En el peor de los casos, en 2002 podría haber una caída de 1,5% en el consumo agrícola y un aumento de 20% en el costo de la canasta alimentaria, según Carlos Machado Allison*

La agricultura y los agronegocios son sensibles a las variables macroeconómicas, aunque un poco menos que otros sectores, debido a que lo último que deja de comprar la gente es la comida. Por tanto, cuando hay una caída del PIB el descenso en el consumo de alimentos no es lineal.

Para el próximo año podría haber una caída entre 2% y 3% del PIB, lo que permite identificar una caída del consumo agrícola en el orden de 1,5%, si se miran las cifras históricas. Sin embargo, además de este impacto, hay otros elementos que van a influir, que están ligados a la política sectorial.

En primer lugar está el tema de la ley de tierras, que ha generado una enorme incertidumbre entre los productores, lo que tiene como consecuencia inmediata un abatimiento en los niveles de inversión. Eso tendrá un impacto no solo en la producción sino fundamentalmente en la productividad, ya que frecuentemente la desinversión se traduce en un rezago tecnológico.

Dependiendo del recorte presupuestario en un escenario de déficit fiscal creciente, podrían reducirse las compras de Proal, el Programa de Alimentos Estratégicos del gobierno, que hasta ahora ha funcionado como una especie de subsidio para estimular a los productores por medio de la compra de sus excedentes para ser vendidos en mercados populares. El maíz es uno de los rubros que sufriría en este caso.

Si en 2002 el gobierno devalúa la moneda se presentarían dos escenarios. Por una parte, habrá un impacto inflacionario en los productos alimenticios con fuertes componentes importados. Tal es el caso del alimento de los pollos, la leche, el aceite vegetal y sus derivados, el pan (trigo) y otros 150 productos adicionales de menor peso. Esto redundaría en un incremento entre 15 y 20% del costo de la canasta alimentaria.

Por otra parte, una moneda menos fuerte ayudaría a aumentar la competitividad frente a mercados internacionales de los productores nacionales en rubros como el arroz y especialidades (chocolate, alimentos para niños, galletas, frutas, etc.).

Péndulo petrolero. La alta dependencia de la economía venezolana de los precios del petróleo produce una oscilación de los indicadores macroeconómicos que tiene consecuencias nefastas sobre la agroindustria, pues los productores no pueden hacer planes a largo plazo y las políticas sectoriales no son sostenibles. Se necesita un conjunto de leyes adaptadas a la agricultura del siglo XXI.

Sin embargo, el contenido del proyecto de ley de tierras no se conoce aun (por lo menos hasta el cierre de la presente edición), pero lo que se ha filtrado a la opinión pública permite prever que se trata de un instrumento sumamente centralista e intervencionista, así como las otras leyes que la acompañan, como la de mercadeo agrícola y la de semillas.

La ley de tierras, por ejemplo, no contempla la venta pura y simple de los terrenos del Estado a los pequeños campesinos, sino que se trata de una especie de préstamo bajo las órdenes de la autoridad central. La ley de mercadeo agrícola, por su parte, representaría un salto atrás, a los tiempos de Mersifrica y Corpomercadeo, porque está demostrado que el Estado no es buen comerciante. En lo que concierne a la ley de semillas, esta implica terribles procedimientos burocráticos (hasta 4 años para aprobar la introducción de un nuevo tipo de semillas), con la consecuente ineficiencia y los efectos sobre la competitividad de los productores nacionales.

Un conjunto de leyes centralistas, que pongan todo el poder discrecional en manos del Ministerio de Agricultura, podría llevar a tiempos de desabastecimiento, porque serán demasiadas las barreras que tendrán que superar productores, intermediarios y vendedores finales.

Sin embargo, la visión no tiene por qué ser tan catastrófica. El gobierno está blindado con el Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica, lo que le permitiría aguantar los embates de la caída en los precios del petróleo. La pregunta es ¿por cuánto tiempo?