Desde los años cuarenta y hasta fines de los setenta, la economía venezolana se caracterizó por una envidiable estabilidad cambiaria y de precios, y por un alto y sostenido crecimiento. Ello permitió, entre otras cosas, que se formara y consolidara una pujante clase media y que se modernizara el país. En gran medida, eso fue posible por la abundante y sostenida renta petrolera que percibía el Estado, que se transfería a la población a través de la construcción de infraestructura y de la prestación de servicios públicos gratuitos o altamente subsidiados, destacando entre ellos la educación y la salud.

La situación empezó a cambiar desde los inicios de la década de los ochenta, cuando comenzó a caer sostenidamente la renta petrolera real per cápita. El pujante crecimiento de la población, la multiplicación de sus necesidades, la moderación de los precios reales de los hidrocarburos y las limitaciones de producción de petróleo, han hecho que aquel esquema de economía rentista de otrora, sea cada vez más una cuestión del pasado. Sin embargo, nuestros políticos han continuado, incluso con renovado ahínco, haciéndole creer a los venezolanos que aún somos un país rico, que cuenta con una cuantiosa renta que da para todo, obligando con ello al Estado a continuar jugando aquel papel paternalista y generoso del pasado, que busca arrogarse unilateralmente el papel locomotor de la economía. El resultado de esa nefasta actitud está a la vista: creciente gasto público corriente, con efectividad cada vez más limitada y con muy poco efecto locomotor sobre la economía; deterioro de los servicios públicos y una economía con un bajo dinamismo, que incluso ha caído en una situación de mengua en un período de auge petrolero como el actual. Es obvio que esa línea de acción tiene que cambiar.

Es necesario que se redefina la política económica, buscándose la participación de toda la sociedad en el logro del desarrollo que todos aspiramos. Como parte de ese cambio, se hace indispensable la reestructuración del Estado, redefiniendo sus papeles y limitando sus acciones a lo que le es propio, es decir, en forma exclusiva, la seguridad y la defensa nacional, la administración de justicia y el establecimiento de la normativa legal y su debida supervisión, y, en forma compartida, la educación, la salud y la prestación de otros servicios públicos, así como la participación en algunas actividades productivas y la construcción y mantenimiento de la infraestructura física. Como parte de esa reforma hay que modernizar lo tributario y maximizar la eficiencia del gasto público.

Paralelamente, es imperativo que se cree un clima propicio para la inversión privada, que es la que a fin de cuentas generará las nuevas fuentes de trabajo tan requeridas en el país, y crear fuentes de financiamiento para esas inversiones, para lo cual es indispensable crear los fondos de pensiones y fortalecer el sistema financiero. Al mismo tiempo, hay que establecer los requerimientos de recursos humanos del país y reorientar el sistema educativo, con el fin de que formemos óptimamente los técnicos y profesionales que requeriremos.

Estas son tan solo algunas de las tareas que tenemos que hacer, con el fin de crear las condiciones para que todos los miembros de nuestra sociedad, Estado y sociedad civil, contribuyan efectiva y eficientemente al desarrollo integral de nuestro país.