Dinero 143 : Abril 2.000: Descubrimos la política industrial del gobierno

El parque industrial venezolano atraviesa una etapa difícil signada por 10 años de contracción continua que ha deteriorado la actividad al punto tal que de seguir en esta vía, en poco tiempo, hablar de industria nacional sería como evocar a tiempos pasados.

Abatir la inflación
Para que el plan industrial ideado por el gobierno sea efectivo es necesario que esté insertado dentro de una estrategia de política macroeconómica coherente. Esta política genera incentivos y restricciones al plan industrial. Dentro de la estrategia macroeconómica, Rosales fue enfático al apuntar que la prioridad de este gobierno es "abatir la inflación".

"Entendemos que con esta inflación los industriales no tienen la misma competitividad que sus competidores de países vecinos, donde esta variable ya ha sido controlada", señala.

De allí que el gobierno vea el plan industrial a dos tiempos, una primera fase (de tres años) sometida a las restricciones de una política macroeconómica cuyo objetivo central es reducir la inflación; superada esta tarea vendría la segunda fase donde se tendrán que reformular las metas de la política industrial.

Cifras suministradas por el Ministerio de Producción, Industria y Comercio (MPIC), apoyadas por datos de la Ocei, revelan que la prolongada contracción ha ocasionado que el tejido industrial estuviera representado para el año 1997 por tan sólo 12 mil establecimientos manufactureros que aportaban menos de 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y emplearan menos de medio millón de personas. Al traspolar el número de establecimientos sobre el número de habitantes del país surge una relación de 0,6 establecimientos industriales por cada 1.000 habitantes, "que es menos de la mitad de lo que tiene Colombia y un tercio de lo que tiene México y menos de 10 por ciento de lo que tiene Alemania, que posee una relación de ocho establecimientos manufactureros por cada 1.000 habitantes", apunta Ramón Rosales, viceministro de Industria.

En el período 1997-99 estas cifras se deterioraron aún más, y actualmente la industria cuenta con 8.000 establecimientos.

Rosales enfatiza que las cifras anteriores revelan lo débil del tejido manufacturero venezolano. Si a estos 8.000 establecimientos los restamos de las 220 mil empresas formalmente registradas en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, se obtiene que menos de 4 por ciento del sector empresarial local se dedica a la actividad manufacturera. "Esto indica que tenemos un parque industrial en proceso de extinción, y si no revertimos esa tendencia, que es el propósito del gobierno, en los próximos años hablar de la industria sería hablar en términos arqueológicos o antropológicos", comenta.

Ausencia de una política industrial
Consultado sobre las perspectivas de la industria nacional, la política del gobierno y lo que el futuro avecina, Víctor Maldonado, director del Instituto de Investigaciones Sociales y Tecnológicas de Venezuela (Insotev), comenta que "hasta el momento no tenemos una política industrial. La única decisión importante fue la eliminación de Corpoindustria, que había desvirtuado su papel. En los últimos cinco años no cumplió su misión. Aunque abre espacio a otras posibilidades, su desaparición tiene consecuencias tales como restar ventanillas crediticias al pequeño y mediano industrial".

Otro trauma para el sector, considera el experto, han sido los sucesivos cambios del Ministerio de Industria y Comercio, que ahora es de Producción, Industria y Comercio. El haber decidido la nueva fusión sin consolidar la fortaleza institucional del despacho anterior resta fuerza al sector industrial para la redistribución de los recursos. Por ejemplo, considera Maldonado que la promoción tiende a favorecer al agro. "Necesitan con urgencia una política que sintonice con la industria. Hasta el momento no han dado señales de que la valoren. Ese es un problema a solventar. Hay que fortalecer el diálogo, abrir espacios a la discusión y a la concertación. El país atraviesa un proceso de desindustrialización y el gobierno los califica en lugar de estimular el fortalecimiento del sector", apunta.

A su juicio, se requieren grandes objetivos para crear industrias y mantener la actividad de las que están vigentes. Hay objetivos especiales como la promoción del crecimiento de la densidad industrial –actualmente de 0,66 por cada 1.000 habitantes– que requiere de al menos 500 millones de dólares al año hasta el 2005. Indica Maldonado que el problema es que no hay financiamiento para esto. "La industria venezolana no tiene capacidad para dinamizarse a sí misma porque la economía rentista domina la escena desde el gobierno. El gobierno formaliza sus políticas, las procesa, desarrolla y las convierte en propuestas, pero no las concreta con asignaciones presupuestarias".

Una de las puntas de lanza de la presente administración para lograr el arranque de la actividad manufacturera es la consolidación de los parques industriales. Para Maldonado, el fortalecimiento de los parques industriales intenta transformar la inercia de los últimos 20 años de desinversión, que ha llevado a la industria a 50 por ciento de capacidad ociosa. "Pero este plan tiene problemas de mercado: en una economía deprimida nadie demanda bienes y hay que estimular el consumo y generar condiciones para producir", acota. Citó el caso de Venepal, que quebró porque no pudo resistir el contrabando de cuadernos. "Hay que cuidar el terreno macroeconómico, mejorar las aduanas, etc., porque la gente se quedará donde haya oportunidades. De lo contrario crearán nuevas áreas depresivas desde su nacimiento", dijo.

Rosales achaca la culpa del estado actual de la actividad manufacturera a los anteriores gobiernos. "Es reflejo del modelo económico que se vino desarrollando en Venezuela en los últimos años, caracterizado por una inserción traumática e improvisada del proceso de globalización donde primero firmábamos los acuerdos comerciales y después veníamos a saber cuáles eran las industrias que podían atender a esos acuerdos comerciales. Y, en segundo lugar, caracterizado por un proceso de apertura petrolera que se abrió hacia fuera del país, excluyendo a la ingeniería venezolana", resalta.

Una de las principales cruzadas de la actual administración es el diseño e instrumentación de un programa de política industrial para varios años, que permita al parque industrial venezolano el despegue tan anhelado.

Programa a 20 años. La política industrial instrumentada por el actual gobierno está diseñada para desarrollarse en un lapso de 20 años, "con todo el riesgo que significa en un país con poca tradición de planificación tratar de soñar en lo que se puede hacer en materia industrial en 20 años", señala Rosales.

Los objetivos de este plan son dos fundamentalmente: promover la aparición de nuevas empresas para regenerar el tejido manufacturero y modernizar el parque industrial actual.

Para lograr el primer objetivo, el viceministro de Industria indicó que el Ejecutivo cuenta con varios factores de apoyo como el programa de emprendedores Antonio José de Sucre, que para el año 2000 promoverá la aparición de 130 empresas en 10 parques industriales ubicados más arriba del eje Orinoco-Apure, debajo de la región norte costera. La idea es incorporar otros parques industriales en esa vasta región que actualmente no se encuentra poblada, "esto es lo que llamamos descentralización desconcentrada". Aclara que, obviamente, los resultados no se verán en el corto plazo, pero gradualmente se llenarán esos espacios geográficos con tejido manufacturero en función de la vocación productiva de las regiones. "No se trata de estimular la aparición de empresas porque sí, como sucedió en el pasado", enfatiza.

Con respecto a la modernización del parque industrial actual, ubicado principalmente en la región centronorte costera, el gobierno brindará incentivos para la actualización de la infraestructura tecnológica cuya obsolescencia es evidente y que es una consecuencia de la "huelga de inversión" que tiene Venezuela desde el año 1978. "La modernización de ese parque tecnológico requiere también una modernización de la gerencia empresarial que supere el paradigma rentístico", afirma Rosales.

Estos dos objetivos que resumen la orientación de la política industrial del gobierno están apoyados en siete programas fundamentales (denominados siete estrellas para la industria venezolana):

1) Utilización del poder de compra del Estado para la reactivación industrial. "Gracias a la apertura petrolera diabólica, Pdvsa se desvinculó de la industria venezolana y hoy tratamos de revertir esa decisión teniendo a las más importantes empresas del país al frente de las compras del Estado. Sabemos que tenemos que vencer resistencias arraigadas en las propias estructuras de Pdvsa", explica. Para que este programa funcione también deben darle apoyo los ministerios de Educación, Salud, Defensa, para que la compra de uniformes escolares y militares, mobiliarios, también favorezcan a las empresas establecidas en el país. Para ello se sancionaron dos reglamentos de la Ley de Licitaciones que establecen márgenes de preferencia para las empresas establecidas en el país en las compras de los bienes y en la construcción de obras.

Decisiones poco apropiadas
Por su parte, el economista Maxim Ross opina que las decisiones tomadas por el gobierno no han sido las más apropiadas para reactivar la economía.

Recuperar el empleo se llevará plazos. El deterioro consistente y creciente de los indicadores económicos se ha profundizado en los últimos años. El trabajo para lograr prosperidad requiere de un esfuerzo mayúsculo. Indica que la queja de los empresarios respecto a la sobrevaluación de la moneda y el problema de las bandas cambiarias es un asunto marginal frente a las dimensiones del problema.

Considera que las causas de la crisis son más profundas y están vinculadas con la discapacidad para salir del modelo cerrado de producción dependiente del excedente petrolero. "Ha sido un error tratar de generar crecimiento sólo hacia adentro. Hay un problema cultural que combina empresarios y sindicatos compitiendo por protección y seguridad en el consumo interno", afirma.

Ross expresa que aún no hay claridad acerca de si el país debe ser petrolero o no petrolero. "Sabemos hacer petróleo pero odiamos a Pdvsa. Y no entendemos que el petróleo no debe ser una renta sino un activo, el más importante para el país. Se ha usado como renta para pagar sueldos en lugar de generar bienes", enfatiza. Agrega que el sector productivo no está preparado para la apertura. No hay cambios en la organización de la economía sobre las ventajas comparativas, ni de mercado ni competencia.

Además, Ross asegura que tiene diez años peleando con los empresarios del país para que reduzcan por sí mismos sus brechas competitivas y dejen de apoyarse en la devaluación de la moneda.

"El manejo político del empresariado los amarra en un círculo vicioso que no los deja crecer. En la conferencia de Davos, Venezuela quedó reseñada como el país que ocupa la posición 45 (de 46) en el ranking de competitividad", comentó el economista.

Para Ross, el empresariado no termina de reconocer las fortalezas externas y es un mito que se requieren bajas tasas de interés para que haya reactivación económica. Primero, apunta, debe bajar la inflación. Ross acude a la teoría de la reputación económica: los gobiernos venezolanos han sido malos porque no han cumplido con su palabra.

Para este año espera que se logre un equilibrio en el déficit fiscal por el orden de 15 por ciento y que se dé un viraje positivo a las políticas de estímulo. "No soy enemigo del gobierno sino del que no ponga orden en este aspecto", aclaró.

2) Incentivo a las exportaciones, que va desde la cancelación del drawback y la devolución de los impuestos que es lo permitido por la OMC, hasta estructurar programas sectoriales para la exportación donde se garantice a los industriales que no van a continuar con el viacrucis que significa la cancelación de estos incentivos. Para ello se va a crear un fideicomiso en el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) por 50 millones de dólares, para que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, puedan liquidar de forma expedita los incentivos de ley.

3) Incentivos al empleo. Este programa tiene varias modalidades. Según los índices de desempleo, en cada zona se establecerá exoneración del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto sobre Activos Empresariales (a aquellas empresas que estén cerradas y se reactiven recibirán el trato de nuevas empresas). Esto deberá ser coordinado conjuntamente con las municipalidades, las alcaldías y las gobernaciones, "ya que en algunas ocasiones las exoneraciones brindadas por el gobierno nacional son anuladas porque una alcaldía tiene una ordenanza o patente de industria y comercio que, lejos de estimular la actividad industrial, le pone trabas", acota el alto ejecutivo.

4) Apoyo financiero a los emprendedores (Programa Financiero Antonio José de Sucre), para lo cual el sistema financiero público ha reservado la cantidad de 40 mil millones de bolívares para financiar el establecimiento de 130 empresas que van a ser escogidas mediante un concurso transparente y amplio que ya se ha iniciado en localidades como La Fría; El Tocuyo; Biruaca, en Apure; Tinacuya, en Cojedes; Aguasanta, en Trujillo; Charallave, en Miranda; El Tigre, en Anzoátegui, y Carúpano. Este programa se hará extensivo a los demás parques industriales en los próximos meses. La intención es que participen en el proceso de selección de 200 a 300 proyectos de todo el país. La selección debe darse en los próximos tres meses.

5) Rehabilitación de los parques industriales. Para este programa se invertirán 5.000 millones de bolívares para adecuar los servicios públicos: vialidad, cloacas, electricidad, agua; para que existan las condiciones idóneas para la instalación de las empresas. Este proyecto se ubica dentro de la estrategia del gobierno para la reubicación de damnificados, que no implica sólo dotarlos de viviendas sino también de empleo industrial que sea estable.

6) El establecimiento del Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa con una dotación inicial de 10 mil millones de bolívares, que permitirá otorgar avales de 20 a 30 mil millones de bolívares en créditos. Esto le permite al pequeño y mediano empresario hacerse "bancable" ante el sistema financiero. Sogampi será uno de los miembros de este fondo. Con respecto al financiamiento para el sector, Rosales fue claro al señalar que los organismos encargados serán Foncrei (cuyos recursos están apuntalados con un crédito de 60 millones de dólares otorgados por la Corporación Andina de Fomento) y el Banco Industrial de Venezuela (cuya legislación fue modificada para atender también la actividad turística).

7) Creación del Instituto Nacional de Desarrollo Industrial (Indi) que sustituirá a Corpoindustria fundamentalmente en tres áreas: capacitación y asistencia técnica mediante el empleo de la red de organizaciones públicas y privadas que ofrecerán su servicio de capacitación a la pymi, desarrollo armónico de los parques industriales dentro del concepto de competitividad (un estudio determinará cuáles son las industrias qué deben instalarse en esos centros) y normas industriales (para garantizar que la industria venezolana tendrá las normas necesarias para insertarse en el proceso globalizador).

Con respecto a los sectores que constituirán la punta de lanza de esta política industrial, Rosales indica que en principio no hay áreas preseleccionadas. "Todo va a depender de la existencia de estudios serios que señalen la competitividad de esos sectores y la voluntad política de los actores para concertar con el sector público las acciones correspondientes para mejorar su competitividad".

En este orden se encuentran los sectores automotor de gran potencial para la exportación, la cadena textil (ahora ampliada con el algodón), el sector oleofinas/plástico, con el importante viraje asumido por Pequiven, el sector aluminio con la posibilidad de incorporar capital privado vía alianzas estratégicas con las empresas básicas, el sector farmacéutico y dos sectores novedosos en la jerga industrial como lo son la industria del software y la artesanía con potencial de exportación, además de los sectores asociados a la agroindustria.