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Supermercados recurren a ayuda externa

Las grandes cadenas de supermercados pueden recurrir a aseguradoras internacionales, aunque esto no es garantía de que recibirán ayuda en caso de saqueos asociados con desórdenes políticos. Y los negocios pequeños, ¿qué hacen?

Abel Calvo

Los supermercados fueron unos de los negocios más afectados durante los recientes días de caos que vivió Venezuela. Al momento de cierre de la presente edición, aunque todavía no se tenían las cifras exactas, se calculaba que las pérdidas por saqueos en este sector se ubicaban en el orden de los 20 millones de dólares (16 locales saqueados). Ahora enfrentan, al igual que todos los comercios afectados, la incertidumbre en torno al pago de indemnizaciones por parte de las compañías de seguros. La Cámara de Aseguradores de Venezuela (CAV) asumió posición por medio de un comunicado en el que explican las excepciones que tienen las pólizas relacionadas con daños causados por motín, saqueos y disturbios relacionados con amenazas a los poderes constituidos (ver recuadro). Sin embargo, es potestad de cada empresa decidir si cubre o no los daños causados por los recientes saqueos.

Nelson da Gama, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Afines (ANSA), señala a DINERO que en su gremio esperan una respuesta favorable por parte de la Superintendencia de Seguros, organismo del Estado encargada de supervisar el funcionamiento de las aseguradoras en el país.

"Lamentablemente hay que recurrir a las reaseguradoras internacionales", señala el empresario, "pero eso solo es posible para las cadenas grandes y que tengan una trayectoria impecable". Según la información que maneja, las cadenas grandes sí van a recibir indemnizaciones por parte de las reaseguradoras.

Sin embargo, advierte que en el caso de su propia cadena, Excelsior Gama, la póliza contra motines experimentó un incremento de 50% en la tarifa, al pasar de 50 mil a 75 mil dólares, y aún así su renovación está sometida a la aprobación de la compañía de seguros (radicada en Inglaterra), de acuerdo con las condiciones de riesgo del país.

Por otra parte, la situación es verdaderamente grave para los supermercados independientes. ANSA agrupa 70% de las empresas del sector, incluyendo las cadenas más grandes, pero para Da Gama todavía el mercado está muy atomizado, por lo que la asociación hace grandes esfuerzos por agrupar a los supermercados. "En la unión está la fuerza", dice. El empresario señala que se han mantenido fructíferas reuniones con los ministerios de Agricultura y Tierras, y de Producción y Comercio, para tratar de conseguir condiciones especiales de financiamiento para las empresas más pequeñas, a través de entes como Foncrei (Fondo de Crédito Industrial).

No obstante, en su opinión el Estado debería hacer todavía más: "Todo esto ocurrió porque no había protección en las calles. Tenemos que ver qué podemos hacer para que esto no vuelva a suceder".

Para Da Gama es fundamental que el Gobierno cree conciencia de la importancia social de los supermercados, "que proveen 70% del comercio de alimentos en todo el país. En esos días no había buhoneros ni Plan Bolívar 2000, pero nosotros sí abrimos las puertas, y no hubo desabastecimiento. Somos los verdaderos garantes de la seguridad alimentaria".

"El Gobierno debe establecer políticas más claras y dar mayores garantías para nuestro funcionamiento. Solo así nos sentiremos libres de seguir trabajando y prestando servicio a la comunidad", concluye.

Franquicias: el caso de Los Mangos

La estación de servicio Los Mangos, ubicada en La Florida, fue una de las más afectadas por los saqueos ocurridos en abril. Allí fueron saqueadas la tienda de conveniencia StarMart, la cafetería Café Express y el restaurante Subway. Dos cajas fuertes con ventas acumuladas fueron sustraídas.

Todas estas marcas (incluyendo Texaco) son representadas en el país por el mismo grupo empresarial. Según Carlos Avila, directivo de ese grupo, reparar los daños y reponer la mercancía robada tendrá un costo aproximado de 500 millones de bolívares. Todavía no han recibido una respuesta definitiva de su aseguradora (venezolana), pero Avila es optimista en que reconocerán los daños.

Sin embargo, consultado ante la eventualidad de que su aseguradora se apegara a la posición de la CAV, el director de Subway señala que se plantearía el problema de en manos de quién quedaría la potestad de definir si fue golpe de Estado o no. "Además, la Superintendencia de Seguros debe proteger a las empresas que operan en el país, garantizar su seguridad jurídica en estos casos". Más allá de este problema, Avila señala que en el caso de Subway, aunque no es una norma escrita, cuando se presenta este tipo de situaciones puede darse el caso de que la casa matriz condone el pago de regalías al operador del local afectado durante un lapso determinado, para ayudarlo a recuperarse cuando reinicie operaciones.

En opinión de Avila, desde el punto de vista gremial las franquicias podrían unirse para mandar un mensaje a las empresas de seguros, a fin de garantizar mejores soluciones cuando se presenten casos como éste.


A empezar de nuevo

Los saqueos en Venezuela se han convertido en un tema muy delicado para pequeños y grandes comerciantes, sobretodo aquellos que hace varias décadas llegaron a estas tierras para lograr una mejor calidad de vida y la ven destruida en pocos minutos; la mayoría, de hecho, ya tiene en mente retornar a su lugar de origen, y más aún después del 11-A, en donde esta gran comunidad de extranjeros sufrió de nuevo la furia de un pueblo cegado por el odio social. Son muchos los portugueses, españoles e italianos que hoy cuentan las pérdidas que les dejaron estos días de revuelo, y muchos de ellos acuden a las respectivas embajadas de sus países para solicitar ayuda.

En el caso de Portugal, la comunidad más afectada, la embajada no ofrece ayuda económica directamente. Existen en cambio otros grupos, como la Misión Católica Portuguesa y las Damas de Beneficencia de Portugal, que a través de eventos especiales recolectan fondos para ayudar a los afectados. También existen asociaciones particulares entre empresas, como las grandes cadenas de supermercados, que en este tipo de situaciones ayudan a sus socios comerciales afectados a reiniciar las actividades lo antes posible.

La Embajada de España tampoco gestiona ayuda económica alguna para aquellos afectados por los saqueos, pero sí ofrece a sus ciudadanos radicados en Venezuela la posibilidad de obtener la baja consular, que permite que españoles que residen en nuestro país puedan regresar a la Madre Patria gozando de beneficios, económicos y sociales especiales, durante un período aproximado de año y medio. En el caso de Italia, el consulado es el encargado de atender estos casos, y aunque existe un departamento de ayuda social, en esta oportunidad no están ofreciendo ayudas económicas oficialmente, ya que los saqueos no se consideraron como una tragedia de gran magnitud para la comunidad italiana.

Las tres embajadas europeas formularon a DINERO la misma inquietud: una cantidad considerable de extranjeros que reside y produce en el país busca desesperadamente la manera de regresar a sus tierras de nacimiento o en su defecto, a las de sus progenitores. En los tres casos, no solo los nacidos en estás tierras o sus hijos, también jóvenes venezolanos que tratan de huir de la crisis indetenible por la que pasa el país. Todavía no existen números que reflejen este fenómeno de emigración que vive Venezuela, porque según como va la situación, las embajadas afirman que apenas comienza.

C.P.


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