Se requieren reglas claras y sólidas, que impidan que el Gobierno se endeude más allá de sus posibilidades de ingreso

Buena parte del problema que afecta a Venezuela se viene arrastrando desde hace varios años y tiene que ver con que el Estado no tiene una estructura financiera viable y eso trae consecuencias macroeconómicas graves, que se reflejan inmediatamente en las tasas de cambio, intereses, inflación y en el crecimiento económico.

Gustavo García, profesor del IESA, y José Antonio Gil Yépez, presidente de Datanálisis, plantean que es imprescindible establecer reglas muy claras y sólidas en varias áreas, casi que con rango constitucional, para que sean respetadas y que impidan que el Gobierno se endeude más allá de sus posibilidades de ingreso. Para García el sector público tiene dos problemas cruciales: la enorme volatilidad sobre la cual operan las finanzas públicas, producto de los shocks del mercado petrolero, y las deudas que el Estado ha venido acumulando y que no está en capacidad de pagar.

Explica que cuando se producen los boom petroleros hay un aumento del gasto público y cierta expansión económica modesta en el corto plazo, pero se aprecia el tipo de cambio y eso produce inflación, porque aumenta la demanda y suben los precios, se estimula las importaciones, lo que afecta a la producción nacional. Cuando bajan los precios del petróleo se genera déficit fiscal que fuerza al Gobierno a hacer un correctivo de contracción del gasto y a aumentar los impuestos, lo que tiene un efecto negativo en las finanzas públicas y produce recesión en la economía. El mercado percibe que el Gobierno se verá forzado a ajustar el tipo de cambio para financiar su déficit fiscal. A pesar del aumento de las tasas de interés, si se ajusta el precio del dólar hay devaluación e inflación. García explicó que en ese ciclo perverso no se produce inversión que genere fuentes de trabajo, y esto hace que la economía no crezca: genera desempleo, estimula la informalidad y empobrece a la población.

Independientemente de hacia dónde apunte el gasto público, produce ese mismo efecto, por lo que considera que es necesario rescatar el Fondo de Inversión para que funcione en los términos en que fue diseñado el FIEM en 1998.

Por otro lado, a las deudas por seguridad social --que son producto de que no se acumuló lo cotizado por toda una generación de venezolanos-- se suman los pasivos acumulados por prestaciones sociales adeudadas a empleados del Estado, que no están en fideicomisos y crecen periódicamente por intereses acumulados. Luego, están las deudas interna y externa, de 11,5 billones de bolívares y 22 millardos de dólares, respectivamente, un enorme pasivo que el Estado no puede cancelar con la gestión fiscal corriente.

Por eso “se tiene que privatizar o hacer concesión de activos públicos, cuyos ingresos exclusivamente sean utilizados para cancelar los pasivos o deudas referidos”.

García enfatiza que hay que establecer una restricción legal a la aprobación de presupuestos de carácter deficitario. Otra propuesta de García y Gil Yépez es que Venezuela tiene que ir a un proceso de aumento de la producción petrolera en el largo plazo, para usarla como motor que mueva al resto de la economía. García sostiene que eso no implica que se tenga que salir de la OPEP o confrontarla en el corto plazo.

Más restricciones

Gil Yépez plantea reglas específicas: el primer objetivo debe ser respetar la democracia y eso incluye la tolerancia pluralista hacia todos los sectores. Debe haber autonomía de los poderes públicos y descentralizados. Se requiere la diversificación de la actividad económica, lo que fortalecerá la recaudación fiscal y la exportación y generación de divisas. En este punto la precondición fundamental es recuperar los equilibrios y la estabilidad macroeconómica.

Debe desarrollarse un ministerio de producción y comercio, otro de planificación y otras entidades públicas especializadas, que estén dirigidas por personal técnico y una ideología interesada en el desarrollo de una economía de mercado verdaderamente competitiva en manos privadas, aunque sin descalificar las acciones, tanto de promoción como de supervisión, por parte del Estado.

Hay que establecer un marco de políticas públicas económicas sectoriales concertadas y que por lo tanto atraigan a los inversionistas nacionales y extranjeros. Bajo ese esquema, los sectores prioritarios a desarrollar son: turismo, agropecuario, agroindustria, construcción y telecomunicaciones, por la generación de empleo y las ventajas competitivas que poseen. El desarrollo petrolero gasífero, petroquímico y metalúrgico, así como del aluminio y de la hidroelectricidad, por las ventajas comparativas y competitivas que tiene el país.

En los aspectos político y social, todo lo anterior pasa por el financiamiento a largo plazo, que no va a existir hasta que no se tengan los fondos de pensiones, los cuales tienen que ser privados, personalizados y de alta competencia. Esto implica también la revisión de los otros 4 subsistemas de seguridad social: INCE, Seguro Social, paro forzoso y política habitacional.

Debe profundizarse la descentralización: el manejo eficiente y transparente de los servicios públicos solo se puede alcanzar asegurando la rendición de cuenta de los administradores, que pueden ser gobernaciones, alcaldías y hasta la junta parroquial. La única limitación que debe imponerse es evitar que los gobernadores y alcaldes puedan endeudarse.

Negros nubarrones

Pronostican que para el 2003 vamos a otro año de desajuste fiscal y financiero, porque se entró en una dinámica donde la devaluación y las altas tasas de interés van a ser permanentes e imprescindibles. El Gobierno se va quedando sin opciones de financiamiento interno y externo, producto de la desconfianza que ha creado. Está pagando vencimientos de deuda pública de mediano plazo con bonos y letras del Tesoro de muy corto plazo. Esto implica que en el 2003 tiene que amortizar deuda pública nacional por aproximadamente 2,3 a 2,5 billones de bolívares, lo que va a producir una acumulación de amortización de deuda total por 4 billones de bolívares. García afirma que no hay manera de que el Estado pueda pagar y el riesgo de un refinanciamiento forzoso con la banca nacional es casi inevitable.

“Para los mercados internacionales eso es una cesación de pagos de la deuda pública y se cierra la posibilidad de que Venezuela llegue a los mercados internacionales. Eso puede alterar significativamente el patrimonio de muchas instituciones financieras que en este ambiente de recesión están severamente golpeadas”. García no descarta que Venezuela permanezca en la lista de candidatos