El 12 de febrero de este año el presidente de la República dictó una serie de medidas fiscales, económicas y cambiarias que sin duda alguna impactarán de manera directa e indirecta en el ámbito laboral. Así, al reflexionar sobre las mismas es forzoso concluir que no solo ha mermado el salario del trabajador, sino todos los beneficios, prestaciones, indemnizaciones y demás conceptos que derivan de su relación laboral, lo cual expertos en la materia pronostican será entre 35% a 40% de su valor real.

Pero más allá de ello, nos encontramos con la incidencia de las citadas medidas en los costos y pasivos laborales que deberán soportar las empresas, las cuales estarán obligadas a recalcular y ajustar sus cálculos y gastos conforme a índices poco predecibles y confiables, lo que ocasionaría consecuencias nefastas que podrían desencadenar en el cierre de muchas empresas y, por ende, en la pérdida de fuentes generadoras de empleos.

Al tomar en cuenta experiencias pasadas, probablemente como paliativos frente a los efectos negativos comentados, el Ejecutivo Nacional procederá a imponer un incremento salarial y la inamovilidad laboral temporal para todos los trabajadores, hechos que lejos de aliviar la presente situación, coadyuvarán a que la misma se agrave y se acentúe, pues no serán más que decisiones artificiales e improvisadas que de manera alguna podrán solventar la pérdida adquisitiva del trabajador y su estabilidad laboral.

Un aumento salarial en que no medie la interacción y un acuerdo concertado y libre entre trabajadores, patrones y Gobierno, probablemente generará consecuencias contradictorias, pues será la voluntad del Estado que se imponga de manera inconsulta y mediática.

Por otra parte, pretender imponer una inamovilidad de carácter temporal no es más que distanciar en el tiempo los efectos de unas medidas desarraigadas de la realidad, pues de manera ficticia e impositiva se mantendrían empleos, lo que llevará a muchas PYME a verse en la necesidad de declarar la quiebra por razones económicas y técnicas. Las grandes empresas, a pesar de poder soportar estas medidas, difícilmente compensarán como es debido el valor, mérito y esfuerzo de los trabajadores de manera individual y colectiva, para evitar sostener cargas que gravarían aún más sus nóminas.

Sobre la base de tales consideraciones lo más recomendable sería que el Gobierno se abstenga de intervenir de manera aislada y disonante, y que por el contrario, animase al diálogo entre los agentes afectados, trabajadores y empleadores, y conjuntamente con ellos estimulase a plantear fórmulas de negociación mediante las cuales pudieran adoptarse acuerdos y convenios individuales o colectivos, en los cuales se logre establecer por el consenso libre y voluntario de las partes que intervienen, dictámenes que satisfagan y solventen de manera real los problemas generados por las medidas, sin que por ello se causen perjuicios de difícil reparación tanto a unos como a otros.