Descubrimos la política industrial del gobierno

Con una capacidad ociosa en el orden de 60 por ciento, el sector industrial aboga nuevamente por la muerte del Estado rentista y por su conversión en un ente que permita el florecimiento de los sectores productivos. La concertación sería la herramienta de mayor poder

Mientras empresas de diversos rubros cierran sus puertas, el sector industrial se resiste a morir. Y con razón. Actualmente, la capacidad de producción ociosa promedio de la industria nacional alcanza 60 por ciento de las instalaciones; sin embargo, se pronostica que puede volver a entrar en vigencia en el corto plazo y, con las inversiones adecuadas, generar alrededor de 40 mil a 50 mil empleos anuales. En este contexto, un proceso de concertación entre los sectores productivos y el gobierno permitiría iniciar el proceso de reactivación económica.

Según Juan Calvo, presidente de Conindustria, las negociaciones con el gobierno para lograr las condiciones que permitan la reactivación del sector continúan. Hasta el momento han puesto sobre la mesa del Ministerio de Producción, Industria y Comercio planteamientos de interés mutuo como la reactivación de las compras gubernamentales como herramienta que estimule la demanda y el consumo –base para la reactivación económica–. Una medida indirecta sería la reactivación de la construcción en infraestructura y vivienda.

Entre estos planteamientos se agrega el pago del drawback y el establecimiento de nuevos estímulos a las exportaciones, así como la eliminación del impuesto a los activos empresariales, cuya salida estaría en los planes del gobierno.

El representante de los industriales indicó que el contexto de las decisiones gubernamentales es más amplio al momento de definir su plan de reactivación económica. A su juicio, es imprescindible sincerar la tasa de cambio para compensar la devaluación de la moneda, sin que esto reporte una devaluación masiva, para ajustarse a socios comerciales como Colombia y Brasil. En este contexto, la salud de la macroeconomía resulta vital para un sector industrial con 60 por ciento de capacidad instalada actualmente fuera de producción. Una estructura que puede reactivarse en el corto plazo si crece la demanda. Calvo destacó que el descenso del número de empresas es uno de los síntomas de la situación del sector, pero que el problema de los sobrevivientes es la ausencia de demanda y no un hipotético exceso de oferta. A su juicio, lo prioritario es favorecer la generación de 40 a 50 mil puestos de trabajo anuales. A este propósito, vinculado a una meta de mediano plazo, contribuiría el programa de reactivación de parques industriales. Lo esencial sería elevar los recursos de Foncrei y el techo crediticio de mediano y largo plazo. En suma, inversiones de 15 a 20 por ciento del PIB para que la economía genere empleo y crecimiento sostenido sin una intervención abierta del Estado. Es decir, dar muerte al Estado rentista y dar paso a otro que sea productivo, exportador y generador de riquezas.

"Los inversionistas privados deben proponer soluciones que no dependan del Estado", destacó.

En suma, considera que aún hay mucho que concertar, puesto que la distancia entre las decisiones anunciadas por el Presidente y su ejecución no es poca. "Hacer que el aparato productivo se ponga en vigencia exige grandes esfuerzos. Hay que orientar las propuestas del gobierno no sólo al incremento de la demanda del mercado nacional sino a los de exportación. Hay que acudir a los mercados latinoamericanos y desarrollar economías de escala eficientes", destacó. Esto requiere de sistemas eficientes que van desde los canales de financiamiento hasta el funcionamiento adecuado de las aduanas y un tipo de cambio en su justo nivel de valuación. "Las decisiones deben ser armónicas para lograr la meta de competitividad relativa", agregó.

Falta masa crítica. Por su parte, Víctor Maldonado, director del Insotev, en un examen a las metas del gobierno en materia industrial, consideró que no hay masa crítica para desarrollar competitividad en el corto plazo. Uno de los principales problemas se encuentra en los indicadores vinculados con la educación: 50 por ciento de la población económicamente activa (PEA) no ha terminado el sexto grado; 22 por ciento de la PEA no ha terminado el bachillerato, y apenas 28 por ciento son graduados universitarios de diverso nivel. Por otra parte, percibe que el empresariado no ha desarrollado su vocación exportadora. Más de 94 por ciento de la pymi no ha organizado los consorcios necesarios para cubrir mercados foráneos.

A su juicio, se requiere una reformulación de la estructura industrial que garantice la asignación de recursos para los planes establecidos. Entre las condiciones que considera necesarias para llevar adelante el proceso se encuentran las leyes de ordenamiento territorial, de licitaciones, de concesiones, de promoción de inversiones y de salvaguardas comerciales, así como una redefinición del papel del Banco de Comercio Exterior y del Industrial de Venezuela.

"Es necesario planificar en función de las cadenas de producción –explicó Maldonado– y fortalecer las agendas de concertación de la industria. Los anunciados programas de compras del Estado a los industriales no sirven para modernizar sino para pervertir a ambos sectores".

Maldonado coincide con el presidente de Conindustria en cuanto a la necesidad de lograr espacios para la concertación entre industriales y gobierno. De ello dependerá en buena parte el crecimiento industrial local. Sin embargo, percibe limitaciones importantes: en el seno del gobierno no hay un interlocutor dispuesto a participar en el Consejo de Desarrollo Industrial, el cual tuvo un papel positivo en el gobierno pasado como institución para el encuentro gremial. Sin esta tribuna el entorno se vuelve agresivo y poco favorable para el desarrollo de políticas públicas para el sector. "Existen planes. Lo que no se ve es un capitán institucional que lo ponga en marcha", puntualizó.

MDN