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Enero 2.001
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![]() competencia-e El uso de internet por parte de las instituciones del gobierno empieza a convertirse en el arma para reducir la burocracia y la corrupción Andrés Rojas Jiménez
La carrera que ha tenido el uso de internet, la cual no solo ha llevado al desarrollo de los negocios o las transacciones comerciales con lo que internacionalmente responde a la denominación en inglés de e-commerce o e-business, tocó al sector público a través del e-government, o gobierno electrónico como empieza a referirse en español. "E-government consiste en discernir cómo se pueden aprovechar las nuevas tecnología para acercar el gobierno al ciudadano", señala la publicación argentina Portafolio Personal al referirse a este concepto. "El gobierno electrónico vale la pena porque reduce los costos, mejora los servicios prestados y genera un contacto más intenso con la población", indica. En Venezuela, esta labor la emprendió el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se ha convertido en el órgano ejecutor para el desarrollo de internet en el sector público, al tiempo que inició el impulso de cabinas y centros de esta tecnología a través del programa de infocentros. Paralelamente, las compañías de tecnología y servicios de información muestran un avance en sus relaciones con el sector público justamente por el crecimiento que se le viene dando a las soluciones que abarca e-government. En el caso venezolano, se maneja la proyección que la difusión de internet en la administración pública permitiría un ahorro en los ingresos fiscales de 1,9 billones de bolívares en el transcurso de dos años, según ha indicado el ministro de Ciencia y Tecnología, Carlos Genatios, quien explica que esta merma en los gastos corrientes en la que incurre el gobierno con cargo al presupuesto público se lograría principalmente por una reducción de 70% en la evasión tributaria, lográndose ingresos adicionales por 750 mil millones de bolívares; y se registraría una disminución de igual proporción en los costos en los que incurre el gobierno por los trámites burocráticos, lo cual implicaría reducir el gasto público en otros 750 mil millones de bolívares. Los restantes 400 mil millones de bolívares, que completarían el ahorro total que espera el Poder Ejecutivo a través del desarrollo del e-government, se lograría mediante un aumento en 15% del número de nuevos contribuyentes del Seniat, un incremento de 1.453% en la velocidad de recaudación de impuestos, una caída de 20% en las compras del Estado y también se obtendría una merma de 98% en los costos que pagan las instituciones públicas a las instituciones financieras por transacciones bancarias. "El hecho de que el sector público venezolano avance en el uso de internet, el cual es una prioridad para el gobierno, permitirá que el ciudadano pueda hacer sus trámites de cédula de identidad, licencia de conducir o pago de impuestos por este medio, lo que se convierte en una mejor calidad de vida para la población", asegura Genatios. "Buscamos tener un portal del gobierno que agrupe a todas las organizaciones, en el cual los servicios de atención al ciudadano se hagan por medios electrónicos", enfatiza el titular de Ciencia y Tecnología. Las proyecciones que hacen las compañías de servicios de información auguran cambios drásticos en la relación de la población de un país con sus instituciones oficiales. Se asegura que gracias al e-government se reinventarán los gobiernos, dado que se harán más pequeños, ágiles y eficientes. Entre los aspectos más tangibles de estos cambios está la eliminación del uso del papel o los pagos por habilitaduría con el fin de tramitar documentos oficiales, que se ha hecho práctica frecuente en Venezuela. También se menciona que este salto tecnológico reduce la discrecionalidad en la administración de los fondos públicos. "El uso de internet permite una mayor transparencia en los procesos administrativos de los gobiernos y también permite que los ciudadanos sepan en qué se está gastando el dinero público", explica Leandro Ramírez, gerente de Oracle de Venezuela para el sector oficial, al señalar que en otros países cualquier persona puede entrarle a la página web de un organismo oficial y ver cómo se encuentra la ejecución del presupuesto o en qué fase se encuentran las licitaciones gubernamentales. El gobierno de Venezuela ha dado dos pasos en la orientación de darle un impulso al desarrollo de e-government: En primer lugar, a través de un decreto presidencial en el cual se considera prioritario el uso de internet y, en segundo término, mediante la aprobación del marco jurídico de documentos y firmas electrónicas, lo que forma parte de las legislaciones incluidas en el marco de la Ley Habilitante que le aprobó la Asamblea Nacional al presidente Hugo Chávez. No obstante, la difusión del e-government no se remite solamente a que exista un acceso a las computadoras o se dicten las leyes que favorezcan su difusión, según revelan las experiencias más avanzadas en Estados Unidos, sino al nivel de educación de la población. El Departamento de Comercio de Estados Unidos muestra que el plan de acceso al gobierno electrónico no resulta equitativo: mientras 40,8% de la comunidad blanca tiene disponibilidad de usar una computadora, esa cifra se reduce a 19,4% para los hispanos y 19,3 para los afroamericanos. "El gran problema es el acceso a la educación y a la capacidad de escribir y leer", reseña Esther Dyson, autor de la publicación Un diseño para vivir en la era digital. "Se pueden poner computadoras en centros comunitarios, pero solo la gente letrada los usa", puntualiza. Un estudio de la firma Gallup México revela que el uso de internet para las licitaciones públicas y compras gubernamentales ha disminuido los casos de corrupción en 71% y se han agilizado los trámites burocráticos en 67%. También indica que existe una percepción de mayor transparencia por parte de las empresas que participan como proveedores del sector oficial. Pedro Helguero, también del equipo que atiende el sector gobierno en Unisys de Venezuela, resalta el hecho de que el uso de Compranet en México ha permitido incorporar a pequeñas y medianas industrias que anteriormente no tenían acceso a participar en los procesos de licitación del Estado. Las cifras muestran que antes de que el gobierno mexicano optara por este mecanismo electrónico para sus compras, la intención de participar por parte de pequeñas empresas llegaba a 26% y ahora alcanza 47% de este sector. Este sistema de licitación pública es objeto de estudio en Venezuela, a través del Ministerio de la Producción y el Comercio, pero ya existe un paso adelante para su implantación, toda vez que las autoridades mexicanas han manifestado su voluntad de donar el sistema Compranet a sus socios comerciales del Grupo de los Tres, que además de Venezuela, lo integra Colombia. Prácticamente todas las instituciones públicas venezolanas han emprendido procesos de modernización para incorporar el uso de internet, para ello se ha recurrido a préstamos de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial o Corporación Andina de Fomento que han venido respaldando a organismos como el Ministerio de Finanzas, Seniat, Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía General de la República o el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Los estados y los municipios también han optado por incorporarse a esta carrera de e-government, principalmente se reseñan los programas que adelantan la gobernaciones de Carabobo y Mérida, o las alcaldías de Baruta y Chacao, en Caracas, en las que existe el proyecto de que los pagos de impuestos municipales se puedan realizar a través de internet, tal como empieza a ocurrir con las transacciones bancarias. No obstante, Venezuela permanece como uno de los países cuya población con menor acceso al uso de computadoras no llega ni a 5%. Los 20 gobiernos "top" En la investigación se señala que los siguientes cuatro puestos lo alcanzan las instituciones públicas de Singapur, Australia, Canadá y Francia, que llegan a tener entre 40 y 80% de sus servicios automatizados. Entre los puestos seis y 10 figuran los gobiernos de Reino Unido, Hong Kong, Nueva Zelancia, Noruega y España. Los siguientes 10 puesto corresponden a Alemania, Holanda, Suráfrica, Italia, Japón, Irlanda, México, Bélgica, Malasia y Brasil. No obstante, la investigación indica que aún existe una brecha entre los dirigentes y el desarrollo del e-government, y advierte que no se logrará un mayor avance si los gobiernos no tienen una visión ejecutiva, si no existe una visión de servicio hacia el ciudadano y si no se piensa en la ruptura con el funcionamiento tradicional de la administración pública. |
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