Para los especialistas, el panorama económico no mejorará bajo la égida de la Constitución bolivariana. Estas dificultades se atribuyen a un hecho concreto: ninguno de los consultados percibe que el gobierno de Hugo Chávez Frías haya entrado en funciones con un proyecto económico para el país

Estamos mal, pero vamos peor", es la paráfrasis que según refieren destacados economistas del país consultados por DINERO, parece encajar mejor con el panorama económico actual. Todos, menos Miguel Rodríguez y José Luis Cordeiro, coinciden en que, de alguna forma, fue positivo que el presidente Chávez siguiera los lineamientos de la Agenda Venezuela.

Según José Luis Cordeiro, la expresión del ex ministro de Cordiplan, Teodoro Petkoff, refleja su primera impresión sobre el escenario local. Considera que el entorno político y legal se vio arrollado por la sustitución de una Constitución "moribunda" por otra "trágica" que dio paso a medidas tercermundistas de "una imaginaria Tercera Vía". A su juicio, 1999 será recordado como el peor año del siglo para Venezuela, a pesar de que los precios del petróleo se triplicaron y los ingresos extraordinarios habrían sido útiles para alimentar el Fondo de Estabilización Macroeconómica con más de 1.000 millones de bolívares en el último trimestre.

Esta posición coincide casi al calco con las observaciones de Miguel Rodríguez Fandeo, ex titular de Cordiplan durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, quien sostiene que la mejor alternativa para enfrentar el déficit sin endeudar al país se encuentra en Pdvsa. Su propuesta indica que con la emisión de acciones en el mercado bursátil sobre 20 por ciento de la estatal petrolera se pueden financiar no sólo las deficiencias presupuestarias y cubrir las inversiones necesarias para la modernización del país, sino que también alcanzarían para atender las inversiones propias de Pdvsa, enmarcadas en un clima de apertura del sector. Libre competencia con reglas claras es su consigna. La dificultad que percibe el economista apunta al terreno legal: la nueva Constitución pone fuera de la ley esta clase de decisiones. A su juicio, deja al país sin alternativa para salir del subdesarrollo y el tercermundismo.

Refrendar no es decidir. Para el ex ministro de Cordiplan, hasta el momento no se han tomado decisiones económicas, sino que se ha refrendado la política del gobierno de Rafael Caldera, situación que califica de "catástrofe". Deplora, especialmente, la reducción de la cuota de producción, que se ajusta al Acuerdo de Ryad, porque retrasó las inversiones internas, la apertura del mercado local, y mantiene al país en relación de dependencia con la renta petrolera y las fluctuaciones de precios del mercado internacional. "Considerar que esto es indicio de la recuperación económica del país es terrible, perverso", aseguró.

En este sentido, explicó que toda la política aplicada a lo largo de 1999 es errada, una copia al carbón de las políticas de la Agenda Venezuela, tanto en materia petrolera como fiscal, porque ha devenido en mayor contracción de la economía, que revela que no han comprendido la paradoja del crecimiento económico general a través de la apertura del sector petrolero, considerado el motor de la economía local.

Entre los indicadores con mayor deterioro destaca el tipo de cambio, que, consideró, registra una sobrevaluación del orden de 40 por ciento. "Esto mata al sector de bienes transables", puntal esencial de la economía, y termina por convertirse en una fórmula neoproteccionista para el sector comercial que puede decidir si importar a bajos precios en lugar de negociar con la producción local.

"Lo más cercano al puntofijismo de viejo cuño es la continuación del Seguro Social en manos del Estado". Para Rodríguez, si no se puede lograr ni siquiera la reforma fiscal, lo social seguirá desasistido.

Para el economista, la estrategia petrolera no ha sido apropiada y ha dado como resultado una desactivación del sector. "Los más sólidos ingresos en este sector son los que provienen de la inversión y el alza de la producción, en lugar de depender de la volatilidad de los precios del mercado de crudos", resaltó.

Cuarentena económica. En general, para los economistas consultados, el país entró en una especie de cuarentena económica con la Constituyente. Período que se extiende desde el triunfo del Presidente hasta el año 2001, cuando se espera concluya el proceso de adaptación del piso legal a la nueva Constitución nacional. Para el economista Alexander Guerrero, el primer error del Presidente fue volcarse sobre los cambios políticos sin mantener, paralelamente, políticas en materia económica que resultaran coherentes con la coyuntura. Introdujo un esquema de austeridad fiscal como no se veía en Venezuela en los últimos años, como respuesta al déficit fiscal. Como resultado, bajó la inflación y contuvo la depreciación de la moneda. Algo positivo que no arrojó resultados aún mejores porque no se acompañó de medidas que lo complementaran y evitaran la contracción de la actividad económica y de la oferta de empleo. A comienzos de año, la distensión de las riendas austeras se intensificó con los sucesos del litoral central. Una tragedia que requirió atenciones especiales, que afectó las cuentas fiscales y que requiere de un plan de contingencia financiera para controlar los desequilibrios.

Algo no muy similar percibe Hugo Faría, profesor del Iesa, quien consideró que pocas decisiones son rescatables del primer año de gestión económica del presidente Hugo Chávez Frías; aunque algunos indicadores hayan registrado mejorías notables, percibe que son inconsistentes. Los efectos positivos experimentados en materia inflacionaria son, a juicio de Faría, de poco alcance, dado que no son producto de políticas antinflacionarias; como resultado se registró un alza del desempleo y una desaceleración de la economía del orden de siete puntos porcentuales del PIB.

Para Faría, hubo dos tipos de fallas: por una parte, no hubo política antinflacionaria integral; adicionalmente, no hubo estímulos al crecimiento económico. Ambas debieron aplicarse en conjunto. Lo recomendable sería dar un golpe de timón: dolarizar la economía mediante una caja de conversión en conjunto con otras medidas que cubran los efectos inmediatos de una decisión de esta naturaleza. Por otra parte, urge capitalizar ideas para adelantar un proyecto concreto de reconstrucción de Venezuela.

Para Orlando Ochoa, economista vinculado al Iesa, la frase con la que suele identificarse al Presidente –"observen sus actos, no lo que dice"– también es aplicable a los inversionistas, quienes mantienen un lenguaje amable con el jefe del Estado, pero no invierten. Allí identifica un viejo problema: el proceso de desinversión no comienza a revertirse con Chávez. Desde hace 10 años la inversión neta no ha superado 2 por ciento del PIB, cuando debería ser de un mínimo de 15 por ciento. Esto significa que el país requiere alrededor de 25 mil millones de dólares anuales de inversión privada al año, por 10 a 15 años (complementada por 50 por ciento adicional en inversión pública) para generar empleo y riqueza.

Entre los aciertos que atribuye al Presidente destacan el comenzar la aplicación de su política económica con cautela: salarios en no más de 20 por ciento y mucha austeridad fiscal. Una señal positiva para los mercados internacionales. Sin embargo, comparte con Rodríguez que la baja de la producción de petróleo ocasionó una parálisis del sector petrolero interno y sus servicios conexos que ocupan 60 por ciento del PIB comprometido con los hidrocarburos. Adicionalmente, se perdió capacidad de producción instalada del orden de 300 mil barriles diarios, cuya reposición costará alrededor de 1.000 millones de dólares. Lo que se ganó por un lado, se perdió por el otro.

"A pesar de los cuidados del principio, la ausencia de políticas de ajuste desestimuló la reactivación de la economía", aseguró.

Entre los peores desaciertos, Ochoa destaca la inexistencia de una estrategia económica creíble y sostenida. Siguió el esquema de la Agenda Venezuela: sistema de bandas y política monetaria restrictiva; y, al mejor estilo puntofijista, cuadró el presupuesto con ingresos extraordinarios sin aplicar reformas fiscales de fondo. Para los mercados financieros internacionales resultó claro que la política era insostenible porque se acumularon los desbalances: continuamos en déficit fiscal estructural con una moneda sobrevaluada. Adicionalmente, el presupuesto del 2000 se financiará igual que el del año pasado: más emisión de deuda, lo que ha elevado el factor riesgo-país. "Por eso, hoy somos víctimas de una paradoja: la recuperación del precio del petróleo no imprime dinamismo a la economía, no genera más empleo ni riqueza, aunque sostenga el desbalance macroeconómico", explicó. Para el año 2000 prevé la continuación de los desequilibrios: no se espera una devaluación de la moneda, habrá presión para elevar las tasas de interés y seguirá inactivo el mercado real. "El crecimiento registrado, temporal y de baja calidad, no puede generar empleos estables ni inversión productiva de mediano y largo plazo", aseguró. Terminará, según Ochoa, por generar nuevas presiones inflacionarias que agudizarán el desequilibrio económico.

Por su parte, Angel Alayón, también economista del Iesa, consideró que aparte del alza del salario del orden de 20 por ciento –similar a la meta inflacionaria–, la mayor demostración de disciplina fiscal del presidente Chávez en 1999 fue la decisión de no devaluar. "Pero estas señales tuvieron un marco contradictorio: la reforma de la Ley del Fondo de Estabilización Macroeconómica dejó demasiada discrecionalidad al Ejecutivo".

A la lista de tareas "mal hechas" se agregan propuestas de desarrollo económico de largo plazo fundado en criterio geoestratégicos como el eje Orinoco-Apure, experiencia que ha fracasado en otras partes del mundo; su poco carácter frente a las invasiones y las soluciones de pequeñas dimensiones para grandes problemas (Banco del Pueblo para enfrentar el desempleo). En general, Alayón estimó que el Ejecutivo no comprendió cómo recuperar la economía, y aún presenta problemas conceptuales al momento de afrontar las dificultades.

Alayón no duda del potencial económico en manos del Presidente: aplaude la reforma de las leyes sectoriales de Minas, Hidrocarburos, Gas y Electricidad. A su juicio, lo urgente es ejecutar rápidamente las elecciones y comenzar a dar señales de respeto a la inversión y la propiedad privada.

Tercera vía de verdad. Para Faría, el país requiere con urgencia la implantación de una "tercera vía" que nos aleje del tercermundismo. La tarea está planteada desde 1989: el Estado a sus funciones promotoras, los empresarios a la producción. Para Faría, faltaron políticas del lado de la oferta. Entre ellas, reflotar la privatización de empresas del Estado (el gobierno tiene reacciones alérgicas en este aspecto), bajo una fórmula que democratice el capital. Faría se refiere a un mecanismo "ultrapopular": la entrega a todo venezolano por nacimiento mayor de 18 años –previo proceso de educación– de acciones de empresas de capital del Estado. Esta propuesta apunta principalmente a la venta de una parte de Pdvsa, como recurso para sanear las cuentas del Estado, tales como deuda laboral y deuda pública externa. "El valor de Pdvsa sería suficientemente alto como para financiar el proceso, que requiere de 50 mil a 60 mil millones de dólares", consideró. Adicionalmente, a Pdvsa le restaría valor suficiente para cubrir el proceso de retorno de su valor a los venezolanos, lo que la salvaría de la voracidad fiscal que la está comprometiendo y evitar su "aluminización". El riesgo del gobierno al no aplicar este tipo de medidas es ponerse una soga al cuello si no toma medidas inmediatas para atender los asuntos económicos. "Urge deslastrarse de esa cultura redistribucionista basada en la envidia", aseguró.

"El principal objetivo sería crear estabilidad para expander la inversión privada que representa de 25 a 30 por ciento del PIB; si se llega a esta meta, tendremos una tasa de crecimiento de 7 a 8 por ciento anual; si logramos sostenerla por 20 años, se podrán resolver los problemas del país", sentenció.

Para Faría, es urgente lograr el equilibrio fiscal y aplicar políticas monetarias compatibles con las metas fiscales. Adicionalmente, percibe que en la tarea debe concluirse el proceso de reforma tributaria hasta llegar a un esquema más simple. Faría eliminaría el Impuesto a los Activos Empresariales, reduciría el ISLR a 15 por ciento para todos los ciudadanos y eliminaría las exenciones para ampliar la base de cálculo y hacerlo más fácil de cumplir, llevaría el IVA a 7 por ciento, sin exenciones; eliminaría los impuestos sucesorales y elevaría la capacidad tributaria de los estados. Esto bajaría el costo de hacer negocios y atraería nuevas inversiones.

Para Guerrero, el principal problema que deja sin salida a nuestra economía es que los encargados de administrarla permanecen aferrados a un cliché, un resabio, una rémora cultural conocida como economía rentista: el país sigue dependiendo de la renta petrolera aunque haya reducido esa relación. Consideró que los dirigentes se rigen por ese bagaje que condiciona las decisiones relacionadas con los cambios, que parecen destinados a ratificar el status quo. Guerrero cita como ejemplo la nueva Constitución, que, a su juicio, es más útil para los cambios de la Venezuela de 1973 que para el país actual: en aquel momento el presupuesto nacional tenía tres veces su presupuesto en Tesorería. Hoy, es deficitario; una realidad que parece no tomar en cuenta el tren ejecutivo.

Para el 2000, Guerrero no espera mejor entorno: los cambios políticos no han terminado, han entrado en su fase más compleja y, a su juicio, no bastan las declaraciones de respeto a los inversionistas en general para que se generen cambios en materia económica. "Seguimos a la expectativa frente a la calidad de las nuevas reglas de juego para las inversiones; mientras tanto, seguiremos en recesión, con peligros que ya se visualizaron en 1999", explicó Guerrero. Entre éstos, Guerrero destacó la salida de capitales del orden de 5.000 millones de dólares, de los cuales 3.000 millones conformaban capital de corto plazo y 2.000 millones escapados en errores y omisiones en transacciones del BCV. Su esperanza es que este tipo de capitales esté a la expectativa de una nueva expansión de la economía para concretar un eventual regreso.

"Si las leyes no son amigables con la economía de mercado (esto es: respeto a las inversiones y la propiedad privada), los capitales no regresarán", aseguró Guerrero. Sin embargo, no espera un relanzamiento de la economía antes del segundo semestre del 2000. "Primero hay que adelantar las elecciones", aseguró.

Lo posible y lo imposible. Para Guerrero, aún no es posible determinar si el cambio político vale la pena. A su juicio, el costo del cambio político consiste en que no se puede apostar a que es positivo por sí mismo. Todo tiene que demostrarse. Para otros murió de parto.

Según Rodríguez, las posibilidades de diversificar el uso de los recursos del país, incluyendo la emisión de acciones de Pdvsa, que considera soluciones viables para la economía, se verían frustradas en el nuevo ambiente constitucional. Guerrero estima que ahora hay expectativas de que los cambios políticos permitirán contar con un escenario económico positivo. Hoy hay una mezcla de señales que van desde un reforzamiento de la participación del Estado en la economía, pero, aún así, no pierde la esperanza de que las nuevas leyes sean más amigables y permitan un piso estable para una economía más libre, flexible y participativa.

Cordeiro, por su parte, retruca al Presidente con sus mismas armas. Primero, cita a Bolívar: "El que manda debe oír, aunque sean las más duras verdades y, después de oídas, debe aprovecharse de ellas para corregir los males que producen los errores". Luego, le devuelve la cita bíblica (del Apocalipsis) al Presidente: "El que tenga ojos, que vea; el que tenga oídos, que oiga". El país, espera.