Lo que realmente imperó en el país a partir del 11 de abril fue un vacío de poder y una situación de anarquía, que se concretó en actos vandálicos, saqueos y muertes durante el 13 y 14 de ese mes a por lo menos 500 establecimientos, sin que intervinieran las autoridades para resguardar vidas y propiedades.

Según algunos juristas y entendidos en la materia de seguros, no se produjo un levantamiento militar, ni hubo guerra civil, ni golpe de Estado, y respaldan esta posición por el hecho evidente de que no se produjo un enfrentamiento real entre componentes de la Fuerza Armada Nacional ni de ella con el Gobierno, tampoco se usó en forma extensiva armamento ni equipo militar y no se evidenció un enfrentamiento físico entre dos bandos de la población, lo que descartaría la existencia de una guerra civil. Por el contrario, al segiur este criterio las mismas autoridades militares fueron quienes decidieron invocar el artículo 350 de la Constitución y comunicaron públicamente la renuncia del presidente de la República, Hugo Chávez, por los hechos ocurridos el 11 de abril.

Los daños a la propiedad ocurridos durante el 13 y 14 de abril cuando ya el gobierno provisional de Pedro Carmona había renunciado y se restituía el de Hugo Chávez, según reseña la prensa, fueron producto de saqueos, de hurtos de maquinarias, equipos, alimentos y cuantos activos tuvieran los negocios invadidos, muchas veces con ensañamiento e incendios deliberados. En este caso, las santamarías fueron violadas por transgresores y saqueadores, que penetraron en los negocios y acabaron con ellos; ahora la santamaría está siendo sustituida por puertas metálicas macizas.

La Constitución vigente garantiza la propiedad privada y la seguridad de vida y bienes de todos los ciudadanos; sin embargo, no hubo autoridad alguna que pudiera resguardar ese articulado y evitar lo ocurrido. Las personas quedaron en un estado de indefensión (situación en que se coloca a quien se impide o se limita indebidamente la defensa de su derecho en un procedimiento administrativo o judicial, según el DRAE), debido a que el Estado no asume las pérdidas y su compensación, ni lo hacen las compañías de seguro en muchos casos.

Las gestiones adelantadas por el Gobierno hasta los momentos (al cierre de esta edición) se limitan a un programa de financiamiento especial, a través de Foncrei, para los negocios afectados, con intereses preferenciales y un período de gracia, pero no tienen el objeto de resarcir daños ocasionados. Con relación a las compañías de seguros, a pesar de la experiencia vivida en 1989, la cámara que los representa explica que estos daños a la propiedad escapan de la cobertura de esas compañías y deja a la consideración de cada empresa aseguradora los criterios que deba aplicar. Se han iniciado acciones, tanto del Indecu como de la Asamblea Nacional, para revisar el papel y el compromiso legal que deben tener las compañías aseguradoras ante los siniestros acaecidos.

DINERO conoció que en el caso de grandes establecimientos (Makro, Cada, Central Madeirense, entre otras) las compañías aseguradoras reconocerán los daños, dado el riesgo de perder clientes de tal magnitud, y también porque algunas de esas empresas, por tener características multinacionales, están aseguradas a todo riesgo en el exterior.

Están disponibles para los afectados programas como el de Banesco, que contempla préstamos especiales para comerciantes con intereses preferenciales y tres meses de período de gracia, y se han iniciado reuniones de asociaciones civiles para buscar fórmulas que alivien a los que se encuentran en esa situación; incluso hay iniciativas ante el Banco Interamericano de Desarrollo, así como ante otros organismos multilaterales.

DINERO consultó a varias embajadas, especialmente las que representan a colonias importantes como la portuguesa, española e italiana (cuyos gobiernos colaboraron en 1989 con sus connacionales) pero dijeron que, hasta los momentos, no tienen previsto ningún plan a tal efecto. Sin embargo, los representantes consulares advirtieron un movimiento inusual en la búsqueda de pasaportes y de solicitudes de residencia y mudanzas a esos países.

Los grandes perdedores son los negocios ubicados en barriadas y establecimientos domiciliados en las vías y bulevares cercanos a zonas marginales, como Catia, Antímano, la Florida, entre otros, los que además son objeto de continuos hurtos y acosos del hampa, en "condiciones normales". Sin embargo, las opciones para estos comerciantes no son muchas: o vuelven a abrir con mejor protección y menor inventario en el sitio, preservando sus nichos de demanda, o cierran o se mudan a zonas más seguras.

Por otro lado, se han perdido empleos y la imagen de Venezuela ha sido seriamente afectada, con un agregado que empeora sustancialmente el ya alarmante índice de riesgo-país.