Las nuevas políticas aprobadas por el Gobierno en torno a la utilización de software libre significan la sentencia de muerte de un ya deteriorado sector del aparato productivo nacional

La aprobación, por parte del gabinete económico ampliado, de las políticas básicas para la modernización del Estado, ha hecho que lo que se conoció hasta hoy como industria nacional del software, tenga sus días contados.
Si bien el software libre es una tendencia mundial, las políticas anunciadas por el Ministerio de Planificación y Desarrollo en el marco del Programa Consenso, orientadas fundamentalmente a estandarizar los criterios de adquisición de software de la administración pública en torno al software libre, no fueron sopesadas con anuncios o lineamientos que compensaran el golpe que va a sufrir este ya aturdido sector, al cual solo le queda producir para la exportación, con la agravante de que carece de recursos para certificar sus programas y aplicaciones bajo los estándares internacionales de calidad.
Producir software para el debilitado mercado interno hace tiempo ya que ha dejado de ser rentable, y producir para el Estado significará perder la titularidad del producto elaborado, así como sus derechos de licenciamiento, que es la bandera del software libre.
Por otra parte, el grupo de asesores de la cartera de Planificación y Desarrollo, conocidos consultores de software libre en la comunidad tecnológica nacional, asegura que ya el Estado no puede seguir gastando dinero en software; el negocio será, afirman, la consultoría y la educación de una nueva generación de programadores (ya no se podrá hablar de una industria) bajo este nuevo modelo de desarrollo comunitario.
"Para nosotros es software libre si el código fuente es libre, si es modificable y si es redistribuible", explicó Ricardo Strusberg, coordinador del Programa Consenso, cuyo lema, enfatizado por el ministro Felipe Pérez, es Software libre hasta donde sea posible; software propietario cuando sea imprescindible.
Mientras tanto, todas las compras de tecnología del Estado han sido detenidas y las licencias que están en curso no serán renovadas, advirtió Pérez.

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.	Las medidas anunciadas: 1. Toda información publicada por algún organismo del Estado deberá estar en un formato estándar internacional con al menos una implementación libre. 2. Todo proyecto para la producción de software financiado por el Estado debe ser para software libre y abierto. 3. Los datos del Estado deben poder ser convertidos de otra base de datos transparentemente, sin necesidad de incurrir en costos adicionales.	.
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