En el sistema tributario venezolano existen suficientes mecanismos legales para que el Fisco Nacional materialice los ya elevados impuestos previstos.

Es cierto que el Estado necesita de la tributación y está claro que los gobiernos de las distintas épocas, a pesar de sus esfuerzos, poco han logrado en su lucha contra la evasión fiscal, lo cual se ha traducido tradicionalmente en la asunción de actitudes compulsivas que se concretan en la modificación errática y agresiva de las leyes tributarias.

En la actualidad, existe el agravante del cierre de empresas y la recesión económica que vive el país, lo cual, indefectiblemente produce una merma importante de los ingresos del Tesoro Público por concepto de impuestos, particularmente de aquellos que tienen que ver con la renta.

De allí que los funcionarios públicos responsables de recaudar impuestos son objeto de presiones por parte de sus superiores para que se aumente la cobranza, ello a pesar del alivio que representa contar con importantes ingresos provenientes de los altos precios del petróleo.

Esta presión se manifiesta, por ejemplo, cuando altos funcionarios de la Administración Tributaria dirigen amenazas contra aquellos jueces tributarios que dicten sentencias en favor de los contribuyentes, desconociendo limitaciones funcionales tales, como que un abogado del Fisco le haga el seguimiento hasta a trescientos casos a la vez, ignorando además el derecho constitucional a la defensa y la división de los poderes públicos.

Es así que, una vez más, se refuerza la presión fiscal en cabeza de los contribuyentes ordinarios, aquellos que por sus condiciones y su estructura organizativa, se encuentran bajo el asedio constante de la fuerza fiscalizadora, la cual vigila el estricto cumplimiento de las cada vez más voraces y rígidas leyes tributarias.

La actual Administración Tributaria ha tenido aciertos en la guerra contra los ilícitos fiscales, especialmente la Administración Aduanera, que ha golpeado duramente a las bandas organizadas de contrabandistas y a los defraudadores de oficio. No obstante, como están las cosas, la actitud preeminentemente represiva en materia fiscal, casi siempre contra los mismos contribuyentes, no es la mejor solución para disminuir la evasión.

Una vez más, es conveniente señalar que el problema de la evasión fiscal es un problema de cultura, y es responsabilidad fundamentalmente del gobierno desarrollar esa cultura.

La conciencia tributaria se desarrolla en el día a día, en las calles, con los pequeños reparos, no por infracciones formales tontas, sino contra los vicios generalizados que sí generan evasión.

Por ejemplo, no es un hecho desconocido que buena parte de los comercios no entrega a sus clientes las facturas que exige la legislación. Los clientes, por su parte y en su mayoría, tampoco exigen las facturas, por una u otra razón.

¿Qué se ha hecho para reducir esta práctica generalizada? Los mecanismos legales existen.

En Estados Unidos y Europa, casi cualquier transacción económica, por pequeña que sea, genera un comprobante fiscal respaldado por sistemas informáticos a los que la administración tributaria tiene acceso a la hora de fiscalizar al contribuyente. Si el comprador no exige su factura el vendedor se la entrega, incluso contra la voluntad de aquél. En caso contrario, existen sanciones que se aplican, a uno y a otro.

En el norte de Italia los comerciantes de la calle tienen máquinas fiscales con baterías, lo cual les permite los días de "mercado libre", armar su tienda en la vía pública, emitir la factura y dejar constancia de la operación sin necesidad de conectarse al suministro de energía eléctrica. A todos los compradores se les entrega un recibo.

Por supuesto, no falta el comerciante que eventualmente ofrece "negociar" el precio si no media factura, particularmente si uno es turista; pero esa es la excepción.

En Venezuela, contrariamente, la economía informal se ejerce en forma anárquica, sin ningún tipo de controles fiscales, comerciales o sanitarios. Los únicos entes públicos que comienzan a exigir el pago de impuestos son los gobiernos municipales.

Por si fuera poco, el incremento de la economía informal pareciera sufrir un proceso de metástasis, que evoca escenas tomadas de las calles de Vietnam terminada la guerra, colmadas de personas comerciando agitadamente entre el humo y el sucio.

¿Cuánto percibe el Fisco Nacional por los miles de millones que genera este tipo de economía? ¿Cómo les afectará a los buhoneros la reforma del Código Orgánico Tributario?

Nadie discute el aspecto humano del problema. Pero es que el problema existe y se agrava, entre otras razones, por cuanto la inversión privada se encuentra contraída y la presión fiscal exacerbada es parte de la desmotivación para invertir. Es, tal cual lo dijo el Presidente de la República, refiriéndose a la reforma del Código Orgánico Tributario, una espada de Damocles.

Recordemos el artículo 316° de la Constitución de la República que establece: "El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, y deberá sustentarse para ello en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos".

Productores, fabricantes y mayoristas formales tienen entre su distinguida clientela comerciantes que adquieren cantidades millonarias de productos para ser vendidos en las calles, sin factura, sin contabilidad, sin registros ni permisos de ningún tipo, y por supuesto, sin pagar impuestos.

Mientras tanto, los comerciantes formales deben acudir a la práctica de no emitir factura para defenderse de esta competencia desleal, e incluso, montan su propio tarantín, compitiendo de manera anecdótica, contra ellos mismos.

La reducción de la presión fiscal, tanto desde el punto de vista cuantitativo como en lo que se refiere a los aspectos formales, aunado a un control constante por parte del gobierno de los cientos de miles de las pequeñas transacciones, a fin de que se hagan de acuerdo con las leyes vigentes, conjuntamente con una política de racionalización de la economía informal, protegería la economía nacional y elevaría el nivel de vida de la población venezolana.

Como comentario final, es conveniente destacar por cuanto viene a colación, que el Presidente de los Estados Unidos, al asumir el cargo, decidió reducir la presión fiscal, entre otras razones para reactivar la economía.