AGOSTO - SEPTIEMBRE
1999
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Telecomunicaciones: lo que trerá el milenio
El proceso iniciado en 1991 con la privatización de Cantv y el otorgamiento de la concesión de telefonía celular en la banda A de 800 MHz, comienza a cerrarse en 1999.
Para el año 2000 las expectativas del mercado de servicios de telecomunicaciones apuntan hacia un crecimiento de la inversión, destinada a incrementar la oferta disponible en función de los índices esperados de la demanda.
Este mismo año se autorizó la operación de la primera empresa orientada a la telefonía rural y se estima que para el último trimestre se abra el proceso de licitación para la entrada al mercado de otra firma de telefonía básica. Agregar valor y calidad al servicio será clave para el éxito de los inversionistas
Con un acumulado de al menos 16 mil millones de dólares en inversiones en los últimos cinco años, las expectativas en torno al negocio de las telecomunicaciones en Venezuela han cobrado un auge ajustado a las ventajas ofrecidas por la legendaria ubicación geográfica del país. Como potencial puente hacia el sur de América y sostén estructural hacia el Caribe, el crecimiento del sector en los últimos ocho años se debe, principalmente, a la privatización de la principal compañía de servicios básicos de telefonía y al otorgamiento de la primera concesión privada de telefonía celular en la banda A de 800 megaherzios, así como el anuncio de la apertura del servicio básico para el año 2000.
Estas decisiones gubernamentales ofrecieron una señal positiva que movió a empresarios extranjeros a enfilar sus baterías: entre 1996 y 1997 la inversión creció cien por ciento, ocupando 5,9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Para 1999 las empresas esperan facturar 3.000 millones de dólares, lo que representa más de 3 por ciento del PIB y 5 por ciento de los ingresos fiscales totales del país, con inversiones del orden de 700 a 1.500 millones de dólares. Para el año 2000 la cifra ascendería a 2.000 millones de dólares. La mayor parte de éstas se colocarán en telefonía básica, móvil y servicios de valor agregado. Para los próximos diez años se calcula un mercado potencial con facturación adicional de 4.500 millones de dólares. La inversión total en el período superará 8.000 millones de dólares.
Inversiones in crescendo.Antes de la privatización de Cantv la inversión anual era de 40 millones de dólares. Luego del pase a manos privadas de 40 por ciento de las acciones se ha invertido más de 5.500 millones de dólares y se ha logrado la presencia de más de 60 operadoras cuyos índices de penetración por servicio se encuentran en 13 por ciento para telefonía básica, 5 por ciento para telefonía celular y 0,25 por ciento para diversos tipos de usuarios de internet, entre otros. Desde entonces, el sector telecomunicaciones se ha convertido en el segundo sector productivo del país, sólo superado por el sector petrolero. Los aportes al Fisco nacional promediaron en los últimos ocho años alrededor de 4.500 millones de dólares.
Se estima que para el próximo año habrá 4,8 millones de usuarios de telefonía básica, la cifra de usuarios celulares sobrepasará los dos millones, el servicio de valor agregado contará con más de 1,2 millones de usuarios y las redes de datos se extenderán sobre 240 mil. Los nichos que tendrán prioridad para Conatel durante 1999 son los servicios de comunicaciones personales, que se estima podrá contar con más de 1,5 millones de usuarios activos; radio y televisión digital, uso de satélites en servicios móviles, un tercer operador celular y nuevos servicios básicos que entrarán a operar al finalizar el período autorizado del monopolio de Cantv.
Este crecimiento ha surgido a pesar de la obsolescencia de su marco regulatorio. Según Luis Soto, presidente del Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (Conapri), la población se ha adaptado a los cambios que han ocurrido a nivel mundial en materia de telemática, al punto de que hoy el público venezolano conforma un mercado ávido de innovaciones tecnológicas y de nuevas inversiones, situación que exige celeridad en el establecimiento de un marco regulatorio moderno y abierto. En este contexto, la principal virtud de la vieja Ley de Telecomunicaciones ha sido permitir su modificación mediante decretos (12, desde 1980 a la fecha) para lograr la entrada de inversiones en campos como radiomensajes personales, redes privadas de telecomunicaciones, televisión por suscripción, servicios celulares, equipos terminales públicos y la misma operación básica de telecomunicaciones en manos privadas.
Según Haydee Cisneros de Salas, presidenta de Casetel, la superación de estos escollos legales harán posible que el sector se convierta en uno de los pilares de la recuperación económica nacional.
Ley "legal y legítima". Hace dos años la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) inició el desarrollo de un nuevo proyecto de Ley de Telecomunicaciones, el cual ha avanzado hasta recibir una primera aprobación en la Cámara de Diputados. Con su aprobación definitiva se espera una nueva oleada de inversionistas. Sin embargo, se estima que tres situaciones políticas convergen sobre la posibilidad de asumir el proceso de creación de un nuevo instrumento legal que garantice a los usuarios una oferta mayor, oportuna y accesible de opciones de servicio. En primer término, la citada aprobación en el Congreso nacional. En segundo lugar, el inminente fin del monopolio de Cantv y, por último, el proceso constituyente.
Sobre esta última, Miriam Herz, abogada asesora de Casetel y participante en la redacción del proyecto de ley, indicó que se ha considerado pertinente que la nueva Constitución consagre el derecho a la comunicación, a la información y a la libertad de expresión, de igual forma que el derecho a la propiedad y la libertad de comercio y la prohibición expresa de mecanismos que distorsionan el mercado para garantizar un terreno firme para nuevos instrumentos legales. Según Herz, con la ley del cuarenta no es posible entrar a un proceso de apertura. En este sentido indicó que la vigencia de la ley indica dos escenarios: uno de aprobación urgente para la apertura del mercado y otro de extrema urgencia, en caso de que el Estado decida adelantar la entrada de la libre competencia.
A su juicio, la ley debe definir el rol del Estado como ordenador y regulador del sector, sin arbitrariedades; y consagrar procedimientos transparentes que garanticen oportunidades a todos los interesados en participar en igualdad de condiciones, que garantice la seguridad jurídica. Asimismo, debe consagrar el concepto de servicio universal propio de la telecomunicaciones, con mecanismos que permitan suplir en forma temporal las imperfecciones, fundamentalmente en materia de acceso a redes comunicacionales.
Por otra parte, consideró pertinente el establecimiento legal de la existencia de entes reguladores autónomos para el manejo no politizado del sector, lo que garantizaría mayores atractivos a la inversión; listas públicas de requisitos para el otorgamiento de licencias de operación; definición de metas y objetivos del plan nacional de telecomunicaciones; y regulación y monitoreo del espectro radioeléctrico.
Mención aparte le mereció la sinceración del terreno impositivo para el sector. A su juicio, la ley debe aclarar el escenario de acuerdo con el tipo de servicio, dado que actualmente resulta poco equitativo. En este sentido, indicó que el Impuesto sobre la Renta (ISLR) resulta elevado si se mantiene en 30 por ciento; entre otras inequidades señaló que, por ejemplo, el servicio celular debe cancelar al Fisco nacional 10 por ciento de sus ingresos brutos independientemente de su estado de ganancias y pérdidas, mientras que Cantv, como operadora del servicio básico, cancela 5,5 por ciento de sus ingresos brutos y otros servicios apenas cancelan entre 0,5 por ciento y uno por ciento. "Esta situación señaló requiere sincerar el escenario tributario para el sector. Un exceso de cargas impositivas reducen el atractivo para la inversión. El problema no es lo que se ha hecho y se ha cancelado, sino lo que se ha dejado de hacer por una discrecionalidad arbitraria".
Otro elemento que considera pertinente incluir en la ley es una serie de sanciones a los delitos cometidos con herramientas propias de las telecomunicaciones. En este sentido, indicó Herz que el castigo es necesario para la salud del sector. Recalcó que actualmente la impunidad domina no sólo en la intervención de los sistemas, sino también en la clonación, que se ha convertido en un delito tan sofisticado como el negocio de las telecomunicaciones.
Finalmente, consideró pertinente el establecimiento de un régimen de transición entre la concurrencia limitada al libre mercado, de tal forma que se establezca el respeto a los derechos adquiridos por los inversionistas previos a la entrada en vigencia de la nueva ley.
En una época en la que el grado de desarrollo y acceso de las telecomunicaciones define la diferencia entre los países en vías de desarrollo y los ya desarrollados, el paso resulta necesario. "Una señal de respeto en un mundo cambiante es el mejor mensaje que se puede transmitir al exterior", puntualizó.
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| Los que están
Actualmente funcionan bajo concesión 152 servicios de telecomunicaciones; 56 de valor agregado, 31 de redes privadas, ocho de redes conmutadas de datos, 11 de TV por cable, 23 de trunking, tres de telefonía rural, cuatro servicios de localización de vehículos, cuatro de telecomunicaciones directas por satélite, uno de servicios de radiocomunicaciones terrestres y ocho de sistemas privados de radiocomunicaciones móviles terrestres. Según Conapri, el incremento de las inversiones es producto, entre otros factores, de la legendaria posición geográfica de Venezuela, que facilita el acceso a nuevos avances tecnológicos, programas de entrenamiento y soporte técnico. La envergadura de la tecnología instalada abre la posibilidad de que Venezuela pueda convertirse en un centro de telecomunicaciones para el Caribe y América del Sur. Por otra parte, Conatel ha diseñado un plan estratégico para el período 1997-2007, entre cuyos objetivos destaca la conclusión de procesos de privatización y consolidación de la apertura, la actualización de la normativa vigente, la participación de nuevas operadoras de telefonía básica, sistemas de comunicación personales, servicios de radio y televisión digital de alta definición, así como la incorporación de nuevas operadoras de celulares y servicios de telecomunicaciones inalámbricas. |
| Leyes que rigen al sector:
Ley de Telecomunicaciones, 1940. Doce Decretos promulgados para solventar los vacíos legales de la normativa, establecidos entre 1980 y 1996. Permanecen limitaciones a la inversión extranjera (80 por ciento del capital social debe ser nacional). Sin embargo, ya el artículo 107 de la Constitución fue superado por la norma supranacional vigente en la Comunidad Andina. Lo mismo ocurre en relación con las normas sobre marcas y patentes, ahora reglamentado por el Decreto 2095. Conatel trabaja actualmente en el desarrollo de seis reglamentos vinculados con el sistema de concentración de enlaces, sistemas de telecomunicaciones rurales, servicios de valor agregado, servicios de telecomunicaciones directas por satélites, servicios de redes conmutadas de datos y sistemas de telepunto. |
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