La reforma de la seguridad social está entre los temas que exigen una definición luego de 14 años de espera. Los fondos de ahorro de este sistema se convertirían en otro de los motores del desarrollo económico del país

Una de las reformas pendientes en Venezuela es la seguridad social, sobre todo en lo que respecta a la creación de fondos de pensiones, que por un lado permitan que cada persona tenga su cuenta separada frente a lo que tradicionalmente ha estado en un solo pote o fondo, y que por el otro se conforme un instrumento financiero de ahorro a largo plazo.

El tema está en agenda si se toma en cuenta que aún no han entrado en vigencia las leyes de seguridad social que se aprobaron en 1997 y 1998, pero que se han diferido en su aplicación a la espera de obtener una alternativa que tenga más cobertura, incluya al sector privado y al mismo tiempo tenga viabilidad financiera y fiscal. Su implementación, ya aprobada por ley, seguirá siendo el tema vigente en lo inmediato y también a mediano y largo plazo.

El objetivo financiero es captar la enorme capacidad de ahorro que significarían los fondos de pensiones para apalancar inversiones en diversas áreas económicas, empezando por la industria petrolera, según proponen algunos analistas económicos. Sería un plan de doble resultado: por un lado se beneficiaría a los trabajadores que podrían contar con ahorros respetables y disponibles para cuando ya deban retirarse de toda actividad productiva y, por el otro, las empresas venezolanas podrían conseguir financiamiento con capital nacional.

Sin embargo, muchos analistas y expertos del área de los fondos de pensiones consideran que tampoco debería ponerse una camisa de fuerza sobre estos instrumentos debido a que, como capital de inversión, deben estar en capacidad de moverse hacia donde se les ofrezca mayor rendimiento, porque el objetivo final es obtener los mayores y mejores rendimientos de manera de poder responderle adecuadamente a los afiliados y futuros pensionados.

Los mejores ejemplos de lo que los fondos de pensiones pueden hacer por la economía de un país son los que funcionan en Chile y los de Europa en general, donde destacan los fondos españoles. En esos países los fondos de pensiones han sido el principal motor de esas economías y, a la vez, de otros grandes proyectos en el mundo donde han realizado sus inversiones.

Fondos criollos

En Venezuela esta materia tiene más de 12 años de discusión: fue a principios de los años 90 cuando se comenzó a plantear la necesidad de revisar el sistema de previsión.

“Independientemente de la circunstancia política que exista, una de las materias pendientes es la reforma de la seguridad social”, comenta Norma de Dueñas, presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones. “Este tipo de reforma es inminente y no debe verse de forma separada a las revisiones que deben hacerse en materia fiscal, laboral, e incluso de cambios en la política educativa, porque ya hoy día en muchos países la formación de los ciudadanos es parte de la seguridad social”, indica.

Sin embargo, ni las leyes que se aprobaron hace cinco años --las de seguridad social, pensiones y salud-- ni las propuestas que se han redactado en tres años y medio de gobierno del presidente Hugo Chávez han logrado avanzar, entre otros aspectos por las reticencias que existen a la creación de cuentas individuales de pensiones y a la participación del sector privado en la administración de los fondos de previsión.

En la actualidad, la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de presentar la propuesta de Ley de Seguridad Social y han avanzado en un proyecto que admite la existencia de cuentas individuales en fondos de pensiones, pero las mismas solo están reservadas a aquellas personas que ganen más de cinco salarios mínimos, es decir, más de 950.000 bolívares mensuales y estos recursos solo podrían ser administrados por una institución financiera del sector público.

Adicionalmente se contempla que el aporte al fondo individual no sea mayor a 3% del sueldo o salario, mientras que una cotización de 12% iría a un fondo colectivo, semejante al del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y el dinero que entre se utilizaría para el pago de pensiones que tomen como referencia el salario mínimo urbano.

“Los cálculos que se han hecho muestran que resulta imposible que una persona con una cotización de 3% de su salario pueda al final de su vida laboral tener una pensión adecuada. En este momento, presumiendo que aún la población venezolana es joven comparada con la de los países europeos, se requiere al menos que la cotización no sea inferior a 10%”, comenta Dueñas.

A esto se suma que el texto constitucional consagra la homologación de las pensiones al salario mínimo urbano, disposición que, si se acepta, coloca la política fiscal en situación de inviabilidad, de allí que entre los técnicos del Poder Legislativo se busquen menciones que no sean específicamente pensiones, de manera de lograr una amplia cobertura sin tener que pagar exactamente la obligación que impone la Carta Magna.

Asuntos pendientes

Los otros subsistemas o regímenes de prestaciones de la seguridad social, como salud o riesgos laborales, tampoco escapan de problemas y enfrentamientos, pero en menor medida que el de pensiones, aunque las obligaciones de financiamiento que se le imponen al Estado también comprometen la política fiscal o se vislumbra que sean disposiciones que nunca lleguen a cumplirse.

En el caso del subsistema de salud, el conflicto fiscal se le crea al propio Gobierno, porque la Constitución prohíbe cualquier cobro de servicios de atención médica en instituciones oficiales e incluso en la reforma de la seguridad social que se está discutiendo se prevé reducir, hasta su completa eliminación, la cotización que dan actualmente patrono y empleado por la parte asistencial del IVSS. A esto se suman los planes de restringir la contratación de pólizas de hospitalización, cirugía y maternidad en instituciones oficiales con el fin de que esa parte del gasto público se asigne al financiamiento del sistema único de salud.

Asimismo, la propuesta de seguridad social prevé mayores restricciones a las promociones de cigarrillos y bebidas alcohólicas, incluso a través de la figura del patrocinio de espectáculos deportivos o culturales.