Sistemas contra la inseguridad

Porque en Venezuela, uno de los países con la más alta criminalidad del mundo y abandonado al hampa ante la desidia o incompetencia oficial, lo que haya ocurrido primero, al ciudadano común no le quedó más remedio que abrir una línea más en su ya apretado presupuesto anual para anexar la leyenda “Gastos de seguridad”.

No en vano, especialistas en la materia estiman que 10% del costo total de cualquier producto (desde un insecticida hasta un camión) se debe a los gastos que acarrean guachimanes, alarmas y demás dispositivos que también adquieren con desesperada eficiencia empresas y oficinas para mantener sus bienes muebles e inmuebles invictos. Y como este aspecto cada día cobra más fuerza en la vida nacional, y como robos, atracos y asesinatos copan los titulares de los diarios, la redacción de DINERO decidió hurgar en este intrincado mundo para dar a conocer todo este negocio, con sus productos y servicios. Sin embargo, sus principales actores aseguran que la crisis económica también ha golpeado a esta industria, a pesar de tener tan ganada fama de rentable, y ha generado una peligrosa ola de empresas piratas de la que hay que cuidarse tanto como de la delincuencia misma.

En un principio el asunto era desechado como simple paranoia del vecino cuando éste se apertrechaba de rejas, alarmas y circuitos cerrados de televisión, pero la realidad misma se encargó de disipar cualquier leyenda urbana: la delincuencia está desatada, literalmente. Pocas son las personas que no han sufrido los ataques de un ladrón, el robo de su vehículo, el hurto de los objetos de la vivienda o la muerte de un conocido a manos del hampa.

Las cifras, nada más frío que ellas, se encargan de sostener lo escrito: en el primer semestre de 2001, solo en Caracas se robaron 2.900 vehículos y se hurtaron 4.684, murieron 849 personas a manos de los ladrones, secuestraron a 18 personas (sin contar la modalidad express, con una cifra muy superior), hubo 2.864 robos; 3.568 hurtos, 162 violaciones y 1.302 estafas. Y no se debe olvidar que la cifra real siempre es superior, pues no todos los delitos son denunciados.

Si bien la tendencia en los últimos dos años ha sido el franco aumento en el número de delitos, desde hace ya dos décadas el negocio de la seguridad no ha parado de crecer. Pocas personas en los años 70 tenían alarmas en sus vehículos, o rejas en las puertas de sus casas, o muros en el perímetro de su vivienda. Hoy en día son contados los osados que no han solicitado esos servicios.

Y ante la falta de efectivos del orden público, las empresas de seguridad privada han conformado, casi sin quererlo, un verdadero ejército de personas armadas. Se estima que en los actuales momentos existen 680 empresas registradas (360 de las cuales operan y suman unos 20 mil vigilantes) y unas 250 ilegales. Uno puede verlos en las puertas de edificios, centros comerciales, urbanizaciones, con su sempiterno uniforme azul. Contratarlos significa erogar entre 600 y 750 mil bolívares al mes por cada uno de ellos, de acuerdo con las empresas consultadas.

Pero lo que más llama la atención en estos tiempos es la gran variedad de dispositivos y sistemas de seguridad disponibles en el mercado. No solamente siguen vigentes las antiguas cajas fuertes, aunque ya se venden menos, pues las puertas de seguridad (que se siguen instalando como pan caliente), las rejas para puertas y balcones, las cercas perimetrales y las alarmas que hacen “piruriru”, tanto para casas como para carros, se niegan a pasar de moda.

Sin embargo, la tecnología ha mejorado notablemente en este campo, ya que ahora es posible instalar un sistema satelital que localiza un carro robado en cuestión de horas. Es tan efectivo que los índices de recuperación rondan 120%. Sí, 120%, porque al momento que localizan el vehículo en la guarida del malandro, suelen también ubicar otros autos solicitados que no contaban con el servicio. Para la seguridad del hogar existen ahora cercos eléctricos (muy a lo Jurassic Park) que le pegan un tremendo corrientazo a quien ose brincarlo. El promedio de instalación es de 15 semanales en todo el país.

Pero existen también otros sistemas de seguridad para compañías que son la fascinación de las empresas: carnets sin banda magnética que, con solo acercarlos al módulo, ubicado al lado de la puerta, reconocen al portador, cuándo fue la última vez que salió o entró, y le abren la puerta sin mayor aspaviento. Ni hablar del futuro, que predice sistemas inteligentes de reconocimiento visual o biométrico. Como en una película de James Bond.

Y como el ciudadano insiste en proteger sus bienes privados, sean sagrados o no, DINERO ofrece aquí un menú muy variado de opciones, precios y servicios.

Marcos Tarre: “De mal en peor”

Marcos Tarre, especialista en seguridad, afirma que esa industria, a pesar del auge delictivo de los últimos dos años, está sufriendo los embates de la crisis económica y sus actividades experimentan un descenso en comparación con años anteriores. “Se ha visto una reorganización en el sector mediante fusiones, porque al igual que en otros sectores productivos, solo sobreviven las empresas más fuertes”.

Quienes sí siguen pagando cada vez más por el problema son los consumidores y el gobierno. “Más o menos 10% de los costos de ventas de un producto viene dado por los costos de seguridad”. Pero existen otras implicaciones. La delincuencia también obliga a destinar ingentes recursos en el área de salud, pues el proceso que implica atender heridos por bala (principal motivo de ingreso a un hospital en Venezuela) es sumamente complejo y costoso, sin olvidar la pérdida de capital humano: “90% de los muertos son menores de 25 años”. Mientras muchos se rebanan el cerebro intentando precisar las causas que han aupado esta situación, Tarre formula cuatro factores que se confabulan al respecto:

1. Fallas en el sistema judicial. “Se ha hecho una reforma (uno de los grandes anhelos del país) pero no se ven los resultados”.

2. El sistema policial. “Es del que más se habla, se critica, se invierte, el que está más sobre el tapete. Es ineficiente, pero aunque la policía fuese más eficiente eso no resolvería el problema de la inseguridad”.

3. El sistema carcelario. “Su sentido es que la persona pague su condena y se reeduque, se rehabilite y pueda ser útil para la sociedad. Y eso no sucede en nuestras cárceles. Todo lo contrario: tenemos las peores del mundo”.

4. El control que el Estado debe tener sobre su población, desde el ámbito municipal hasta el nacional. “Aquí las autoridades no saben quiénes viven en su área. Hay entre 500 mil y 700 mil venezolanos sin partida de nacimiento o cédula de identidad”.

“No veo muy promisorio el futuro mientras tengamos gobernantes mediocres, que no apoyan a Alfredo Peña y tratan de asfixiar el plan Bratton porque Peña no es amigo de ellos”. A su juicio, es insólito que ante el problema más grave que sufre Venezuela el presidente Chávez no hable. Le dé la espalda. “Y la tendencia es que quien haga algo más o menos coherente sencillamente lo frenan porque no conviene, no interesa o quita liderazgo. Y con este tipo de dirigentes, ¿a dónde vamos? A un pozo más profundo. No supimos atender el problema cuando tenía dimensiones más pequeñas y estamos cosechando, como sociedad, lo que hemos cultivado”.

Juntos, por primera vez

Cuando se les vio en el foro de la Asamblea Nacional, sentaditos, sin haber sido convocados por el presidente de la República (que no estuvo allí), más de uno debió haber pensado: “por fin se juntaron”.

La sesión que abarcó el tema de la inseguridad realmente fue especial. Solo el hecho de que por fin el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Rincón, el fiscal general, Isaías Rodríguez, el defensor del pueblo, Germán Mundaraín, y el ministro de Interior, Luis Miquilena, asumieran en conjunto la gravedad del problema y se permitieran expresar sus opiniones ante el país, y se comprometieran a trabajar unidos para buscarle salidas a la galopante inseguridad que no perdona a nadie, ya es un adelanto.

Por supuesto, todo este esfuerzo quedará como un saludo a la bandera si no se proyectan estrategias conjuntas para enfrentar sistemáticamente el flagelo. Y, hasta los momentos, pareciera que los conflictos internos en el MVR podrían dar al traste con todo esto, pues están presentando varios proyectos de leyes de emergencia penal (uno de ellos violatorio de la Constitución) y se sospecha que quieren retrasar la reforma del Copp. En ningún momento, por lo menos hasta ahora, han planteado la coordinación de los cuerpos de seguridad, más allá de la propuesta del número de emergencia único y la salida a la calle de la Guardia Nacional, luego de dos años y medio y miles de muertos después.

Porque propuestas como el Plan Bratton solo han recibido rechazos por parte del Ejecutivo nacional. Y eso, definitivamente, no es un ejemplo de colaboración conjunta contra un enemigo, que, mientras tanto, sigue ganando esta guerra miserable.

Franklin Chaparro Rojas: “Diez años sin tomar decisiones”

Análisis y soluciones teóricas se han planteado desde hace mucho tiempo para aliviar el problema de la delincuencia, pero la ineficiencia de los que toman decisiones en políticas públicas alcanza a convertirse en una miopía terrible que ha impedido prever el “estado de sitio” en el cual vive hoy el ciudadano común en Venezuela.

Franklin Chaparro Rojas, miembro del directorio de la Comisión de Seguridad y Defensa de Fedecámaras, guarda un recorte de periódico desde hace diez años, cuando entregó al gobierno de turno un megaproyecto contra la delincuencia, casi el mismo plan de seguridad integral que recientemente fue recibido por la Asamblea Nacional. Simplemente cambiaron las cifras delictivas, ahora son mayores.

Chaparro es optimista y percibe que es posible que la solución al problema se logre con un poco de voluntad por parte de la dirigencia, pues las recomendaciones están acordes con la realidad venezolana. “Ya no son necesarios más análisis o diagnósticos, la acción es lo que queda de ahora en adelante”.

Como consultor gerencial de seguridad, Chaparro analiza el problema y concluye que existe una subversión delictiva que se aprovecha la debilidad del Estado y de un Código Penal débil para sancionar. La impunidad es la principal causa de reincidencia. Ante esta circunstancia, la mejor arma es la organización de toda la sociedad para el combate y la prevención de la delincuencia. “Esto se logrará con un pacto nacional por la vida y un no a la violencia, pero se deberá contar con un mayor presupuesto para la seguridad”, indica.

“La visión cortoplacista de los gobiernos ha impedido que los poderes públicos recobren credibilidad, porque no ha habido una política criminal de largo plazo que combata la delincuencia o una figura de autoridad que imponga el peso de la ley”, argumenta.

Por otra parte, el auge delictivo ha generado más compañías y más personal en materia de seguridad, pero los empresarios y las comunidades no quieren pagar lo que vale el servicio y acuden a empresas de maletín que compiten deslealmente porque no preparan el personal y no tienen equipos.

En opinión de Chaparro, para evitar la informalidad sería necesaria la creación de una superintendencia de seguridad privada a fin de fiscalizar todas las empresas y modificar el reglamento, porque la actual normativa no regula aspectos de importancia, como escoltas o protección privada a personalidades, o la custodia, seguimiento y vigilancia en vías públicas de transporte de materias secas (víveres, medicinas, etc.). Tampoco establece una respuesta centralizada de alarmas y patrullaje de urbanizaciones y condominios.