por gastos de salud y educación, además para revisar las exenciones que actualmente consagra el ISLR. El funcionario también anuncia la entrada en vigencia del régimen simplificado de tributación o monotributo, la culminación del plan de modernización de las aduanas, la aplicación de la anterior modificación que se le hizo al ISLR, junto a mejoras en los planes de fiscalización. Es por ello que Eljuri considera viable que se concrete un incremento en la recaudación por encima de 25% con respecto a la meta que se fijó el Seniat para el 2002, con lo cual los ingresos por impuestos aportarían a la Tesorería 13,5 billones de bolívares, dinero que no incluye la eventualidad de que el Impuesto al Débito Bancario proporcione más de 300 millardos de bolívares si se toma en cuenta que este tributo estará vigente hasta el 14 de marzo del 2003.	.
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.	Mirar el largo plazo Una de las propuestas que se perfilan para revertir la contracción de la economía y el aumento de la pobreza proviene del economista Gerver Torres. Hace dos años este profesional y ex presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela, presentó un libro titulado Un sueño para Venezuela, que, más allá de presentar un conjunto de propuestas de las políticas que deben adoptarse en materia económica o social, se propone como un espacio para la discusión sobre la realidad que afronta el país y las medidas que deben adoptarse hacia largo plazo. El propósito del programa, que cuenta con el respaldo de la organización civil Liderazgo y Visión, el patrocinio de diferentes empresas, junto al apoyo de las universidades públicas y privadas, ha tenido un efecto multiplicador a través de talleres, charlas y conferencias, en el cual la discusión no se centra solo en la revisión del contenido del libro sino en las acciones que se deben llevar a cabo. “No se trata de un proyecto editorial sino de un trabajo para darle forma a un proyecto de pedagogía social. Cada quien se fija tareas sobre lo que debe hacer para mejorar el país”, comenta Gerver Torres. “En ese sentido, la tarea de corto plazo es justamente plantearse un proyecto de largo plazo, independientemente de cuál sea el gobierno o qué medida adopte”, agrega. Comenta que de la definición de ese proyecto deben plantearse cinco objetivos: la reducción sustancial de la pobreza, la diversificación de la economía, reorientación del papel del Estado, profundización del sistema democrático y afianzamiento de las instituciones, y, por último, el desarrollo de una sociedad basada en la libertad y en la responsabilidad individual. Gerver Torres comenta que el proyecto sigue vigente a pesar de que han transcurrido dos años de deterioro más pronunciado en los indicadores sociales y económicos, pero admite que en la medida en que se retrase la definición de un programa o una estrategia de largo plazo, en vez de hablar de un plazo del 2025 para lograr algunos objetivos, la meta temporal se va alargando hacia los años 2030 o 2035. Explica que en dos años que lleva la difusión de Un Sueño para Venezuela, no se han logrado establecer los contactos con funcionarios del gobierno nacional, aunque comenta que gobernaciones, alcaldías y varios partidos políticos sí han mostrado receptividad para discutir esta propuesta. “Clamamos y rogamos para que el Ejecutivo Nacional nos escuche, pero hasta ahora no se ha dado la oportunidad”, comenta Torres. “En este momento nos encontramos en una economía o en una sociedad del precipicio o del barranco”, sin embargo, el economista resalta algunos aspectos que pueden asumirse como activos de la sociedad venezolana para retomar un camino hacia el desarrollo: una población joven, tendencia imperante hacia una completa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres e inexistencia de conflictos étnicos o religiosos (que impactan a otros países, incluso de América Latina). Recuerda Gerver Torres que Venezuela, entre 1950 y 1980, fue una de las naciones con mayor crecimiento con tasas promedio anuales de 6% del PIB y niveles de inflación inferiores a 4%, situación que no ha logrado repetirse en los siguientes 22 años.	.
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.	Las medidas incorrectas El economista Luis Zambrano comenta que existe una lista de medidas que, de adoptarse, van en vía contraria a la resolución de los problemas que afronta la economía venezolana, pero no deja de advertir su temor por el hecho de que al final sean las decisiones definitivas del actual gabinete económico. - Prolongación del impuesto al débito bancario más allá del 14 de marzo del 2003, fecha en que hasta ahora se comenta que estará en vigencia este tributo. - Pagos del gasto público con bonos, como los que empezó a realizar el Ministerio de Infraestructura y el Fondo de Desarrollo Urbano. - Impuesto a las transacciones financieras externas, principalmente para controlar la salida de capitales. En tal sentido, explica que en algunos países en los que se registran ataques especulativos se utilizan alícuotas bajas en este tributo, pero su temor está en que en Venezuela se vayan por tasas altas. - Imposición al sistema financiero para que adquiera títulos de la Deuda Pública Nacional con vencimiento a largo plazo y reducidas tasas de interés. Menciona la discusión que se viene dando entre las autoridades del Ministerio de Finanzas y del Banco Central de Venezuela para que se reduzca el encaje legal, que actualmente obliga a las instituciones bancarias a mantener 15 bolívares por cada 100 bolívares que reciban de depósitos, como reserva en una cuenta del BCV. - Emisiones de bonos en el país, indexados a la inflación, o que se coloquen en dólares, papeles que a mediano o largo plazo pueden agravar la situación fiscal. - Presión sobre Petróleos de Venezuela para el adelanto de dividendos, o sobre el Banco Central de Venezuela para el anticipo de utilidades, como efectivamente está empezando a ocurrir. - Incentivos para una mayor depreciación del tipo de cambio. Adicionalmente, Zambrano se pronuncia sobre la necesidad de que la conflictividad entre Gobierno y oposición logre puntos de consenso que permitan la gobernabilidad y la generación de confianza, o que se logre alguna solución o acuerdo que resuelva la crisis.“Mientras no se avance en la resolución de los conflictos políticos, aún con el escenario petrolero favorable, el Gobierno enfrentará restricciones financieras crecientes”, comenta.	.
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